La Legal Aid Society presentó la semana pasada, una demanda contra una nueva regla de la administración Trump que impide que ciertas personas que solicitan la residencia permanente a través de un familiar puedan acceder a una amplia gama de beneficios públicos. La demanda se suma a otras dos presentadas esta semana por el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York, creando una serie de tres demandas separadas contra el cambio de política.
Las tres entidades acudieron a los tribunales esta semana para pedir que se anule la nueva política de la administración Trump, que entró en vigor el 18 de septiembre. Bajo la nueva regla, una persona que solicita una green card a través de un familiar puede ser considerada “carga pública” y, por lo tanto, enfrentar un impedimento para obtener la residencia permanente si ella o sus hijos menores reciben determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos, incluidos SNAP, asistencia para vivienda, seguro médico, créditos tributarios como el Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit, y las becas Pell para estudiantes universitarios.
Esto representa un cambio significativo respecto a la forma en que se aplicaba anteriormente la evaluación de carga pública. Históricamente, la regla se enfocaba principalmente en personas consideradas dependientes del gobierno para su subsistencia, como quienes recibían asistencia económica en efectivo o quienes vivían en instituciones de atención a largo plazo, como un hogar de ancianos, cuyo costo era cubierto por Medicaid.
Las organizaciones y gobiernos que impugnan la nueva regla sostienen que es ilegal porque contradice la Ley de Inmigración y Nacionalidad y más de un siglo de políticas que exigen al gobierno evaluar en conjunto factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos y la situación financiera, así como la educación y las habilidades de una persona. También argumentan que la medida perjudicará a las comunidades inmigrantes al privarlas de asistencia pública o disuadirlas de solicitar beneficios a los que tienen derecho. Según los demandantes, recibir este tipo de beneficios suplementarios nunca había convertido automáticamente a una persona en una “carga pública”.
“Ninguno de estos beneficios, utilizados tanto por ciudadanos como por no ciudadanos para construir seguridad e independencia financiera, está relacionado con el tipo de indigencia prolongada que el Congreso reconoce como motivo para considerar a una persona una carga pública”, dijo Legal Aid en un comunicado. “Ampliar el motivo de inadmisibilidad por carga pública… puede tener consecuencias adversas que cambien la vida de millones de residentes no ciudadanos que cumplen con la ley, particularmente aquellos con bajos ingresos y recursos limitados, que desean mantener unidas a sus familias en Estados Unidos”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.
¿Por qué se presentaron tres demandas contra Trump?
El hecho de que cada entidad haya presentado su propia demanda, en lugar de presentar una demanda conjunta, fue intencional y, según los abogados que representan a los demandantes, tiene importancia para los casos.
Los abogados señalaron que el estado, la ciudad y las organizaciones de derechos de los inmigrantes representadas por Legal Aid experimentan distintos tipos de perjuicios como consecuencia del cambio de regla y aportan perspectivas diferentes que consideran importantes para que los jueces las evalúen por separado.
“Las tres demandas son muy importantes porque esta regla es radical y busca penalizar a los inmigrantes y a sus familiares por utilizar apoyos gubernamentales que no tienen nada que ver con sus perspectivas a largo plazo ni con su capacidad para alcanzar y mantener la independencia financiera”, dijo a nuestra publicación hermana, amNewYork, Law Susan Welber, abogada de Legal Aid. “Es realmente importante presentar ante el tribunal una visión completa de cuán perjudicial es esta regla y de cómo afecta a las personas, con todas esas perspectivas en demandas individuales y separadas”.
Aunque el estado, la ciudad y Legal Aid presentan argumentos similares sobre por qué consideran ilegal la regla, cada uno explica ante el tribunal de manera diferente cómo la medida afecta a sus propias instituciones y a los inmigrantes a los que atienden.
“La regla va a tener, y ya ha comenzado a tener, un efecto tan negativo en las organizaciones que representamos, que están integradas por familias trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes, o que atienden a niños de familias inmigrantes o cuyos padres son inmigrantes”, dijo Welber. “La regla afectará su capacidad para ayudar a las personas a obtener la green card… [y] afectará su capacidad para brindar servicios de salud mental a los niños, especialmente si los padres de esos niños creen que no pueden mantener a sus hijos recibiendo Medicaid”.
“Va a afectar sus objetivos migratorios; va a afectar la cantidad de tiempo y la complejidad de asesorar a los clientes sobre cuestiones básicas”, continuó. “Recibir el Earned Income Tax Credit o una beca Pell que paga los estudios universitarios, o un Child Tax Credit, afectará su capacidad para obtener una green card en algún momento en el futuro. Esta regla realmente afecta a nuestros clientes, estas organizaciones sin fines de lucro, de una manera muy directa que toca el centro de lo que hacen y lo que intentan lograr”.
Welber señaló que las personas deben saber que, si presentaron una solicitud de green card a través de un familiar antes del 18 de septiembre —o si están solicitando la residencia por una vía diferente—, el cambio de regla probablemente “no sea legalmente relevante” para sus opciones migratorias y de acceso a beneficios públicos.
“Lo que hay que entender sobre esta nueva regla de carga pública es que está diseñada para asustar a la gente respecto al uso de beneficios públicos”, dijo Welber. “En realidad, solo se aplica a un grupo relativamente reducido de inmigrantes: aquellas personas que buscan obtener una green card a través de un familiar. Hay muchas maneras de obtener una green card, pero solo las personas que la obtienen a través de un familiar están sujetas a la regla de carga pública”.
Welber dijo que lo más importante para las personas preocupadas por la nueva regla es hablar con su abogado de inmigración o buscar asesoría legal a través de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía de Nueva York antes de tomar cualquier decisión de dejar de recibir beneficios públicos o de no solicitarlos.
La propia Legal Aid advierte que muchas personas no están sujetas a la regla de carga pública y recomienda determinar primero si la medida les aplica antes de tomar decisiones sobre beneficios públicos.
