Un juez federal de Nueva York extendió un bloqueo temporal para que el Gobierno del presidente Donald Trump use una ley del siglo XVIII para expulsar a inmigrantes detenidos en ese estado sin darles la oportunidad de defender sus casos en corte.
La decisión del juez Alvin Hellerstein impide a la Casa Blanca enviar a inmigrantes detenidos en Nueva York, en su mayoría venezolanos considerados pandilleros, a una megacárcel en El Salvador.
La Administración Trump ha usado la Ley de Enemigos Extranjeros para sacar a los inmigrantes del país sin posibilidad de que apelen sus casos.
«La ley es clara: si se va a expulsar a una persona, se le da la oportunidad de defenderse», dijo Hellerstein en la audiencia, según información citada por la televisora ABC.
El magistrado también reprochó que la Administración de Trump establezca que alguien es “culpable” de pertenecer a una pandilla por tener tatuajes.
El Gobierno ha estado usando esta norma, que data del siglo XVIII, para trasladar a inmigrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, acusándolos de pertenecer a la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
La decisión del juez neoyorquino se suma a la de una magistrada en el estado de Colorado que impidió que unos 100 inmigrantes venezolanos detenidos en ese estado fueran enviados a El Salvador.
Trump se ha quejado de los fallos jurídicos contra su iniciativa. El mandatario criticó a los tribunales del país que no quieren permitirle «sacar a los criminales fuera» de EE.UU., lo que considera el «trabajo» para el que fue elegido.
Daños irreparables
Cabe selalar que en Colorado la jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que representa a los dos venezolanos, de 25 y 32 años, quienes no fueron identificados.
El dictamen afecta el plan de Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos de deportar a El Salvador a unos 100 hombres venezolanos actualmente alojados en el centro de detención de la empresa privada GEO en Aurora, al este de Denver.
«Por primera vez en meses podemos respirar aliviados», dijo Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, tras la decisión.
«Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía», expresó la abogada.
En un audiencia ante Sweeney, los abogados del Gobierno federal argumentaron que una restricción judicial «obstaculizaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración», incluyendo «arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que puedan representar un peligro para la sociedad.»
La jueza desestimó esa postura, subrayando que ACLU demostró que los inmigrantes «corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente» y que «sufrirían daños irreparables» si quedasen encarcelados en El Salvador.
Según los documentos judiciales, ambos venezolanos cruzaron la frontera méxico-estadounidense en Texas «hace algunos años», como lo hicieron unos 40.000 compatriotas suyos de 2022 a 2024, quienes también llegaron a Colorado.
En su orden, la jueza Sweeney prohibió al Gobierno federal trasladar a los dos hombres a El Salvador y les ordenó permanecer en Colorado.
De ser trasladados, ellos y otros venezolanos tendrían derecho a solicitar una revisión judicial y a recibir información legal «en un idioma que entiendan», es decir, en este caso, español. Sweeney también afirmó que ACLU demostró que sus representados probablemente «sufrirían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar», por lo que decidió a favor de la ACLU «en beneficio del interés público».
La abogada Lunn enfatizó que la demanda de favor de los venezolanos no pide que queden en libertad o que se les conceda asilo, sino que se garantice su derecho al debido proceso ante un juez.
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