El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto elevar a 18.000 dólares las multas impuestas contra ciertos inmigrantes que no cumplieron con las órdenes de deportación emitidas contra ellos y son arrestados por las autoridades migratorias.
En concreto, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pide elevar de 5.130 dólares a 18.000 dólares el cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y que, posteriormente, son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El cobro busca reembolsar parcialmente los costos de detener y expulsar a inmigrantes que tienen en su contra esta clase de deportaciones.
Asimismo, la multa hace parte de las medidas de la Administración Trump para impulsar a los indocumentados a autodeportarse.
Las órdenes de deportaciones en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la corte de inmigración y no se presentan a sus audiencias.
En la propuesta publicada en el Registro Federal, el DHS explica que en septiembre pasado el ICE comenzó a cobrar 5.000 dólares por la multa establecida para el año fiscal 2025. Para noviembre pasado, las autoridades migratorias ajustaron la tarifa por inflación a 5.130.
Pero ahora, ICE argumenta que ha revisado los datos y ha determinado que la tarifa de 5.130 es demasiado baja para compensar suficientemente a esta agencia por el costo de detener a un extranjero a quien se le ha ordenado la expulsión en ausencia.
“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, asegura el DHS en la propuesta alegando que se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dado un plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.
Agregan 77 jueces de inmigración
Por otro lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la juramentación de 77 jueces de inmigración, elevando el conjunto total de magistrados a 700, en un esfuerzo del Gobierno del presidente Donald Trump para lidiar con la acumulación de casos en las cortes migratorias.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), una agencia del DOJ, dijo en un comunicado que se trata de la promoción más grande de nuevos jueces en la historia del país.
La EOIR ha contratado a 153 jueces de inmigración permanentes en este año fiscal, la cifra más alta registrada en un solo año en los récords de la agencia. También se juramentaron otros 5 jueces de inmigración que han sido clasificados como temporales.
El Fiscal interino de EE.UU., Todd Blanche, dijo en un comunicado que la promoción de nuevos jueces ha sido posible “gracias al liderazgo decisivo” del presidente Trump y a su compromiso con la seguridad de nuestras fronteras.
Las cortes de inmigración en Estados Unidos dependen del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que ha permitido a la Administración Trump despedir a más de 100 jueces designados en el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).
La Casa Blanca ha presionado por endurecer los criterios para que los jueces de inmigración revisen las solicitudes de los extranjeros, especialmente la de los asilos.
EOIR destacó que desde la llegada del presidente Trump las cortes de inmigración han reducido su carga de casos pendientes en dichos tribunales en más de 447.000 casos, disminuyendo la carga pendiente de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han señalado que parte de la reducción de casos también se debe a que los detenidos abandonan sus casos, tras permanecer en periodos prolongados en las cárceles migratorias.
