Se agrava la crisis en inmigración. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió ante el Congreso su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas por su gobierno en la frontera con México.
En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Mayorkas reconoció que los movimientos de migración en el continente americano han llegado ahora al nivel más alto «desde la Segunda Guerra Mundial».
Para «hacer frente a este desafío», explicó el político de origen cubano, su Gobierno ha aumentado el personal de la Patrulla Fronteriza, invertido en nueva tecnología, trabajado con los países aliados en Latinoamérica y desarrollado «nuevos procesos» para «reducir la migración irregular» en la frontera sur de EE.UU.
Entre ellos, Mayorkas destacó la creación de un programa de permisos humanitarios para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y la imposición de mayores «consecuencias para quienes crucen la frontera su autorización». «Hemos visto una reducción del 95% de arrestos de individuos de estos países» en la frontera, subrayó Mayorkas.
Con esto último, el secretario de Seguridad Nacional hizo referencia a la polémica expansión del Título 42, una medida sanitaria impuesta por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) que permite las expulsiones en caliente de migrantes en la frontera.
La Administración de Joe Biden ha decido no solo mantener esta medida sino que también la ha expandido para poder devolver a México a los migrantes cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses.
Asilo en la frontera
A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el pasado mes de febrero que está preparando una norma para restringir aún más el acceso al asilo en la frontera, la cual impediría que quienes hayan cruzado por un tercer país y no hayan solicitado protección allí la obtengan después en Estados Unidos.
En tanto, el lunes la agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR) pidió al Gobierno estadounidense dar marcha atrás a la implementación de esta medida, la cual tachó de una violación al derecho internacional.
La intención del Ejecutivo de Biden de imponer mayores restricciones en la frontera ha levantado críticas en el Congreso, en especial por parte de legisladores demócratas.
De entrar en vigor la norma ahora cuestionada, sería una de las medidas migratorias más restrictivas en todo el mandato de Biden, quien prometió durante su campaña revocar las políticas restrictivas de la Administración de Trump.
La intención de la Casa Blanca con esta regulación es «llenar el vacío legal» que surgirá tras el posible fin el próximo mayo del Título 42, una regulación sanitaria que permite las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.
El Título 42 es parte de la ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias.
El Gobierno del entonces presidente republicano Trump recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia de la Covid-19, y Biden ha decidido extenderla y ampliarla en varias ocasiones cuando estaba a punto de expirar.
Sin embargo, con la pandemia ya finalizada, el Ejecutivo demócrata ha señalado que levantará el Título 42 el próximo 11 de mayo, cuando se dé fin a la emergencia de salud pública declarada por el coronavirus.
Detención de familias
En medio de esta situación, cabe señalar que varios senadores demócratas en Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que «abandone cualquier plan de aplicar» la detención de familias migrantes, una práctica eliminada en diciembre de 2021.
En una carta enviada al mandatario, una veintena de legisladores, incluido el «número 2» de los demócratas en el Senado, Dick Durbin, expresaron preocupación por las informaciones en algunos medios de que la Administración está considerando restablecer la práctica «ineficaz e inhumana» de detener a familias migrantes con niños.
«Le instamos a que aprenda de los errores de sus predecesores y abandone cualquier plan para aplicar esta política fracasada», demandaron, aludiendo a los «efectos desastrosos» que tuvo durante los gobiernos de Barack Obama (2009-2017) y Donald Trump (2017-2021).
En la carta, los senadores citan que la detención familiar «no parece haber disuadido a las familias» de intentar ingresar a Estados Unidos, por lo que es una herramienta «ineficaz y poco práctica» para gestionar la inmigración.
Según el texto, la Academia Estadounidense de Pediatría considera que las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional «no cumplen con las normas básicas para el cuidado de los niños en entornos residenciales» y dos de los propios consultores médicos del DHS defienden que los centros de detención familiar suponen «un alto riesgo de daño a los niños y sus familias.»
Asimismo, los senadores incidieron en que el DHS gastó más de 866 millones de dólares en un período de tres años para detener a aproximadamente 3.000 familias por año.
Por otro lado, ofrecieron alternativas como el Programa de gestión de casos familiares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), que ha demostrado ser «mucho más humano y rentable».
También mencionaron que el Congreso asignó recientemente 20 millones de dólares al DHS para poner en marcha alternativas a la detención que garanticen que las familias, los niños y otras personas solicitantes de asilo cumplen la ley, sin perjudicar a los menores ni a las familias.
Actualmente, las familias migrantes que cruzan la frontera entre EE.UU. y México de manera irregular no son detenidas, sino que se les permite seguir en libertad y se les pide comparecer ante una corte migratoria que decida sobre su caso.
En ocasiones, a los adultos se les colocan unos brazaletes electrónicos que permiten a las autoridades estadounidenses saber dónde están.
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