Los legisladores de Nassau solicitaron formalmente al ejecutivo de este condado de Long Island, Bruce Blakeman, que suspenda de inmediato la participación de Nassau en el acuerdo 287(g) del Servicio Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alegando crecientes preocupaciones fiscales, legales y de seguridad pública.
El programa 287(g) del ICE es un acuerdo federal que permite a las agencias de policía locales y estatales colaborar con las autoridades de inmigración, delegando funciones de agentes federales para identificar y procesar a extranjeros indocumentados o con antecedentes criminales dentro de sus cárceles. El condado de Nassau, vecino a la ciudad de Nueva York mantiene el acuerdo 287(g) con ICE.
En una carta enviada al ejecutivo Blakeman, los legisladores instaron a una revisión exhaustiva de los costos del programa, las implicaciones constitucionales y el impacto en la confianza de la comunidad antes de que el condado continúe cooperando en virtud del acuerdo, firmado el año pasado sin la aprobación legislativa.
La solicitud de suspensión se produce tras el reciente fallecimiento del inmigrante hondureño Santos Banegas Reyes en la cárcel del condado de Nassau.
Los legisladores afirmaron que las circunstancias que rodearon su muerte, incluyendo versiones contradictorias sobre la posible abstinencia del alcohol y su tratamiento, subrayan la posible exposición del condado de Nassau a costosos litigios y responsabilidades.
“Cualquier pérdida de vida en nuestra cárcel es trágica”, afirma la carta. “Además, es potencialmente costosa para los contribuyentes de Nassau”.
Los legisladores también citaron informes recientes que indican que el Departamento de Libertad Condicional del condado de Nassau (Probation Department) está remitiendo a ICE a personas con estatus migratorio cuestionable antes de que completen el castigo y la rehabilitación ordenados por el tribunal.
Según los fiscales y los abogados defensores, esta práctica puede socavar el proceso de justicia penal al desalentar el cumplimiento de las comparecencias judiciales y los requisitos de libertad condicional.
Más allá de las preocupaciones legales y procesales, los legisladores de Nassau enfatizaron la carga financiera de los acuerdos 287(g) en todo el país.
Si bien el gobierno federal proporciona capacitación, los gobiernos locales asumen el costo del personal, las horas extra, la supervisión y los gastos relacionados.
Inicialmente descrito como un programa que involucraba a 10 detectives de la policía de Nassau, el programa ahora parece incluir personal adicional de policía y de libertad condicional, lo que podría aumentar los costos para los contribuyentes de este condado de Long Island.
“La historia demuestra que estos acuerdos transfieren la responsabilidad financiera a los gobiernos locales y los exponen a responsabilidades”, escribieron los legisladores.
Advirtieron además que involucrar a las fuerzas del orden locales en la aplicación de la ley federal de inmigración civil podría disuadir a las comunidades inmigrantes de denunciar delitos o cooperar con las investigaciones policiales, lo que en última instancia socavaría la seguridad pública.
La ley del estado de Nueva York prohíbe a las fuerzas del orden locales detener a personas únicamente por infracciones de inmigración civil. Decisiones judiciales recientes en todo el país han impuesto una responsabilidad sustancial a los municipios por el debido proceso y violaciones constitucionales derivadas de prácticas de aplicación de la ley similares.
Dados los riesgos legales, las incertidumbres fiscales y el impacto en la comunidad, los legisladores argumentan que la prudencia exige una pausa.
“Antes de que los contribuyentes de Nassau se expongan a mayores responsabilidades y gastos, y antes de que la confianza de la comunidad se vea aún más afectada, es fundamental que evaluemos a fondo las implicaciones fiscales, policiales y sociales de este acuerdo”, concluye la carta.
Los legisladores solicitan al Ejecutivo del Condado que suspenda temporalmente la participación en el programa 287(g) en espera de una revisión pública completa.
Ante esto, en respuesta, el ejecutivo Blakeman dijo: «Gracias a la cooperación del condado de Nassau con el ICE, 2,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales han sido expulsados de nuestro condado, lo que lo hace más seguro», según reporta Lilifepolitics.com .
«Los demócratas de Nueva York deben explicar a las víctimas de intentos de asesinato, violación, robo y secuestro de vehículos por qué las fuerzas del orden locales no pueden coordinarse con el ICE para expulsar a estos peligrosos delincuentes de nuestros vecindarios».
