El Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York ha asestado este miércoles un duro golpe a las «ciudades santuario» al decidir que la Administración del presidente Donald Trump tiene el derecho de retener millones de dólares en subvenciones para agencias del orden, una medida con la que se pretende presionar para que cooperen con su polémica política migratoria.
La decisión del Segundo Circuito, de 77 páginas, reconoce la autoridad de Departamento de Justicia federal para imponer condiciones a estados y localidades para que reciban las subvenciones del programa federal conocido como «Edward Byrne».
«Si bien respetamos a nuestros circuitos hermanos, no podemos coincidir en que al Gobierno federal se le prohíba imponer las condiciones de los fondos federales que están en disputa en este asunto», señala la decisión judicial.
«Estas condiciones ayudan al Gobierno federal a cumplir con las leyes migratorias nacionales y las políticas que sucesivamente han apoyado las administraciones demócratas y republicanas», agrega.
Con este fallo, el tribunal en Manhattan revocó una decisión del juez Edgardo Ramos, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York emitida en noviembre del 2018 a favor de que se le entregara a esta ciudad, así como a las ciudades santuario de Connecticut, Massachussetts, Washington, Nueva Jersey, Virginia y Rhode Island, las subvenciones que reclamaban en la corte.
Estas «ciudades santuario», como se conocen a las metrópolis que rechazan colaborar en la aplicación de medidas migratorias, de competencia exclusiva de las autoridades federales, habían presentado una demanda contra el Departamento de Justicia en el 2017.
Ramos dictaminó entonces que el Gobierno federal no tenía «autoridad legal» para obligar a las ciudades a divulgar información sobre los indocumentados a cambio de recibir las subvenciones del programa federal Byrne, que lleva el nombre de un fenecido policía de Nueva York y que fue creado en 2006.
La acción legal había surgido luego del anuncio del entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, de que se retendrían los fondos si las ciudades se negaban a dar acceso a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las cárceles ni les notificaran cuando un migrante sin documentos fuera a ser puesto en libertad.
Recientemente, ICE arremetió contra Nueva York por esta política luego de que se dejara en libertad a un migrante que había sido arrestado por agredir a su padre y que luego violó y asesinó a una anciana.
Previamente, se han producido decisiones de tribunales de Chicago, Filadelfia y San Francisco en contra del Gobierno federal, por lo que este caso podría pasar ahora a la Corte Suprema.
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