El Gobierno de Honduras expresó su rechazo a las medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas, mediante su criminalización, tras la aprobación de al menos dos iniciativas por parte del Congreso del estado de Texas (Estados Unidos), fronterizo con México.
«Rechazamos categóricamente las medidas contenidas en dicha Ley porque criminaliza la migración e induce al retorno forzado de los migrantes, lo cual pondría entredicho las normas internacionales, sin haber concertado con México un acuerdo de readmisión, competencia propia de las autoridades federales de Estados Unidos», indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) en un comunicado.
El Gobierno hondureño reconoce «el derecho de cada país de salvaguardar sus fronteras». Sin embargo, manifestó «la obligación de proteger a nuestros connacionales que residen en el exterior, con el fin de conservar sus derechos y garantías», añadió.
Honduras trabaja con Estados Unidos en el marco de la Declaración de los Ángeles que, entre otros acuerdos, aboga por una «migración segura, ordenada y regular, así como la cooperación entre las naciones para tratar el tema de la movilidad humana», señaló la Cancillería hondureña.
«El retorno de nuestros compatriotas debe regirse bajo el principio del debido proceso y en respeto irrestricto a los estándares internacionales de Derechos Humanos», subrayó.
La Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó la semana pasada el proyecto de ley SB 4, que convierte en delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos.
Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Los legisladores también aprobaron el proyecto de ley SB 3, que asignaría 1.540 millones de dólares para construir barreras fronterizas y otorgaría fondos a las fuerzas policiales para cuidar la frontera y los asentamientos de inmigrantes.
El Gobierno hondureño hizo un llamado «respetuoso» al Estado de Texas para que «reconsidere las medidas que han sido aprobadas en detrimento de la población migrante».
Corrupción y violencia
La corrupción, un flagelo arraigado en Honduras desde hace más de un siglo, la creciente violencia y la percepción de nepotismo laboral son las principales razones por las que los hondureños decidan emigrar, señaló un reciente estudio divulgado por el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh, privado).
«La corrupción vinculada a la falta de oportunidades laborales se posiciona como un factor crucial en la toma de decisiones migratorias» de hondureños, indica el estudio, denominado ´Corrupción y Migración en Honduras´. La investigación fue presentada en Tegucigalpa a diversos sectores por el Fosdeh, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
La falta de empleo, la percepción de nepotismo en el ámbito laboral y la creciente violencia contribuyen al «desencanto generalizado», lo cual lleva a muchos hondureños a «considerar la migración como una alternativa», destaca la investigación del Fosdeh.
El 54,9 % de los encuestados por Fosdeh considera «mala» la situación económica del país y el 77,7 % no cree que la corrupción se pueda controlar a futuro. Señala que el 67,5 % de los entrevistados tiene intención de emigrar, y el 95,1 % considera que el costo de vida en Honduras se ha vuelto más caro en el último año.
El fenómeno migratorio en Honduras se arraiga en una «crisis estructural» que abarca la histórica migración de hondureños hacia EE.UU., la crisis política de los últimos 15 años, la disminución de «respuestas efectivas» de las políticas socioeconómicas del Estado, el deterioro institucional y la asociación directa con la creciente violencia, inseguridad y corrupción en el país, añade el documento.
«La gente se va del país no solamente porque hay corrupción, sino también por la violencia e incertidumbre», dijo Rodulio Perdomo, uno de los autores de la investigación. La corrupción es un «sistema complejo» que provoca que la juventud «piense que sólo se puede encontrar empleo si se tiene una carta de recomendación», señaló.
Por ello, Perdomo cree que el sistema económico de Honduras necesita «cambios sustanciales» para evitar la migración irregular de los hondureños. El modelo económico tiene que pasar del «extractivismo a una economía de servicios vinculada al comercio internacional o a la transformación del mismo extractivismo a uno diferenciado», explicó.
Destacó que la corrupción se ha «naturalizado» en Honduras, donde es importante empoderar a la población para que «no tolere» este flagelo.
El estudio enfatiza la necesidad de abordar la corrupción para «detener la migración irregular, promoviendo la transparencia y la inversión en políticas integrales de atención a migrantes retornados».
Agrega que la relación directa entre ese flagelo y los órganos de justicia resalta la necesidad de «fortalecer las instituciones responsables de combatir la corrupción» y la creación de mecanismos efectivos como la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih), una de las promesas de campaña de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
El Fosdeh recomienda aumentar la inversión en materia de transparencia, crear una política integral para atender a los migrantes retornados y neutralizar el narcotráfico y lavado de activos para combatir la corrupción en Honduras.
