Un panel de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones ha dejado en vigor las restricciones al asilo del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, mientras prosigue un litigio contra las medidas implementadas en mayo pasado.
La decisión bloquea la orden del juez federal Jon S. Tigar de suspender las restricciones por considerar que violan las leyes de asilo de EE.UU. y ponen en grave peligro a los solicitantes.
Tigar falló el pasado 26 de julio a favor de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha comparado las restricciones a los solicitantes de Biden con las emitidas por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021).
El panel de la corte de Apelaciones en California decidió que las medidas que incluyen un programa humanitario para los solicitantes de asilo de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania continuarán vigentes mientras se desarrolla el litigio.
La demanda busca «un retorno por parte del Gobierno al proceso legal, lo cual significa que, cuando una persona llega a un puerto de ingreso o cruza (la frontera) entre esos puertos, tiene el derecho de pedir asilo y que de que se escuche su caso», explicó Katrina Eiland, directiva de ACLU, cuando se presentó la querella legal.
El juez Tigar había dado un plazo de 14 días al Gobierno de Biden para apelar su fallo antes de suspender las restricciones.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo la semana pasada sobre el caso que el Gobierno de Biden está dispuesto «a pelear… y a llegar a la Corte Suprema si fuese necesario».
En el pasado, la ACLU se alzó con una victoria contra las medidas impuestas por el Gobierno de Trump que restringía la posibilidad de pedir asilo a los migrantes que hubieran pasado antes por otros países, donde debían presentar sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia EE.UU..
Según los demandantes estas reglas «operan tal como lo hicieron las vedas de asilo del gobierno anterior». Al respecto, Eiland, que defendió el caso en la corte, dijo que «hemos recorrido este camino antes con Trump, las prohibiciones de asilo eran crueles e ilegales entonces, y nada ha cambiado ahora».
Más arrestos de inmigrantes
Los arrestos de inmigrantes que cruzan de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos aumentaron julio tras meses a la baja, confirmó un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
«Hemos visto un incremento en julio», aseguró Blas Núñez Neto, subsecretario de política fronteriza, en una llamada con reporteros en la que aseguró que el aumento no fue inesperado porque se trata de la época del año en la que generalmente «se ve un aumento en la migración».
Aunque Núñez no dio cifras sobre la cantidad de detenciones el mes pasado, el diario The Washington Post adelantó que más de 130.000 personas fueron arrestadas en la frontera con México, según datos de DHS aún no publicados. Estas cifras representan un aumento de más del 30 % en comparación con junio, donde se registraron 99.545 detenciones.
El Gobierno de Joe Biden reivindicaba que habían bajado las llegadas en la frontera desde que en mayo aplicó nuevas restricciones a los cruces irregulares, en sustitución de la política de deportaciones del Título 42 que se utilizó durante la pandemia de Covid-19.
A pesar del incremento de julio en la cantidad de personas que buscan cruzar hacia EE.UU., Núñez defendió la nueva política fronteriza, asegurando que «siguen siendo efectivas». El funcionario agregó además que en la última semana han deportado a más de 1.000 familias a diferentes países en Latinoamérica.
El pasado mes de mayo, la Administración demócrata dio luz verde a una nueva norma que califica como «no aptos» para solicitar asilo a quienes crucen de manera irregular la frontera y no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.
Bajo esta regla, las personas que entren bajo esta definición podrán ser deportadas a México o a sus países de origen y enfrentar una prohibición de 5 años a la entrada a EE.UU.
La normativa ha sido el sujeto de varias demandas por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, los cuales argumentan que la norma va en contra de las leyes estadounidenses y pone en riesgo la vida de quienes desean pedir asilo.
Sin embargo, un tribunal de apelaciones en California falló ayer a favor de mantener las restricciones, después de que un tribunal en primera instancia las congelara.
