La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabeza coalición de otros 20 fiscales generales del país que demandan a la Administración Trump para detener el desmantelamiento del Departamento de Educación (ED). El 11 de marzo, el gobierno del republicano Trump anunció que el ED despediría a aproximadamente el 50% de su personal como parte de su objetivo de un «cierre total» de este Departamento.
La Fiscal General James y la coalición presentaron este 13 de marzo una demanda para detener la destrucción selectiva de esta importante agencia federal que garantiza que decenas de millones de estudiantes reciban una educación de calidad y recursos esenciales.
«Esta Administración puede afirmar que está frenando el despilfarro y el fraude, pero es evidente que su única misión es privar a los estudiantes y sus familias de los servicios, recursos y fondos necesarios», declaró la Fiscal General James.
«Despedir a la mitad del personal del Departamento de Educación perjudicará a los estudiantes de Nueva York y del país, especialmente a los estudiantes de bajos recursos y a aquellos con discapacidades que dependen de fondos federales. Este atroz intento de dejar atrás a los estudiantes y privarlos de una educación de calidad es imprudente e ilegal. Hoy tomo medidas para detener esta locura y proteger nuestras escuelas y a los estudiantes que dependen de ellas», sostiene James.
Junto a la Fiscal General James en la presentación de la demanda se encuentran los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin, Vermont y el Distrito de Columbia.
My office and a group of AGs are suing to stop Trump’s illegal attempt to dismantle the U.S. Department of Education.
We’re not going to sit by while this administration attempts to leave tens of millions of students behind and strip away their access to a quality education.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) March 13, 2025
Los programas del Departamento de Educación (ED) atienden a casi 18,200 distritos escolares y a más de 50 millones de estudiantes de primaria y secundaria que asisten a aproximadamente 98,000 escuelas públicas y 32,000 escuelas privadas en todo el país.
Sus programas de educación superior brindan servicios y apoyo a más de 12 millones de estudiantes de educación superior anualmente.
Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de familias de bajos recursos son algunos de los principales beneficiarios de los servicios y fondos del ED.
Los fondos federales del ED para educación especial incluyen apoyo para tecnología de asistencia para estudiantes con discapacidades, salarios y beneficios para maestros, transporte para ayudar a los niños a recibir los servicios y la programación que necesitan, servicios de fisioterapia y logopedia, y trabajadores sociales para ayudar a gestionar las experiencias educativas de los estudiantes.
El Departamento de Educación (DE) también apoya a estudiantes en comunidades rurales ofreciendo programas diseñados para ayudar a los distritos escolares rurales que a menudo carecen del personal y los recursos necesarios para competir por subvenciones competitivas.
Como afirman la Fiscal General James y la coalición en la demanda, desmantelar el DE tendrá efectos devastadores en estados como Nueva York. Las escuelas primarias y secundarias de Nueva York recibieron $6.17 mil millones, o $2,438 por estudiante, del DE en el año fiscal federal 2024.
La financiación federal para colegios y universidades públicas promedió $1,256 por estudiante en Nueva York en el año fiscal federal 2024.
El despido de la administración es tan masivo que el DE quedará incapacitado y no podrá realizar funciones esenciales.
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Como afirma la demanda, las acciones de la administración privarán a los estudiantes con necesidades especiales de recursos y apoyo cruciales. Destruirán la Oficina de Derechos Civiles del DE, que protege a los estudiantes de la discriminación y la agresión sexual.
Además, obstaculizarían la tramitación de ayuda financiera, lo que aumentaría los costos para los estudiantes universitarios, quienes tendrán más dificultades para acceder a préstamos, Becas Pell y programas de estudio y trabajo. Esto sería particularmente perjudicial para Nueva York, donde más estudiantes reciben Becas Pell que casi cualquier otro estado.
Con esta demanda, la Fiscal General James y la coalición buscan una orden judicial para detener las políticas del gobierno para desmantelar el Departamento de Educación (ED) mediante la reducción drástica de su personal y programas.
La Fiscal General James y la coalición argumentan que las acciones del gobierno para desmantelar el ED son ilegales e inconstitucionales. El Departamento es una agencia ejecutiva autorizada por el Congreso, con numerosas leyes que crean sus diversos programas y fuentes de financiación. La demanda de la coalición afirma que el poder ejecutivo no tiene la autoridad legal para incapacitarlo o desmantelarlo unilateralmente sin una ley del Congreso.
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