Legisladores republicanos de Long Island y líderes empresariales locales se reunieron para oponerse a los precios de congestión de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), en una conferencia de prensa realizada en la estación de tren Long Island Rail Road (LIRR) ubicada en Mineola.
«¡Los habitantes de Long Island quieren que se ponga fin a los robos en las carreteras por parte de la MTA!», expresaron en protesta encabezada por el senador del Estado de Nueva York, Steve Rhoads (5to. Distrito Senatorial).
Según el plan de la MTA, la mayoría de los automóviles pagarían 15 dólares por día para entrar a Manhattan por debajo de la calle 60 de 9 a.m. a 5 p.m. entre semana y de 9 a.m. a 9 p.m. en los fines de semana. Los camiones podrían pagar hasta $36 dependiendo del tamaño.
Los republicanos afirman que el plan de cobrar a los conductores que viajan a Manhattan perjudicará a los viajeros y a las pequeñas empresas. Además instaron a la gobernadora demócrata Kathy Hochul a que abandonara su apoyo a las tarifas de congestión, calificándolas de «robo en las carreteras».
En tanto los partidarios de la tarifa por congestión, como Hochul, han aplaudido la iniciativa, citando beneficios ambientales, mayores ingresos y menos tráfico, señalando que alentará a más personas a utilizar el transporte público, financiar proyectos de infraestructura y reducir los embotellamientos y la contaminación del aire.
No obstante los republicanos criticaron el plan, entre ellos se manifestaron este lunes los senadores estatales Mario R. Mattera (2do. Distrito), Dean Murray (3er. Distrito), Jack Martins (7mo. Distrito), Alexis Weik (8vo. Distrito), Patricia Canzoneri-Fitzpatrick (9no. Distrito), también los asambleístas estatales Ed Flood (4to. Distrito), Mike Durso (9no. Distrito), John Mikulin (17vo. Distrito), Ed Ra (19vo. Distrito), Brian Curran (21vo. Distrito), Anthony D’Esposito (3er. Distrito).
«Este nuevo impuesto oculto implementado por la MTA está costando a los viajeros de Long Island, repartidores, taxistas, autobuses turísticos y conductores de viajes compartidos hasta $36 por día para ingresar a cualquier lugar al sur de 60th Street, Manhattan, incluido el distrito financiero», se quejó el senador Rhoads.
Los senadores y asambleístas de Nueva York alientan a los residentes a expresar sus opiniones y a hacer oír sus voces durante el período de comentarios públicos de 60 días que se llevará a cabo a través de la Autoridad de Puentes y Túneles de Triborough.
«El precio de congestión es nada menos que una licencia para que la MTA robe a los residentes y empresas de Long Island. En un momento en que los habitantes de Long Island y todos los neoyorquinos luchan contra una delincuencia sin precedentes, una inflación récord, una mala economía y un gobierno unipartidista en Albany que continúa cobrando impuestos y gastando a los residentes fuera de nuestro estado, los precios de congestión son otro ataque más a la los suburbios para pagar por la lamentable mala gestión y la falta de rendición de cuentas de la MTA», continuó el senador Rhoads.
«Si los Precios de Congestión realmente tuvieran como objetivo reducir la contaminación y la congestión del tráfico, la MTA podría haber recortado las tarifas del LIRR, el autobús y el metro para alentar el uso del transporte público. En lugar de eso, los aumentaron nuevamente, además de dificultar las cosas para las personas que necesitan conducir hasta Manhattan para ir al trabajo, la escuela, citas médicas o entretenimiento. Esta es una apropiación de dinero de la MTA que acabará con empleos y expulsará aún más neoyorquinos de nuestro estado», remarcó.
En la conferencia de prensa en Mineola, también participaron Frank Camarano, Presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Nassau, y Cathy Powell, presidenta de la Cámara de Comercio de Wantagh, entre otros, para pedir a la gobernadora que pusiera fin a su apoyo al intento más reciente de la MTA de profundizar aún más en los bolsillos de los viajeros y propietarios de pequeñas empresas locales.
Bajo este panorama ahora avanza a un período de comentarios públicos de 60 días, luego a audiencias públicas y otra votación de la Junta antes de que el plan entre en vigor.
