La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado una batería de leyes destinadas a blindar a la comunidad inmigrante y frenar el «abuso de poder flagrante» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.
La normativa limitará las intervenciones de estos agentes en los denominados «lugares sensibles», como escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios, salvo que cuenten con una orden judicial de arresto.
«No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades», afirmó Hochul en un acto con líderes religiosos, activistas de la organización Make the Road NY y familias de inmigrantes afectados por detenciones y deportaciones.
La nueva legislación neoyorquina establece, además, la prohibición total del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de la ley en el estado.
Hochul denunció que los efectivos de ICE recurren al rostro cubierto sin justificación técnica, a diferencia de otras agencias federales como la Oficina Federal de Investigación (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA), con el único objetivo de «intimidar y amenazar a la población».
El paquete legal también pone fin a los convenios 287(g), que permitían delegar funciones migratorias a las policías locales. «Quiero a nuestros policías enfocados en los delitos locales, no haciendo el trabajo civil de ICE», enfatizó la gobernadora.
La firma de esta ley se produce en un contexto de creciente tensión entre el estado de Nueva York y las directrices de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyas políticas migratorias fueron descritas por la gobernadora como «crueles».
Protección a los neoyorquinos
De esta manera, el plan integral de inmigración firmado por la gobernadora demócrata Hochul protege a los neoyorquinos de la intervención de ICE, teniendo estos puntos claves:
– Reorienta a las fuerzas del orden locales hacia los delitos locales
– Prohíbe el uso de mascarillas a los agentes del orden
– Exige responsabilidades a las fuerzas del orden federales por violaciones constitucionales
– Garantiza la seguridad en las interacciones con los empleados públicos
– Protege el derecho de todos los estudiantes a la educación pública gratuita, y
– Mantiene a las autoridades de inmigración alejadas de lugares sensibles
Desde la gobernación neoyorquina recalcan que estas nuevas leyes permitirán que las fuerzas del orden locales se enfoquen en mantener la seguridad de nuestras comunidades en lugar de hacer el trabajo del ICE, protegerán los derechos constitucionales de los residentes locales frente a la extralimitación federal y exigirán responsabilidades a los agentes federales.
«Desde el primer día, he sido clara: los abusos flagrantes de poder por parte de ICE no se tolerarán en Nueva York. Por eso hemos promulgado un conjunto integral de políticas para exigirle responsabilidades a ICE, proteger los derechos constitucionales y la seguridad de todos los neoyorquinos, y garantizar que no haya refugio para delincuentes en nuestro estado», declaró la gobernadora Hochul.
«Estados como Nueva York pueden y deben ser un referente y un líder nacional contra los abusos de ICE, y me enorgullece promulgar estas sólidas y sensatas medidas de protección para los neoyorquinos».
Las medidas incluidas en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 se basan en las propuestas presentadas previamente por la gobernadora para proteger a los neoyorquinos ante una escalada sin precedentes en la aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración.
– Policía local, delitos locales
Prohíbe a los gobiernos locales, la policía estatal y local, y los servicios penitenciarios estatales y locales celebrar acuerdos 287(g) o acuerdos similares con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales estatales y locales para fines de control civil de la inmigración.
Los gobiernos locales también tendrían prohibido pagar o contribuir de cualquier otra forma a los costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de un centro de detención de inmigrantes. Asimismo, tendrían prohibido modificar la zonificación para permitir la construcción o el uso de edificios como centros de detención de inmigrantes sin la participación pública.
– Prohíbe el uso de mascarillas a las fuerzas del orden
Prohíbe a los agentes estatales, locales y federales usar cubrebocas al interactuar con el público. Esto excluye el equipo táctico necesario, las gafas de sol y las mascarillas médicas de la definición de cubrebocas.
La violación intencional de esta ley constituiría una infracción, y las violaciones intencionales posteriores serían un delito menor.
– Responsabiliza a las fuerzas del orden federales por violaciones constitucionales
Actualmente, los neoyorquinos pueden demandar a funcionarios estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales bajo la ley federal de derechos civiles, pero las acciones contra funcionarios federales son mucho más limitadas bajo la ley federal.
Esta ley establecería una ley estatal que permitiría a los neoyorquinos presentar demandas contra funcionarios federales, estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales.
– Salvaguardas en las interacciones con empleados públicos
Prohíbe el uso de agencias civiles estatales y locales, así como de recursos de escuelas públicas, incluyendo el tiempo de sus empleados, para actividades de control migratorio civil. Esto incluye la prohibición de interrogar o investigar a personas únicamente con fines migratorios civiles, a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley.
También prohíbe a los funcionarios divulgar información personal a las autoridades de inmigración, concederles acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas o utilizar a agentes de inmigración como intérpretes.
Asimismo, prohíbe la liberación o el traslado de un estudiante a custodia migratoria, incluso si uno de sus padres ha sido detenido, a menos que lo ordene específicamente una orden judicial.
– Impide el acceso de las autoridades de inmigración a lugares sensibles
Prohíbe a todos los empleados civiles estatales, locales y escolares (incluidas las instituciones de educación superior y primaria/secundaria) permitir el acceso a cualquier área no pública de una instalación estatal o administrada por el estado a las autoridades de inmigración sin una orden judicial.
Esto significa que ninguna instalación estatal o municipal, incluidas viviendas, parques, guarderías, preescolares, hospitales, escuelas, residencias estudiantiles, centros de salud, centros comunitarios, bibliotecas y albergues, puede otorgar ni facilitar el acceso a ninguna área no pública de sus instalaciones a las autoridades de inmigración sin una orden judicial.
También protege contra la intimidación e interferencia de los votantes en los centros de votación al negar el acceso de las autoridades de inmigración a dichos lugares sin una orden judicial, y faculta a las instalaciones privadas o administradas por el sector privado, incluidos hospitales, guarderías, escuelas, viviendas y lugares de culto, para hacer lo mismo.
– Protege el derecho de todo estudiante a la educación pública gratuita
Garantiza que los estudiantes inmigrantes puedan acceder a la educación, codificando el derecho a una educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio.
Prohíbe diversas prácticas —particularmente aquellas relacionadas con la recopilación y divulgación de datos sobre el estatus migratorio— que podrían inhibir el ejercicio de dicho derecho por parte de los estudiantes indocumentados.
