El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto presidencial para judicializar a las ciudades del país que no colaboran con los agentes de inmigración, según reporta la agencia EFE.
La orden ejecutiva instruye a los Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional a elaborar una lista de las localidades -conocidas como «ciudades santuario»- que «obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración».
Una vez el gobierno republicano de Trump identifique estas jurisdicciones, el presidente instruyó a estos dos departamentos a tomar las acciones legales «necesarias» en su contra, entre ellas, congelar los fondos federales que las ciudades «santuario» reciban.
En el decreto, firmado en la tarde del lunes en la Oficina Oval, el presidente acusa a las jurisdicciones que no colaboran con las autoridades migratorias federales de estar incurriendo en una «insurrección ilegal».
Las medidas de los gobiernos «santuario» han sido defendidas por los gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.
Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.
Junto con el decreto en contra de las ciudades «santuario», Trump firmó otra orden ejecutiva para recrudecer su política antiinmigrante.
La segunda va enfocada a las fuerzas del orden público, y pide al Gobierno a dar apoyo legal a los agentes acusados de abusos o mala conducta, relajar las restricciones que existan a sus acciones, al igual que dotarlos de equipos y armamento militar.
El Gobierno Trump ha estado firmando cada vez más acuerdos entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para dar a los agentes de policía a lo largo del país la capacidad de arrestar a migrantes. En total, se han firmado más de 456 acuerdos de este tipo, según datos de ICE.
«Amenaza la seguridad de neoyorquinos»
Tras la firma de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ordena a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, identificar ciudades y estados con «jurisdicciones santuario», estos lugares (ciudades y estados) identificados en la lista podrían enfrentar recortes en la financiación federal y posibles demandas penales y civiles por leyes promulgadas democráticamente que promueven la seguridad pública, señala mediante comunicado la Coalición de Inmigración de Nueva York.
«La última orden ejecutiva del presidente Trump, dirigida a las ciudades santuario, está diseñada para castigar a los gobiernos locales por mantener sus propias políticas de seguridad pública y negarse a conspirar con su agenda de deportación masiva», expresa Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la New York Immigration Coalition (NYIC).
«Ya hemos visto represalias en Rochester, ciudad demandada por la Administración Trump, y en la ciudad de Nueva York, donde el gobierno federal revocó ilegalmente decenas de millones de dólares en fondos de FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias)».
«Cuando los inmigrantes neoyorquinos temen denunciar delitos, enviar a sus hijos a la escuela o buscar servicios esenciales por temor a la deportación, todos en nuestras comunidades están en peligro. Esta orden ejecutiva no es más que una táctica de intimidación diseñada para socavar la capacidad de los gobiernos locales de implementar las políticas que consideran que mejor protegen a sus comunidades, al tiempo que presiona a las localidades para que se hagan cómplices de los ataques de Trump contra los inmigrantes».
«Nueva York debe rechazar esta amenaza a su derecho constitucional de aprobar leyes locales que beneficien mejor a nuestras comunidades. Nueva York debe seguir defendiendo su capacidad de proteger a su fuerza laboral mediante la aprobación de la Ley Nueva York para Todos (New York for All Act ), con el fin de garantizar que ningún neoyorquino tenga que vivir con miedo al buscar ayuda u oportunidades», remarcó el presidente y CEO de la NYIC, organización coordinadora de políticas y defensa que representa a más de 200 grupos de derechos de inmigrantes y refugiados en todo Nueva York.
(Con reporte de EFE)
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