Lo que parecía inevitable se hizo realidad este martes, cuando la jueza federal Laura Taylor Swain anunció que Rikers Island será puesta bajo tutela federal, quitando a la ciudad el control del problemático complejo carcelario.
Swain dictaminó que nombrará a un “administrador de remediación” para abordar los problemas que llevaron a declarar a la ciudad en desacato el pasado noviembre por incumplir órdenes judiciales destinadas a reformar Rikers, donde persisten “violaciones continuas a los derechos constitucionales” de las personas bajo custodia.
“El tribunal espera que el Administrador de Remediación y el Comisionado del Departamento de Corrección trabajen de manera tan colaborativa como sea posible”, escribió Swain.
Su decisión llegó después de que la ciudad y el gobierno federal presentaran propuestas para intervención. Swain subrayó que los niveles de violencia, uso de fuerza, autolesiones y muertes son peores que en 2015, cuando se emitió el fallo de consentimiento del caso Nunez vs. Ciudad de Nueva York.
En lo que va de 2025, cinco personas han muerto bajo custodia en Rikers.
El alcalde Eric Adams, en respuesta, afirmó que los problemas del penal llevan décadas gestándose, y no comenzaron con su administración. Aun así, dijo: “Es un juez federal. Vamos a seguir las reglas”.
Adams también criticó una ley del Concejo Municipal que prohíbe el confinamiento solitario, alegando que impide esposar a reclusos peligrosos durante traslados. Además, dijo que el plan de cierre de Rikers acordado en 2019 ha limitado mejoras necesarias. Según la ley local, el complejo debe cerrarse en 2027 y ser reemplazado por cárceles comunitarias, aunque no está claro si se cumplirá esa fecha.
La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, dijo que el nuevo liderazgo en Rikers debería facilitar el cumplimiento del plan de cierre. “Esperamos que, con este nuevo liderazgo, podamos lograr esa meta de colaboración”, afirmó.
Qué hará el administrador de remediación
En 2022, la ciudad y el monitor federal Steve Martin firmaron un plan para mejorar condiciones en Rikers. Aunque se reconoció el esfuerzo de la comisionada Lynette Maginley-Liddle, Swain concluyó que no fue suficiente para evitar la intervención.
El administrador de remediación será independiente y responderá solo ante el tribunal. Tendrá autoridad para lograr el “Cumplimiento Sustancial” con las disposiciones de desacato emitidas en noviembre pasado.
Swain pidió a las partes del caso que le presenten antes del 29 de agosto una lista con cuatro candidatos recomendados. Luego, nombrará a una persona que tendrá tres años para poner a Rikers en regla.
Entre sus responsabilidades estarán:
• Implementar cambios en políticas y procedimientos del Departamento de Corrección.
• Investigar violaciones y tomar medidas disciplinarias o correctivas.
• Contratar, ascender y asignar personal para mejorar la supervisión.
• Negociar o renegociar contratos de servicios, equipos y suministros esenciales.
Un punto de inflexión
Organizaciones de derechos civiles elogiaron la decisión como un paso clave hacia la rendición de cuentas.
“Durante años, el Departamento de Corrección de la ciudad de Nueva York no ha cumplido con órdenes federales para implementar reformas, permitiendo que la violencia, el desorden y la disfunción sistémica persistan”, afirmaron Mary Lynne Werlwas (Legal Aid Society) y Debra Greenberger (firma Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP) en un comunicado conjunto. “Este nombramiento marca un punto de inflexión crucial y un reconocimiento de que el liderazgo de la ciudad ha fallado en proteger los derechos y la seguridad de las personas encarceladas.”
