Nueva York vetó este martes por ley en todo el estado la cooperación entre los cuerpos de policía local y el Servicio de Inmigración (ICE) en los casos migratorios civiles con el fin de que los agentes no sean utilizados por el Gobierno de Donald Trump para «alcanzar sus cuotas» de deportaciones, según dijo la gobernadora, Kathy Hochul.
La gobernadora demócrata señaló que, con la entrada en vigor de la ley «Policía local, crímenes locales», ICE no podrá usar a los cuerpos de policía locales para ejecutar la «agresiva agenda migratoria» de Trump, sino que solamente asistirán a la agencia federal «si un delito real se ha cometido», algo que tanto ella como varios policías aseguraron era lo normal hasta hace poco.
Hochul argumentó que la policía local debe estar libre para «responder a casos en los que una persona rompe la ley, no para ir a una escuela, una iglesia o un Home Depot y ayudar a Stephen Miller (el asesor de Trump arquitecto de las políticas de inmigración) alcanzar sus cuotas».
Por su parte, el jefe de Policía de Albany, la capital estatal, Brendan Cox, advirtió que la «confianza se erosiona cuando se pide a las fuerzas locales realizar acciones federales migratorias civiles».
«Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan… todos estamos menos seguros», dijo.
Cox aseguró que desde que comenzó su carrera en 1994, el cuerpo local que ahora dirige «nunca» se dedicó a casos migratorios civiles, y cuestionó, junto a otros colegas, la aplicación de los acuerdos de cooperación federal conocidos como 287(g) precisamente cuando el crimen ha bajado en los últimos años en sus localidades, según afirmaron.
La gobernadora señaló que la ley que entra en vigor ha prevalecido en los tribunales frente a demandas locales, aseguró que 60 de los 62 condados del estado en la práctica ya la cumplen, y desafió a las entidades locales que quieran retarla.
Una de las excepciones es el condado de Nassau, una zona durante años asediada por la violencia de las pandillas, que tiene un gran número de votantes republicanos y donde el líder político local, Bruce Blakeman, busca reemplazar a Hochul en el cargo de gobernador en las próximas elecciones, para lo que ya ha sido respaldado por Trump.
Prohíben los acuerdos 287(g)
«Aquí en Nueva York, necesitamos que la policía local se centre en mantener seguras a nuestras comunidades, no en actuar como agentes de facto del ICE, ni en aplicar leyes migratorias civiles, ni en llevar a cabo la insensible agenda migratoria de la administración Trump», remarcó la gobernadora Hochul.
«Por eso impulsé nuestra nueva ley que prohíbe los acuerdos 287(g) y garantiza que los policías locales sigan concentrados en los delitos reales de nuestras comunidades. A partir de hoy, el ICE ya no podrá requisar a policías financiados localmente para ayudar a una agencia federal fuera de control que cuenta con un presupuesto de 85,000 millones de dólares».
Al respecto, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo: «Esperamos que todas las agencias policiales de Nueva York cumplan con las leyes del estado. A través de la Oficina de Confianza para Inmigrantes (Office of Immigrant Trust), mi oficina seguirá colaborando con los profesionales de las fuerzas del orden en todo el estado para asegurar que comprendan sus obligaciones, y estamos preparados para hacer cumplir la ley si no se respetan dichas responsabilidades. La verdadera seguridad pública requiere confianza pública, y estamos comprometidos a garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos».
Cabe mencionar que antes de 2025, solo uno de los 62 condados de Nueva York tenía un acuerdo 287(g) con el ICE. Hasta la fecha, 53 condados de Nueva York nunca han suscrito un acuerdo 287(g). De esos 53 condados, 7 figuran entre las 25 comunidades más seguras de Estados Unidos, lo que demuestra que los acuerdos 287(g) no son esenciales para mejorar la seguridad en Nueva York.
Los neoyorquinos que presencien acciones de cumplimiento federal en cualquier parte del estado deben reportarlas a la Oficina del Fiscal General (OAG) a través del portal de acciones federales.
Se insta a los neoyorquinos que crean que una agencia estatal o local, un empleado, un contratista, una escuela u otra entidad cubierta ha violado las leyes estatales relacionadas con el cumplimiento civil de la ley de inmigración a comunicarse con la línea directa de la OAG al 1-800-771-7755.
