La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, anunciaron el martes la aprobación de las reglas finales que obligarán a las empresas de redes sociales a implementar nuevas medidas para proteger a niños y adolescentes de los algoritmos diseñados para generar un uso adictivo, en cumplimiento con la Ley SAFE for Kids Act (Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act).
Las nuevas normas entrarán en vigor el 25 de enero de 2027 y exigirán que las plataformas verifiquen la edad de los usuarios que indiquen tener más de 17 años. Para ello, podrán utilizar métodos como la validación de una identificación oficial emitida por el gobierno, la verificación mediante imágenes o videos, o la confirmación cruzada de correos electrónicos y números telefónicos.
La fiscal general James aseguró que los esfuerzos de Nueva York para proteger a los menores en internet están por delante de las propuestas federales sobre el uso responsable de las redes sociales.
«La Ley SAFE for Kids está liderando al país en la protección de nuestros niños en internet y en la prevención de los efectos devastadores de las redes sociales sin controles», afirmó James. «Estas reglas establecen estándares de verificación de edad y controles parentales para garantizar que las empresas tecnológicas cumplan con su responsabilidad de mantener seguros a los menores en sus plataformas».
Según funcionarios estatales, las reglas finales permitirán excepciones con el consentimiento de los padres para que usuarios menores de edad puedan acceder a ciertas funciones restringidas.
Durante años, plataformas como Facebook, Instagram, X (antes Twitter), YouTube, Snapchat y TikTok han sido objeto de críticas por los posibles efectos negativos que pueden tener en los usuarios y en la sociedad en general. En 2018, el entonces director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, compareció por primera vez ante el Congreso para responder preguntas sobre la desinformación y la seguridad de los datos en Facebook.
Desde entonces, la conversación pública ha cambiado, especialmente en torno al impacto de las redes sociales en niños y adolescentes. Casos de depredadores en línea que contactan a menores a través de estas plataformas han ido acompañados de estudios y estadísticas que advierten que los algoritmos no solo pueden fomentar patrones de uso adictivos, sino también afectar la salud mental de los jóvenes.
Al seguir las recomendaciones automáticas de contenido de las plataformas, los menores pueden terminar atrapados en un ciclo que los expone a videos violentos, material extremista o publicaciones de influencers que promueven trastornos alimenticios y conductas de autolesión.
Iniciativas como el Lost Screen Memorial, que documenta muertes relacionadas con el impacto de las redes sociales y el acoso en línea, han intensificado el debate sobre estos riesgos.
Los líderes estatales sostienen que las nuevas medidas crearán límites más estrictos para proteger a los niños y adolescentes de Nueva York de contenido perjudicial, adictivo y potencialmente peligroso.
«Cuando asumí el cargo, nuestros niños estaban en medio de una crisis de salud mental, y como la primera gobernadora madre de Nueva York sentí la obligación moral de actuar», dijo Hochul en un comunicado. «Hoy estamos enviando un mensaje claro: la salud mental de nuestros niños no está a la venta».
Sin embargo, defensores de la privacidad y la libertad de expresión han cuestionado la Ley SAFE for Kids, argumentando que las restricciones podrían limitar el acceso a contenido protegido y no resolver de manera significativa los problemas que busca abordar. La New York Civil Liberties Union (NYCLU) expresó sus objeciones tras revisar la legislación.
«En resumen, la Ley SAFE no impide que los menores busquen contenido dañino por su cuenta, descarguen y consuman todo lo que encuentren, lo compartan con sus amigos o se comuniquen directamente entre ellos; simplemente impide que las plataformas les recomienden más contenido», señaló la NYCLU en un memorando legislativo.
Mientras Nueva York avanza con la implementación de una de las medidas más estrictas del país para limitar los contenidos adictivos dirigidos a usuarios jóvenes, continúa el debate sobre cómo equilibrar la protección de los menores, la privacidad y la libertad de expresión.
El impacto real de estas regulaciones —y si lograrán mejorar la experiencia digital de los niños y adolescentes— dependerá de su aplicación y de los desafíos legales que puedan enfrentar.
