Un grupo de funcionarios demócratas de Queens realizó una manifestación en Corona Plaza el miércoles 2 de agosto, donde criticaron al Departamento de Saneamiento por tomar medidas enérgicas recientes contra los vendedores no autorizados que operaban en el lugar. El concejal del distrito, Francisco Moya, también demócrata, no asistió a la manifestación ya que apoyó la acción de la agencia.
En una entrevista en exclusiva con nuestra publicación hermana, Queens/Jackson Heights Post, poco después de la manifestación, Moya explicó por qué está en desacuerdo con la postura de sus colegas, diciendo que el barrido era necesario ya que la plaza, que inicialmente fue creada como un espacio público abierto, se había vuelto insalubre, peligrosa y con alta criminalidad, en gran parte debido a los vendedores no autorizados.
«Lo que está sucediendo en Corona Plaza y a lo largo de Roosevelt Avenue está completamente fuera de control, es caos», dijo Moya.
Afirma que los residentes y los propietarios de negocios locales han pedido durante mucho tiempo que se limpie la zona.
«Hemos recibido quejas significativas de propietarios de negocios que están perdiendo clientes porque los vendedores están instalándose justo frente a sus tiendas vendiendo alimentos o productos que ya están allí», dice Moya. «El número de quejas al 311 ha crecido astronómicamente».
Moya afirma que la criminalidad también ha aumentado en la plaza, con más de 75 arrestos por delitos graves en el lugar en lo que va del año. Dice que los vendedores operaban hasta altas horas de la noche, atrayendo a personas intoxicadas al lugar. También alega que se vendían drogas en la plaza.
«Eso no atrae comercio, atrae criminalidad y eso es un verdadero problema aquí. Los residentes ya han tenido suficiente», señaló Moya.
Moya también acusa a algunos vendedores de almacenar tanques de propano debajo de las escaleras elevadas de la estación 103rd Street–Corona Plaza y dice que uno de los tanques explotó hace unos meses. Asegura que los vendedores no estaban desechando la basura adecuadamente, vertiendo grasa en los desagües, y que algunos habían movido maceteros de bloques de cemento para operar. Además, algunos vendedores operaban en las aceras alrededor de Corona, compitiendo con los negocios locales.
«No podemos permitir que un grupo de personas haga lo que quiera cuando tenemos propietarios de negocios que pagan impuestos de propiedad, pagan alquiler y están perdiendo clientes», expresó Moya.
Los funcionarios de Queens que se manifestaron el 2 de agosto, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez, el presidente del condado de Queens Donovan Richards, los miembros de la Asamblea Catalina Cruz y Steve Raga, y la concejal Julie Won, dijeron que los vendedores solo están tratando de sobrevivir y alimentar a sus familias. Solicitaron que se emitan más permisos para que los vendedores puedan operar legalmente en la plaza.
Moya dice que comprende y simpatiza con los vendedores que buscan ganarse la vida, pero dice que deben hacerlo de manera ordenada.
En 2021, Moya votó a favor de que la ciudad emitiera 445 nuevos permisos cada año hasta 2032. Sin embargo, la implementación se entiende que va retrasada.
Sin embargo, Moya dice que algunos de los vendedores no autorizados no podrían obtener un permiso porque venden alimentos que no pasarían una inspección de salud.
Moya también habló sobre la prostitución ilegal en su distrito, con muchos salones de masaje que supuestamente operan como burdeles a lo largo de Roosevelt Avenue. Dijo que se ha vuelto tan frecuente que hay un video en YouTube que ofrece consejos sobre cómo negociar precios por servicios sexuales.
«Nunca lo había visto tan abierto y expuesto como ahora», dijo Moya. «Si vas allí ahora mismo, verás mujeres paradas afuera ofreciendo servicios de masaje. Tenemos que encontrar formas de cerrar esos establecimientos o perseguir a los propietarios o a quienes permiten que funcionen en sus locales o edificios».
Moya dice que los vendedores no autorizados y la prostitución ilegal pueden estar relacionados, en parte, con los inmigrantes indocumentados que llegan a la ciudad. Teme que muchas trabajadoras sexuales puedan haber sido víctimas de tráfico humano.
Hizo un llamado a la gobernadora para que declare un estado de emergencia para abordar la crisis migratoria y para que el gobierno federal asigne ayuda financiera para ayudar a la ciudad.
«Necesitamos que nuestros socios federales o miembros del Congreso le digan a la administración de Biden que necesitan ayudar en términos de aportar financiación real para resolver la crisis que estamos enfrentando en este momento».
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