El estado de Nueva York presentó el lunes una demanda en un tribunal federal del norte del estado para defender nuevas leyes aprobadas con el objetivo de proteger a los neoyorquinos de la aplicación de las leyes federales de inmigración. La acción legal buscaba adelantarse a los intentos previstos de la administración Trump de impugnar estas medidas por considerarlas inconstitucionales.
Sin embargo, el plan no resultó del todo exitoso. El Departamento de Justicia de la administración Trump presentó una demanda contra las mismas leyes apenas unos minutos antes, en otro tribunal federal del norte del estado. Tal como anticipaban las autoridades estatales, el gobierno federal argumenta que las nuevas disposiciones violan cláusulas de la Constitución de Estados Unidos que impiden a los estados regular las acciones del gobierno federal.
La legislación más destacada en disputa es la Local Cops, Local Crimes Act, que entrará en vigor esta semana en Nueva York. La ley prohíbe que policías locales, incluido el NYPD, colaboren con agentes de ICE en operativos de control migratorio y también impide que detengan a personas únicamente por infracciones civiles de inmigración, un tema que ha generado controversia en el estado durante el último año.
Las demandas también abordan otras leyes recientemente aprobadas que:
- Prohíben el uso de subsidios públicos para centros de detención migratoria civil.
- Impiden que el gobierno federal contrate instalaciones locales para tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.
- Prohíben que agentes policiales locales, estatales y federales oculten su identidad mediante máscaras durante interacciones con el público.
- Exigen que todos los agentes muestren identificación visible mientras estén en servicio.
Nueva York defiende su derecho a limitar la cooperación con ICE
Según la demanda presentada por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, las leyes son plenamente constitucionales porque el estado tiene autoridad para decidir cómo utilizar sus recursos policiales y qué medidas considera necesarias para proteger la seguridad pública.
“El estado de Nueva York tiene todo el derecho, como estado soberano, de exigir que los agentes que actúan dentro de su jurisdicción sean identificables y de decidir no utilizar recursos policiales limitados para apoyar la aplicación de las leyes federales de inmigración”, sostiene la demanda.
El estado argumenta además que la Décima Enmienda protege su capacidad para legislar en asuntos relacionados con la seguridad pública y el bienestar de sus residentes.
El gobierno federal sostiene que las leyes interfieren con la autoridad de ICE
El Departamento de Justicia rechaza esa interpretación. En su demanda, sostiene que las nuevas leyes regulan de manera inconstitucional las actividades del gobierno federal al restringir las acciones de los agentes de ICE y dificultar acuerdos con departamentos de policía y centros de detención locales.
“El gobierno federal, y no el estado de Nueva York, tiene autoridad para dirigir las acciones de sus propios agentes”, afirma la demanda federal.
La administración Trump también acusa a Nueva York de obstaculizar los objetivos federales en materia migratoria y de crear conflictos con la legislación nacional.
Por su parte, las autoridades estatales responden que el gobierno federal sigue siendo libre de ejecutar sus políticas migratorias, pero que Nueva York no está obligada a colaborar ni a destinar recursos estatales o municipales para ese fin. También sostienen que las nuevas normas no impedirán el trabajo de los agentes federales, sino que exigirán que actúen de manera identificable y responsable ante el público.
Futuro incierto para ambas demandas
El Departamento de Justicia busca que las leyes sean anuladas, mientras que el estado solicita una declaración judicial que confirme su validez.
Todavía no está claro cómo avanzarán los dos casos, presentados en tribunales diferentes. Las autoridades indicaron que desconocen si ambos procedimientos se consolidarán en una sola causa o si continuarán de manera paralela. Tampoco está definido qué ocurriría si los tribunales llegan a conclusiones distintas.
En las últimas semanas, la administración Trump había aumentado la presión sobre Nueva York por la inminente entrada en vigor de estas leyes. Tom Homan, designado como “zar de la frontera” dentro del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que enviaría un refuerzo de agentes de ICE al estado si se aprobaba la Local Cops, Local Crimes Act.
Funcionarios estatales, organizaciones defensoras de inmigrantes y grupos legales han respaldado las nuevas leyes, argumentando que son necesarias para proteger a las comunidades inmigrantes y garantizar la rendición de cuentas de los agentes federales.
“Al ocultar sus rostros y negarse a portar identificación, los agentes federales de inmigración ponen en riesgo a los neoyorquinos y evaden deliberadamente la responsabilidad por sus actos”, declaró James. “Nuestras comunidades no deberían vivir con el temor de ser detenidas por agentes enmascarados e imposibles de identificar. Si el gobierno federal desafía nuestras leyes, lucharemos en los tribunales para garantizar la transparencia y mantener seguros a todos los neoyorquinos”.
