Por Phil Ramos,
Vicepresidente de la Asamblea del Estado de Nueva York
A medida que Estados Unidos se acerca a las elecciones de noviembre, desde Long Island hasta las comunidades de todo nuestro país, nos enfrentamos a una pregunta mucho más importante que cuál partido político controlará el Congreso:
¿En qué clase de país nos estamos convirtiendo? ¿Y qué clase de nación les vamos a dejar a nuestros hijos?
Como puertorriqueño orgulloso de mis raíces, expolicía y primer latino en ocupar el cargo de Vicepresidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, he dedicado mi vida a defender los derechos civiles y combatir la discriminación. Hoy, me preocupa profundamente el rumbo que está tomando nuestra nación.
En todo el país, las denuncias sobre operativos migratorios agresivos, separación de familias, abusos en centros de detención y violaciones al debido proceso plantean serias interrogantes sobre las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su responsabilidad ante la ley.
Serví durante 20 años como agente del orden público. Creo firmemente en el cumplimiento de la ley. Pero también sé que portar una placa no le da a nadie el derecho de abandonar su humanidad, y ninguna agencia del gobierno está por encima de la Constitución.
La historia nos enseña que las democracias rara vez desaparecen de la noche a la mañana. Se van debilitando y desmantelando poco a poco, muchas veces mientras se convence a la ciudadanía de que las medidas extraordinarias son necesarias.
Las señales de advertencia son conocidas: ataques contra la libertad de prensa, intentos de debilitar la independencia de los tribunales, concentración del poder ejecutivo y esfuerzos por manipular los sistemas electorales.
Para muchas familias inmigrantes que huyeron de gobiernos autoritarios, estas no son simplemente lecciones de historia. Son recuerdos dolorosos de lo que sucede cuando quienes tienen el poder comienzan a creerse por encima de la ley.
Los fundadores de nuestra nación redactaron la Constitución precisamente para impedir esos abusos de poder. El Congreso, los tribunales, la prensa libre y el pueblo estadounidense compartimos la sagrada responsabilidad de defenderla.
Por eso, las elecciones de noviembre tienen consecuencias tan trascendentales. El control del Congreso influirá en el futuro de la política migratoria, las libertades civiles, la rendición de cuentas del gobierno y el sistema de pesos y contrapesos constitucionales que protege nuestras libertades.
Aquí, en Long Island, estas luchas nacionales no son asuntos lejanos. Sus consecuencias se sienten en nuestros vecindarios, nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo y nuestros hogares.
Nunca deberíamos tener que escoger entre la seguridad pública y nuestras libertades constitucionales. Estados Unidos debe garantizar ambas.
Y aquí, en nuestra propia comunidad, también debemos reconocer que este momento histórico exige algo más grande que las rivalidades políticas y las ambiciones personales.
Nuestros partidos políticos deben resistir la tentación de emprender persecuciones internas, ajustar cuentas pendientes o permitir que las divisiones entre nosotros nos distraigan de los enormes desafíos que enfrenta nuestra democracia.
¿De qué nos sirve ganar una disputa política interna si, en el proceso, perdemos la misma democracia que nos garantiza el derecho a tener diferencias?
Siempre habrá tiempo para debatir nuestras diferencias políticas. Pero este es un momento para la unidad, la responsabilidad y para poner los intereses de nuestra nación por encima de las ambiciones personales.
El sueño americano siempre ha representado mucho más que la oportunidad de prosperar económicamente. Representa la promesa de libertad, dignidad, igualdad ante la justicia y un futuro mejor para nuestros hijos.
Esa promesa les pertenece a todos los estadounidenses, sin importar dónde nacieron, qué idioma hablan o a qué partido político pertenecen.
Sin importar nuestros orígenes o nuestras preferencias políticas, todos tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre los asuntos que afectan nuestro futuro, exigirles cuentas a quienes ejercen el poder y participar activamente en el proceso democrático.
La democracia no es simplemente una herencia que recibimos de las generaciones anteriores. Es una responsabilidad sagrada que cada generación tiene el deber de proteger.
El próximo 3 de noviembre tendremos la oportunidad de honrar esa responsabilidad.
Nuestros hijos nos están observando. La historia nos está observando. Y las generaciones que todavía no han nacido vivirán con las consecuencias de las decisiones que tomemos el día de las elecciones.
Que la historia nos recuerde como la generación que tuvo el valor de defender la Constitución, proteger la dignidad humana y jamás dar por sentada la democracia estadounidense.










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