La crisis migratoria en su máxima expresión. Defensores de los inmigrantes en Estados Unidos rechazaron el proyecto de ley de control fronterizo que se pone a votación esta semana en el Senado estadounidense al considerarlo «un retroceso» a las políticas fallidas del Gobierno de Trump que además deja por fuera a los indocumentados que llevan años en el país.
La iniciativa migratoria bipartidista hace parte de un paquete de ayuda militar de más de 118.000 millones de dólares, que incluye fondos para Ucrania, Israel y Taiwán, que se estuvo negociando desde octubre pasado y cuenta con el respaldo de la Casa Blanca.
La mayoría de críticas se concentran en advertir que el proyecto reviviría las políticas migratorias de Donald Trump (2017-2021) ya que hace más difícil solicitar asilo y autoriza al Gobierno expulsar a los extranjeros cuando el número de aquellos que cruzan la frontera supere los umbrales establecidos.
La Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU), que encabezó la mayoría de batallas legales contra la Administración Trump, dijo que este acuerdo «obligaría al gobierno a expulsar a personas de la frontera sin el debido proceso, restringiendo las vías legales para las personas que más las necesitan».
«La deportación sin el debido proceso fue el experimento desastroso de la Administración Trump que nunca debería repetirse, y mucho menos usarse como modelo para una política fronteriza permanente», señaló en un comunicado Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.
El plan hace más difícil la solicitud de asilo y agiliza los procesos en las cortes de inmigración, que mantiene un atasco de más de 3 millones de casos. También pone fin a la práctica conocida como «detención y liberación», bajo la cual los solicitantes de asilo son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.
Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC), advirtió en un comunicado de que este proyecto de ley no vale el increíble precio que exigiría: más familias separadas, más niños detenidos y más personas enviadas de regreso para enfrentar persecución, tortura e incluso la muerte.
Desmantelar el asilo
El presidente Joe Biden ha defendido la propuesta y ha urgido a aprobarla. «Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada», dijo el mandatario en un comunicado, tras la publicación del proyecto.
Pero las críticas han venido desde el mismo partido del presidente. El senador demócrata por California, Alex Padilla, advirtió de que el acuerdo incluye una nueva versión de una «fallida política de inmigración de la era Trump que causará más caos en la frontera.»
Padilla señaló que la propuesta está en conflicto con los tratados y obligaciones internacionales para brindar a las personas la oportunidad de solicitar asilo.
Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, en inglés) considera que el proyecto es el «último intento de desmantelar el sistema de asilo» y tampoco propone nada para abordar las causas fundamentales de la migración.
Los críticos también alertan que se ha dejado en el olvido a los más de 11 millones de indocumentados que Biden prometió respaldar. «Este acuerdo tampoco cumple con años de promesas de implementar reformas que proporcionen vías hacia la ciudadanía para los ‘soñadores’ y otros residentes de larga duración», coincidió Romero.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) señala que las pocas disposiciones positivas «no ofrecen ningún respiro».
El proyecto debe ser aprobado por 60 votos en el Senado, pero tiene muy pocas posibilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes. Este lunes el liderazgo republicano de ese recinto rechazó el proyecto por no ser lo suficientemente duro y advirtió de que es una «pérdida de tiempo» ya que el acuerdo «morirá al llegar a la Cámara».
Para Benjamín Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) aunque el esfuerzo no es una solución integral, representa un enfoque serio que reconoce la necesidad de una reforma más amplia.
«La situación actual es insostenible con los muchos retos en la frontera sur», añadió Johnson. «Es necesario lograr algún tipo de consenso y esta propuesta debería ser un comienzo y no un fin».
Expulsión de inmigrantes
El Senado estadounidense divulgó un férreo proyecto de ley bipartidista de control fronterizo, considerado ya por algunos políticos y grupos proinmigrantes como un regreso a la fallida política migratoria del expresidente Donald Trump (2017-2021).
La iniciativa, dada a conocer la noche del domingo, aseguraría recursos para Ucrania e Israel, que es un tema no relacionado con inmigración, y permitiría además al presidente de la nación, Joe Biden, cerrar efectivamente la frontera cuando los cruces sean elevados.
La propuesta asigna 20.300 millones de dólares para atender la crisis migratoria e incluye la autorización para que el gobierno expulse a los extranjeros cuando el número de aquellos que cruzan la frontera supere los umbrales diarios establecidos. El plan fue elaborado por los senadores James Lankford, Chris Murphy y Kyrsen Sinema, republicano, demócrata e independiente, respectivamente.
La asignación de recursos para lidiar con la crisis migratoria es parte de un programa de 118.280 millones de dólares que incluye 60.060 millones de dólares en asistencia a Ucrania, y 14.100 millones de dólares en ayuda a Israel.
En la propuesta el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará autorizado a suspender los ingresos de migrantes en la frontera cuando la cifra diaria de detenciones supere el promedio de 4.000 en una semana. Pero si la cifra supera el promedio diario de 5.000 ingresos durante una semana o el umbral de 8.500 en un día el DHS deberá aplicar la expulsión de inmigrantes.
Este permiso para que el gobierno federal expulse a los inmigrantes estará limitado a 270 días durante el primer año de vigencia del plan, 225 días en el segundo año, y 180 días en el tercero. Una vez que el promedio de ingresos ilegales disminuya en un 75 %, el DHS tendrá un plazo de dos semanas para suspender el uso de esa autorización de emergencia.
El plan asigna 650 millones de dólares para la construcción o el mejoramiento de barreras físicas en la frontera, incrementa sustancialmente la capacidad para alojar migrantes detenidos y asigna $ 4.000 millones para la contratación de más personal dedicado al procesamiento de los pedidos de asilo.
Asimismo hace más estrictos los criterios para la aprobación del asilo para inmigrantes que alegan que huyen de persecución y amenazas por razones de raza, religión afiliación política o porque sean miembros de un grupo discriminado.
En el marco de la propuesta los migrantes deberán demostrar durante la entrevista inicial que tienen una posibilidad razonable de que se les conceda el asilo. Los críticos del plan sostienen que esto podría hacer más difícil que los solicitantes pasen el examen.
Los inmigrantes que tengan antecedentes criminales, que se hayan radicado en otro país o que tengan la posibilidad de sentirse seguros si se hubiesen asentado en otra parte de su país de origen, no podrán solicitar asilo en Estados Unidos.
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