Defensores de los derechos de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York aseguran que no existe una justificación legal para el plan que, según informes, evalúa la administración Trump y que exigiría a algunos solicitantes de la green card (tarjeta verde) pagar un bono de $100,000. Además, advierten que la medida convertiría el acceso a la residencia permanente —y, eventualmente, a la ciudadanía estadounidense— en una prueba de capacidad económica.
La semana pasada, The Wall Street Journal informó que el Departamento de Estado estudia exigir este bono a ciertos solicitantes de residencia permanente que tramiten su caso en consulados estadounidenses en el extranjero. Según fuentes familiarizadas con la propuesta, el dinero solo sería reembolsado una vez que la persona obtenga la ciudadanía estadounidense, un proceso que suele tardar al menos cinco años. El bono funcionaría como garantía en caso de que el titular de la green card reciba beneficios públicos.
De concretarse la medida, cualquier solicitante que utilice beneficios públicos antes de naturalizarse —ya sean federales, estatales, locales o tribales, sin importar si se trata de asistencia a largo plazo o de unos pocos meses de ayuda del programa SNAP— perdería la totalidad del bono de $100,000, que sería confiscado por el gobierno.
La Legal Aid Society dijo a nuestra publicación hermana, amNewYork, que este no es el camino adecuado para regular el acceso a la ciudadanía. La organización considera que la propuesta, que difícilmente sobreviviría un desafío judicial, forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para restringir la inmigración.
“¿$100,000? ¿De dónde sale siquiera esa cifra?”, cuestionó Hasan Shafiqullah, abogado de planta de Legal Aid. “Este es un intento deliberado de la administración Trump por limitar la inmigración basada en la reunificación familiar y restringir la inmigración en términos generales”.
Consultado por amNewYork, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, no confirmó ni desmintió que el gobierno esté considerando exigir un bono de $100,000 para algunas solicitudes de green card. No obstante, afirmó que Trump “ha dejado claro que quienes deseen inmigrar a Estados Unidos deben ser financieramente autosuficientes” y que el Departamento de Estado está “poniendo ese principio en práctica”.
“Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para implementar procedimientos eficaces y de sentido común que permitan hacer cumplir las leyes de Estados Unidos, restaurar la integridad del sistema migratorio y proteger los programas de beneficios públicos de la carga financiera que representan los extranjeros que llegan con costosas necesidades médicas u otras necesidades”, señaló Pigott en un comunicado.
Respecto al fundamento legal de la propuesta, Pigott explicó que el Departamento analiza recurrir a una autoridad prevista desde hace décadas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act). Esa disposición permite exigir un bono a determinados solicitantes de visa que, de otro modo, serían considerados inadmisibles por tener probabilidades de convertirse en una «carga pública» (public charge), como una forma de demostrar que cuentan con recursos suficientes para mantenerse.
Sin embargo, Shafiqullah sostiene que esa interpretación no se sostiene jurídicamente. Explicó que el concepto de «carga pública» no es nuevo, pero que la propuesta representa una expansión injustificada de ese criterio.
Tradicionalmente, una persona era considerada una carga pública cuando dependía de asistencia económica del gobierno de manera permanente para subsistir, por ejemplo, al residir en un hogar de ancianos financiado con fondos públicos.
Con la propuesta que ha trascendido, en cambio, bastaría con recibir cualquier beneficio público para ser considerado una carga pública, incluso si una persona solo accedió temporalmente a ayuda alimentaria del programa SNAP tras perder su empleo.
Además, Shafiqullah señaló que, cuando el gobierno exige un bono, este debe guardar una relación razonable tanto con el beneficio solicitado como con el riesgo económico que asume el Estado. A su juicio, un bono de $100,000 no cumple con ese principio.
Por un lado, resulta poco probable que un residente permanente llegue a utilizar $100,000 en beneficios públicos mientras espera convertirse en ciudadano, especialmente porque los no ciudadanos tienen acceso limitado a la mayoría de estos programas.
“¿Realmente voy a utilizar $100,000 en beneficios mientras espero la ciudadanía con una green card? ¿Eso constituye un reembolso razonable?”, cuestionó Shafiqullah. “Y no es que si utilizo un dólar en beneficios me devuelvan los otros $99,999”.
“Se quedarían con los $100,000 completos”, continuó. “Eso es totalmente absurdo. No es una manera de evitar que alguien se convierta en una carga pública. Es una forma de robarle el dinero a la gente. Además, no guarda ninguna relación razonable con el supuesto riesgo que asume el gobierno”.
Una barrera económica para inmigrar
Shafiqullah también cuestionó que el bono se presente como un mecanismo para reembolsar al gobierno federal si una persona utiliza beneficios públicos. Sin embargo, el dinero podría perderse incluso si el inmigrante recibe asistencia estatal o local, aunque esos gobiernos nunca serían compensados.
La abogada sostuvo que una declaración jurada de patrocinio económico (affidavit of support) debería ser suficiente para demostrar que el solicitante o sus familiares podrán mantenerlo económicamente en Estados Unidos. A su juicio, exigir un bono carece de sentido, ya que la mayoría de quienes solicitan la residencia permanente por esta vía emigran para reunirse con sus familias y trabajar.
La New York Civil Liberties Union (NYCLU) y varias firmas de abogados especializadas en inmigración de la ciudad de Nueva York también rechazaron la propuesta, al considerar que impondría una barrera económica arbitraria a una vía migratoria utilizada por miles de familias.
“Los inmigrantes merecen un proceso justo y la oportunidad de reunirse con sus familias, no obstáculos financieros arbitrarios impuestos por el gobierno”, afirmó Zach Ahmad, asesor principal de políticas de la NYCLU. “Esta propuesta es otro ejemplo de la agenda cruel de la administración Trump. Bloqueará a quienes no cuentan con recursos económicos significativos y perjudicará a miles de familias. Obtener una green card nunca debería depender del nivel de riqueza”.
Daniel Drucker, abogado de inmigración del bufete Drucker Law Firm, en Jackson Heights, Queens, advirtió que, en la práctica, una política de este tipo dificultaría significativamente la inmigración legal para quienes no disponen de un patrimonio considerable.
“Si se implementa, esta política favorecería a los solicitantes con mayores recursos económicos por encima de aquellos cuyo principal activo es su capacidad para trabajar y contribuir al país”, dijo Drucker. “Eso supondría un cambio profundo respecto a la manera en que históricamente ha funcionado la inmigración legal”.
Drucker, quien lleva décadas representando a inmigrantes, anticipó que, si la propuesta se convierte en una política oficial, enfrentará múltiples impugnaciones judiciales y reavivará el debate sobre si la capacidad económica debe convertirse en un requisito para obtener la residencia permanente legal.
“Muchos inmigrantes plenamente calificados que han seguido el proceso legal simplemente no tienen acceso a $100,000”, concluyó el abogado. “Ya sea que el dinero provenga del solicitante o de sus familiares, este requisito podría dejar la residencia permanente fuera del alcance de innumerables familias”.
