La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y otros 19 fiscales generales presentaron una demanda para bloquear las nuevas condiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos que vinculan ilegalmente la financiación para la gestión de emergencias y la ayuda en caso de desastre con las medidas estatales de control migratorio.
Desde enero, la Secretaria de DHS, Kristi Noem, y otros funcionarios del gobierno de Trump han participado en una iniciativa concertada y coordinada para presionar a los estados a que colaboren con la agenda de deportaciones masivas del gobierno, indica la fiscal mediante comunicado.
Ahora, la Secretaria Noem ha dado un ultimátum a los estados: cooperen con el gobierno en la aplicación de la ley migratoria civil o perderán fondos esenciales para la preparación para emergencias y la respuesta ante desastres.
Ante esto, la Fiscal General James y la coalición argumentan que el intento del DHS de utilizar fondos federales como palanca para obligar a los estados a tomar medidas migratorias viola la Constitución y pone en riesgo a las comunidades.
Los fiscales generales buscan una orden judicial que declare ilegales estas condiciones y proteja el acceso de los estados a fondos vitales para la gestión de emergencias.
Junto a la Fiscal General de Nueva York en la presentación de esta demanda están los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Vermont.
Subvenciones en peligro
«El DHS está tomando como rehenes a los estados al obligarlos a elegir entre la preparación para desastres y la facilitación de la agenda de inmigración ilegal y caótica del gobierno», declaró la Fiscal General James.
«Estos fondos son vitales para mantener a los neoyorquinos seguros durante huracanes, inundaciones y otras catástrofes. El gobierno federal no puede utilizar la ayuda en casos de desastre como arma para obligar a los estados a abandonar la seguridad pública y la confianza de la comunidad. Mi oficina luchará para garantizar que todos los neoyorquinos estén protegidos, tanto de desastres trágicos como de políticas migratorias crueles e innecesarias», expresó.
Recalcan en el comunicado, que los últimos meses, el DHS ha impuesto nuevos y radicales requisitos a sus programas de subvenciones, exigiendo que los estados desvíen recursos policiales para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración civil o se arriesguen a perder miles de millones de dólares en fondos para la preparación para emergencias, la ayuda en casos de desastre y la ciberseguridad.
También se ha ordenado a los estados que suspendan de inmediato cualquier programa que beneficie a los inmigrantes indocumentados o incentive la inmigración ilegal.
La Fiscal General James y la coalición afirman que el DHS no tiene fundamento legal para retener fondos de emergencia cruciales y no puede obligar legalmente a los estados a elegir entre la preparación para desastres y las políticas de seguridad pública de larga data que fomentan la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes.
Los fiscales generales argumentan que el financiamiento en riesgo fue autorizado por el Congreso para mitigar, prepararse, responder y recuperarse de desastres, no para aplicar las políticas federales de inmigración.
Estas subvenciones financian operaciones esenciales de emergencia, incluyendo salarios de personal de primera respuesta, programas de capacitación y mejoras en edificios para proteger lugares de culto y escuelas de ataques maliciosos. Asimismo, apoyan misiones de búsqueda y rescate, ayuda alimentaria y esfuerzos de recuperación después de grandes desastres.
Los fiscales generales destacan que muchos de los programas de subvenciones en riesgo se crearon en respuesta a emergencias nacionales como los atentados del 11 de septiembre y el huracán Katrina, entre ellos:
– Programa Estatal de Seguridad Nacional (SHSP), establecido después del 11-S para apoyar las iniciativas estatales de lucha contra el terrorismo y preparación para emergencias, incluyendo la creación de escuadrones antibombas, equipos SWAT y unidades de materiales peligrosos;
– Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas (ISRU), establecida también después del 11-S para financiar las iniciativas municipales de lucha contra el terrorismo y respuesta a emergencias;
– Programa de Subvenciones para el Desempeño en la Gestión de Emergencias (EMG), establecido después del 11-S y permanente tras el huracán Katrina para fortalecer la gestión de emergencias a nivel estatal y local;
– Programa Estatal y Local de Subvenciones para la Ciberseguridad (SBI), creado después de la COVID-19 para proteger contra ciberataques; y
– Programa de Subvenciones para la Seguridad de Organizaciones sin Fines de Lucro (NSGP), creado en 2004 para proteger a las organizaciones sin fines de lucro y religiosas de ataques extremistas.
