Por: David Shepardson, Reuters
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. extendieron hasta el 30 de junio, una orden a nivel nacional para evitar que millones de inquilinos estadounidenses sean desalojados en medio de las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un aviso el pasado lunes.
La moratoria de los CDC contra los desalojos residenciales, que la agencia justificó citando la crisis de salud pública, expiraba el miércoles.
“Mantener a las personas en sus hogares y fuera de entornos abarrotados o congregados, como refugios para personas sin hogar, y prevenir los desalojos es un paso clave para ayudar a detener la propagación del COVID-19”, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en un comunicado.
La moratoria fue emitida inicialmente por la agencia con sede en Atlanta en septiembre durante la administración del expresidente Donald Trump. Fue extendida el 29 de enero hasta fines de marzo después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo.
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— ElCorreoNY (@ElCorreoNY) March 30, 2021
La Casa Blanca señaló que, en enero, uno de cada cinco inquilinos estadounidenses estaba atrasado con el alquiler. Los CDC dijeron que una encuesta realizada en marzo por la Oficina del Censo de los EE. UU., encontró que más de 4 millones de adultos que están atrasados en el pago del alquiler temen un riesgo inminente de desalojo.
El Congreso de los EE. UU. aprobó otros $21.5 mil millones en asistencia de alquiler de emergencia este mes, además de los $25 mil millones aprobados en diciembre.
La moratoria ha sido impugnada en los tribunales y dos jueces federales han fallado en su contra. El juez de distrito de los Estados Unidos J. Philip Calabrese en Akron, Ohio, dictaminó el 11 de marzo que la moratoria excedía la autoridad otorgada a los CDC por el Congreso, pero no llegó a emitir una orden judicial que la bloqueara.
La moratoria aplica a inquilinos individuales que no esperan ganar más de $99,000 este año o $198,000 para contribuyentes conjuntos. También aplica a los inquilinos que no tuvieron ingresos en 2020 o recibieron un cheque de estímulo.
Los inquilinos deben presentar declaraciones juradas diciendo que el desalojo los dejaría sin hogar o los obligaría a vivir en un “entorno de vivienda compartida” y dar fe de que han hecho todo lo posible para obtener ayuda del gobierno para el alquiler o la vivienda.
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