Nueva York demandó el viernes a la administración Trump luego de que retirara 73 millones de dólares en fondos federales para carreteras, tras la negativa del estado a revocar licencias de conducir comerciales a personas no ciudadanas.
La fiscal general Letitia James presentó la demanda ante la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito, en el más reciente episodio de la disputa entre el estado y el gobierno federal por la política que permite a residentes no ciudadanos obtener licencias de conducir comerciales.
Nueva York autoriza a personas que no son ciudadanas, pero que se encuentran legalmente en el país y cuentan con autorización federal de trabajo, a obtener licencias de conducir comerciales (CDL). En febrero, siguiendo directrices de la administración de Donald Trump, el estado limitó la emisión de estas licencias a no ciudadanos con visas H-2A, H-2B o E-2. Sin embargo, se negó a revocar las licencias ya otorgadas a quienes solo cuentan con autorización de trabajo federal y no con esas visas.
La administración Trump ha criticado la política de Nueva York por permitir que no ciudadanos sin esas tres visas obtengan CDLs, calificándolos como conductores peligrosos sin presentar evidencia amplia que respalde esa afirmación. La gobernadora Kathy Hochul rechazó esas acusaciones y sostuvo que el estado cumple plenamente con las normas federales que regulan estas licencias.
La demanda de James sostiene que la negativa del gobierno federal a desembolsar los fondos es arbitraria y caprichosa, constituye un abuso de discreción, no se ajusta a la ley, excede la autoridad gubernamental y carece de evidencia sustancial.
“Entre otras fallas, la determinación final [del gobierno federal] se basa en una interpretación errónea de sus propias regulaciones de larga data que rigen la emisión de CDLs a personas no domiciliadas, así como de los estándares para establecer un incumplimiento sustancial”, señala la demanda.
En respuesta, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, afirmó que la retención de los fondos busca responsabilizar al estado “por no proteger a [los estadounidenses] de conductores extranjeros no verificados y no calificados”, y que la administración Trump “se niega a financiar las peligrosas políticas antiestadounidenses de la gobernadora Hochul”.
“Mi mensaje para el liderazgo de extrema izquierda de Nueva York es claro: las familias deben ser la prioridad en las carreteras estadounidenses”, declaró Duffy.
Hochul respondió que la retirada de los fondos federales no responde a criterios de seguridad, ya que el estado cumple con las normas federales vigentes al emitir CDLs, y calificó la medida como puramente política.
“Nueva York siempre ha seguido las reglas federales al emitir CDLs, algo que incluso la anterior administración Trump verificó año tras año”, dijo Hochul. “Quitar fondos destinados a mejoras críticas de seguridad en nuestras carreteras es imprudente e ilegal”.
Según la demanda, los 73 millones de dólares retirados se habrían destinado a “garantizar la seguridad, el mantenimiento y la fiabilidad de todo el sistema de transporte de Nueva York”. Incluso retrasos en la entrega de esos fondos, advierte el documento, “ponen en peligro la seguridad de automovilistas y peatones”.
La demanda añade que, de mantenerse la situación actual, Nueva York podría perder hasta 147 millones de dólares anuales en fondos federales para carreteras en los próximos años.
James afirmó que el gobierno federal pone en riesgo la seguridad y la infraestructura del estado al retirar los fondos.
“Los neoyorquinos dependen de carreteras y puentes seguros y confiables para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela y mantener en marcha nuestra economía. La administración no puede prometer fondos a nuestro estado y luego retirarlos abruptamente”, dijo James. “Al cancelar este financiamiento, el gobierno federal pone en riesgo empleos y comunidades”.