44 millones en fondos
Nueva York recibió $44 millones en fondos del NSGP el año pasado, gran parte de los cuales se asignaron a instituciones religiosas y escuelas privadas con alto riesgo de violencia extremista. Estos fondos, que en particular ayudan a proteger sinagogas y escuelas judías diurnas que enfrentan violencia antisemita, apoyan medidas como sistemas de seguridad, detectores de metales y mejoras en edificios resistentes a impactos.
La Fiscal General James y la coalición argumentan que recortar los fondos del NSGP pondría en peligro a las comunidades vulnerables durante un período de mayor amenaza extremista, especialmente porque las organizaciones sin fines de lucro generalmente carecen de otras fuentes de financiamiento para dichas mejoras.
Los fondos y programas de respuesta a desastres, de los que dependen los estados para reconstruir comunidades después de grandes desastres naturales o con víctimas masivas, también están en riesgo, incluyendo:
– Programa de Asistencia Pública, que apoya las labores de emergencia inmediatamente después de los desastres, desde la remoción de escombros hasta la construcción de refugios temporales;
– Sistema Nacional de Respuesta a Búsqueda y Rescate Urbano, que financia operaciones de búsqueda y rescate las 24 horas;
– Gestión de Casos de Desastre, que proporciona planificación de recuperación para los sobrevivientes de desastres;
– Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos, que ayuda a la reconstrucción reduciendo riesgos futuros; y
– Subvenciones para la Asistencia para la Mitigación de Inundaciones, que reducen el riesgo de daños por inundaciones en las comunidades costeras.
También están en riesgo las Subvenciones para la Asistencia en el Manejo de Incendios, la Reducción Nacional de Riesgos Sísmicos, el Programa Nacional de Seguridad de Presas, las Subvenciones de Asistencia Comunitaria del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, las Subvenciones para la Seguridad Portuaria, las Subvenciones para la Seguridad de la Navegación Recreativa Estatal y las subvenciones para participar en el programa de Mapeo de Inundaciones de FEMA.
Nueva York, en particular, podría perder cientos de millones de dólares en fondos de preparación para emergencias bajo las nuevas condiciones del DHS, incluyendo recursos para escuadrones de bombas certificados, el Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York, equipos SWAT y unidades de materiales peligrosos.
Además, Nueva York depende de las subvenciones del DHS por más de $30 mil millones en fondos de Asistencia Pública de FEMA, que han sido cruciales para responder a desastres como la supertormenta Sandy, la pandemia de COVID-19 y los tornados e inundaciones de 2024 en el norte del estado de Nueva York.
Abuso del poder ejecutivo
La Fiscal General James y la coalición argumentan que el DHS está presentando a los estados una disyuntiva imposible. O renuncian a los millones de dólares en fondos federales que el Congreso ha asignado, y de los cuales dependen sus esfuerzos de preparación y respuesta ante emergencias, o socavan sus esfuerzos policiales al desviar sus recursos para hacer cumplir la ley federal de inmigración.
Más grave aún, aceptar estas condiciones ilegales destruiría la confianza que muchos estados han trabajado arduamente para construir entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, amenazando la seguridad pública de todos los residentes que dependen de la capacidad de estas para resolver delitos y llevar a los culpables ante la justicia.
Los fiscales generales sostienen que el DHS está utilizando ilegalmente fondos federales para obligar a los estados a adherirse a las políticas de aplicación de la ley migratoria civil del gobierno, excediendo el alcance de los programas de subvenciones y violando los límites constitucionales del poder ejecutivo.
Los fiscales generales solicitan al tribunal que declare ilegales estas condiciones e impida que el DHS y el gobierno federal utilicen fondos de emergencia vitales como palanca para hacer cumplir las políticas migratorias.
