Desmantelada red de tráfico de armas interestatales con base en Queens: Acusados enfrentan graves cargos

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Se adquirieron más de 100 armas de fuego durante el transcurso de la investigación de siete meses. Foto de Iryna Shkurhan.

Una investigación de siete meses sobre una red de tráfico de armas interestatales que se extendía desde Cincinnati hasta un estacionamiento de Astoria resultó en la incautación de más de 100 armas y el enjuiciamiento de tres individuos.

A lo largo de cinco encuentros con un oficial de policía encubierto en el estacionamiento de P.C. Richard & Son en la calle Steinway en Astoria durante este verano, los acusados vendieron un total de 97 armas de fuego, incluyendo 17 armas de asalto. Las compras realizadas por el oficial de civil totalizaron $124,000, a aproximadamente $1,200 por arma.

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Los cinco encuentros entre los acusados y un oficial encubierto sin nombre ocurrieron en el estacionamiento de P.C. Richard & Son en la calle Steinway en Astoria. Foto a través de Google Maps.

«Las armas y la recuperación de armas en las calles de Queens son una prioridad para esta oficina y el NYPD (Policía de la ciudad de Nueva York)», dijo la fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, en una conferencia de prensa el 6 de noviembre, donde se mostraban las armas. «Estamos combatiendo la plaga de las armas con todo nuestro poder y recursos, en las calles y en los tribunales».

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La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, agradeció al oficial encubierto que aseguró la mayoría de las armas durante los encuentros con los acusados. Foto cortesía de la Oficina del Fiscal del Distrito de Queens.

Los tres acusados, quienes son primos: Ahmed «Taju» Mutalib, Abdul Haruna y Murtala Haruna, fueron enjuiciados por un gran jurado con 575 cargos. Sus acusaciones incluyen la venta criminal de un arma de fuego en primer grado, la posesión criminal de un arma, la conspiración y el lavado de dinero.

El NYPD y la oficina del fiscal del distrito recibieron una pista confidencial que les informaba sobre la red de tráfico de armas en marzo de 2023. Después de recopilar inteligencia y completar una investigación inicial, designaron a un oficial de policía encubierto para comenzar a adquirir las armas.

La identidad del oficial se mantiene en confidencialidad para proteger su seguridad.

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Las interacciones con los acusados fueron grabadas y sus teléfonos celulares fueron intervenidos. Foto de Iryna Shkurhan.

En una operación encubierta el 27 de junio, Mutalib vendió 16 pistolas semiautomáticas, tres rifles, una escopeta y 900 cartuchos de munición al oficial encubierto. Menos de dos semanas después, el 8 de agosto, Abdul Haruna aceptó $4,000 del oficial como pago inicial por armas adicionales que se vendieron en encuentros posteriores, según la oficina del fiscal de Queens.

A lo largo de la investigación, conocida como Operación Chainline, se grabó a los acusados discutiendo la compra, venta y transporte de armas a través de las líneas estatales. Los detectives también observaron a los acusados cargando grandes cajas fuera de una casa en Cincinnati y cargándolas en un camión U-Haul. Los investigadores determinaron que coincidía directamente con llamadas posteriores que escucharon al intervenir los teléfonos celulares de los acusados.

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Se determinó que dos de las armas, marcadas con cinta azul, eran armas de fuego caseras. Foto de Iryna Shkurhan.

Según los funcionarios, las armas se traficaron a través del «notorio» Iron Pipeline, una red que utiliza autopistas interestatales para transportar un flujo constante de armas de fuego a Nueva York y otros estados. Normalmente se refiere al uso de la autopista I-95 a lo largo de la costa este.

Pero en este caso, se utilizó la I-90, que se extiende desde Montana hasta Massachusetts, para transferir las armas desde Ohio. Los funcionarios dijeron que la transferencia de armas de los estados del Medio Oeste a los de la costa este ha aparecido en su radar.

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Las armas de fuego compradas y confiscadas en la ciudad de Nueva York provinieron de Cincinnati. Foto de Iryna Shkurhan.

«A través de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos, seguiremos haciendo todo lo posible para cerrar de una vez por todas el Iron Pipeline», dijo Katz. «Cuando llegue ese día, todos le debemos gratitud al valiente oficial encubierto en esta peligrosa investigación y a todos aquellos que han arriesgado sus vidas para ayudarnos a mantenernos seguros».

La redada tuvo lugar en Staten Island después de que los oficiales recibieron información de que los traficantes planeaban vender armas a otro comprador, posiblemente en otro país.

El 8 de septiembre, los oficiales rastrearon a dos de los acusados conduciendo un vehículo de alquiler con placas de Florida desde Nueva Jersey a Nueva York. Después de estacionarse en Staten Island y ejecutar una orden de registro, los oficiales pudieron arrestar a Murtala Haruna y Mutalib.

Durante esa búsqueda, confiscaron 12 armas adicionales, dos de las cuales eran armas de asalto, 13 cargadores de alta capacidad, 1,000 rondas de munición, dos juegos de ropa de hombre y una mochila con documentos financieros a nombre de Mutalib.

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Más de una docena de armas de asalto también fueron adquiridas durante el transcurso de la investigación.

El tercer acusado, Abdul Haruna, fue arrestado de acuerdo con la acusación el 2 de noviembre.

Katz señaló que ha habido una disminución en los tiroteos en 2023, un 38 por ciento en Queens y un 28 por ciento en toda la ciudad, y lo atribuyó al trabajo colaborativo de la policía y los fiscales.

«Este caso pone de manifiesto algunas verdades perturbadoras: en primer lugar, las armas ilegales proliferan y circulan en muchos vecindarios que todavía necesitan nuestra ayuda. Y en segundo lugar, todos los días, los hombres y mujeres del NYPD realizan un trabajo increíblemente peligroso para evitar que estas armas de fuego lleguen a manos de los criminales», dijo el comisionado del NYPD, Edward Caban, en un comunicado. «Cada arma ilegal retirada de las calles, cada robo que se evita, cada tiroteo que no ocurre y cada homicidio que no se lleva a cabo, es otra realización de la promesa de seguridad pública que hemos jurado cumplir».

Los acusados enfrentan hasta 25 años de prisión. Deben comparecer en la corte el 9 de noviembre.

 

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