Un grupo de activistas en defensa de los derechos civiles ha presentado una demanda contra las autoridades de Estados Unidos para tratar de invalidar las nuevas reglas migratorias impuestas por el gobierno del presidente Biden tras el fin del Título 42.
En su demanda, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) criticó al gobierno estadounidense por «eliminar el acceso al asilo en la frontera sur para la mayoría de la gente sometida a procesos de expulsión acelerada».
Tras el fin del Título 42, una normativa sanitaria que permitía la expulsión en caliente de migrantes por la pandemia, a mediados de mayo, las autoridades establecieron nuevas reglas para los solicitantes de asilo y castigos más severos para los migrantes que ingresan de forma irregular.
La regulación califica como «no aptos» para solicitar asilo a los migrantes que cruzan de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE.UU.
Por contra, la principal vía legal para solicitar asilo en el país a disposición de las personas que llegan a la frontera es a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los inmigrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.
Además, EE.UU. incrementó el número de vuelos de deportación a países de la región y también ha llegado a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30.000 inmigrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba deportados al mes.
El resultado ha sido que las detenciones de inmigrantes en la frontera se han reducido considerablemente desde que decayó la normativa sanitaria y entraron en vigor las nuevas restricciones.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), las detenciones de inmigrantes entre puntos de entrada en la frontera sur cayeron un 25 % en mayo respecto al mismo mes del año pasado, y más de la mitad se produjeron antes de que dejara de aplicarse el Título 42, el 12 de mayo.
Esta semana se conoció además que menos de la mitad de los inmigrantes adultos que fueron detenidos al cruzar de manera irregular la frontera en el último mes consiguieron solicitar asilo, según datos entregados por el Gobierno a un tribunal federal en California.
En contraste, antes de la pandemia (entre 2014 y 2019), un 83 % de los adultos detenidos en cruces irregulares conseguían solicitar esta protección. En su demanda, la ACLU pide que se eliminen todas estas medidas y que a los inmigrantes que hayan sido expulsados se les permita regresar a EE.UU. mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.
Estafa a inmigrantes
En medio de este panorama caldeado, la Corte Suprema de Estados Unidos ha confirmado una norma de la ley federal que permite enjuiciar a las personas que fomentan la inmigración ilegal en el caso de una persona que fue condenada por ofrecer adopciones fraudulentas a inmigrantes.
Con una decisión de 7 votos a favor y 2 en contra, la máxima corte confirmó la condena contra Helaman Hansen, que pretendía que le rebajaran su sentencia argumentando que la norma, que convierte en un delito grave alentar un extranjero a venir o residir en los EE.UU. a sabiendas de que es contra la ley, viola la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
Hansen fue condenado a 20 años de prisión por engañar entre 2012 y 2016 a cientos de inmigrantes haciéndoles creer que podía garantizarles un camino hacia la ciudadanía a través de la adopción de adultos y alentarlos a quedarse en el país.
El hombre apeló parte de su sentencia (10 años) y el Noveno Circuito de Apelaciones en California falló a su favor al determinar que la norma era «bastante amplia».
En la decisión, la jueza conservadora Amy Coney Barrett escribió que la norma en cuestión «prohíbe sólo la solicitud o facilitación intencional de ciertos actos ilegales, sin incluir el discurso protegido (de la Primera Enmienda)».
Al respecto, Esha Bhandari, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), dijo en un comunicado que la decisión de la Corte Suprema ha limitado “drásticamente” la norma y “ahora esperamos que el gobierno respete los derechos de libertad de expresión y solo haga cumplir la ley de manera limitada en el futuro”.
Hansen recolectó cerca de 1,8 millones de dólares al estafar a más de 470 extranjeros que le pagaron entre 550 y 10.000 dólares cada uno, según la acusación del Departamento de Justicia (DOJ). El hombre actualmente se encuentra en una cárcel federal.
