Una jueza federal suspendió la aplicación de una ley del estado de Nueva York que prohibía a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar mascarillas durante sus operativos. La magistrada concluyó que la medida probablemente interfiere de manera indebida con las funciones del gobierno federal.
La decisión responde a una demanda presentada por el gobierno federal para frenar la ley, que entró en vigor a finales de junio. La norma buscaba impedir que agentes de ICE realizaran detenciones con el rostro cubierto, una práctica que, según sus promotores, dificulta la identificación de los oficiales y favorece arrestos con poca o ninguna justificación.
Durante el proceso judicial, los abogados del estado argumentaron que Nueva York actuó dentro de sus facultades para proteger la seguridad pública. Sin embargo, la jueza federal Mae D’Agostino, designada por el expresidente Barack Obama, determinó que un estado no puede dictar la forma en que el gobierno federal ejecuta sus funciones.
«La Corte Suprema ha sostenido claramente que Estados Unidos puede ejercer sus funciones sin ajustarse a las regulaciones policiales de un estado», escribió D’Agostino. «Aunque el gobierno federal tiene poderes limitados, los estados no pueden impedirle ejercer las facultades que le confiere la Constitución ni obstaculizar a sus funcionarios autorizados.»
En su fallo de 51 páginas, emitido el lunes por la noche, la jueza señaló que el gobierno federal tiene autoridad para adoptar las medidas que considere necesarias para hacer cumplir la Ley de Inmigración y Nacionalidad sin interferencia de los estados.
Por ello, sostuvo que si las autoridades federales consideran necesario que los agentes de ICE usen mascarillas durante los operativos, Nueva York no puede prohibir esa práctica.
«La jurisprudencia establece que las políticas para hacer cumplir las leyes federales de inmigración corresponden a las autoridades federales, no a los estados», escribió.
D’Agostino añadió que los estados no tienen autoridad para «obstaculizar, imponer cargas o controlar de cualquier manera la ejecución de las leyes constitucionales aprobadas por el Congreso». También recordó que la doctrina de inmunidad intergubernamental protege al gobierno federal frente a leyes estatales que regulen directamente sus actividades o lo discriminen.
El Departamento de Justicia celebró el fallo y aseguró que seguirá enfocado en «mantener el orden público y la seguridad».
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien defiende la ley, reiteró que su oficina mantiene la postura de que «los agentes enmascarados no hacen que Nueva York sea un lugar más seguro». También informó que analiza todas las opciones legales para defender la prohibición.
Intentos similares en otras partes del país tampoco han prosperado. Un juez federal en California declaró inconstitucional una ley parecida porque eximía a la policía estatal, mientras que un juez de Filadelfia bloqueó una ordenanza municipal que también buscaba impedir que agentes de ICE ocultaran su identidad durante los operativos.
La decisión emitida el lunes es preliminar y forma parte de una demanda del gobierno federal contra un paquete de leyes aprobadas por Nueva York para limitar la cooperación con ICE y restringir algunas de sus operaciones en el estado.
Además de impugnar la prohibición del uso de mascarillas, el Departamento de Justicia pidió suspender otras disposiciones que impiden a policías estatales y municipales colaborar con ICE o recibir instrucciones de esa agencia. También solicitó bloquear la prohibición de que gobiernos locales e instituciones públicas, como cárceles y escuelas, celebren contratos con la agencia federal.
La jueza rechazó esa solicitud.
Según D’Agostino, esas leyes probablemente son válidas porque un estado puede decidir no colaborar voluntariamente con la aplicación de las leyes migratorias sin impedir que el gobierno federal actúe por cuenta propia.
«Aunque esos acuerdos puedan facilitar la aplicación de las leyes migratorias y el gobierno federal beneficiarse de la cooperación local, una ley estatal que prohíba esos convenios no impide que el gobierno federal haga cumplir la ley», escribió.
La magistrada añadió que no tendría sentido interpretar que una ley federal basada en la cooperación voluntaria obligue a un estado a brindar esa cooperación.
Como resultado del fallo, todos los contratos vigentes entre ICE y agencias locales deberán terminar antes del 25 de agosto, y no podrán firmarse nuevos acuerdos después de esa fecha.
Aunque el Departamento de Justicia no comentó esa parte de la decisión, la oficina de Letitia James la calificó como una victoria para la seguridad de las comunidades.
«Las agencias policiales locales deben concentrarse en los asuntos locales, y los contribuyentes de Nueva York no deberían financiar la colaboración con ICE», afirmó James.
Mientras continúa el litigio, las restricciones a la cooperación entre agencias estatales y ICE seguirán vigentes. En cambio, la prohibición para que los agentes federales utilicen mascarillas permanecerá suspendida hasta que la jueza emita un fallo definitivo en los próximos meses.
