Los legisladores del condado de Nassau exigieron la restitución inmediata de 13,7 millones de dólares en fondos de intereses provenientes del acuerdo sobre opioides, después de que dicho dinero fuera transferido desde la cuenta destinada a combatir la adicción hacia el Fondo General del Condado.
Desde que Nassau comenzó a recibir fondos del acuerdo sobre opioides en 2022, el condado ha recaudado 95,5 millones de dólares destinados a salvar vidas; sin embargo, solo se han gastado 12 millones —o menos del 13 %—, mientras las familias de todo Nassau continúan enfrentando el impacto devastador de la adicción y de las muertes relacionadas con el fentanilo.
La legisladora Olena Nicks anunció una iniciativa legislativa para salvaguardar de manera permanente los fondos del acuerdo sobre opioides, garantizando que el dinero —incluidos los intereses generados— permanezca destinado a los esfuerzos de prevención, tratamiento, recuperación y educación.
«Este acuerdo representa el dolor de las familias que han perdido a seres queridos a causa de la adicción», declaró Nicks. «Estos fondos estaban destinados a salvar vidas, no a permanecer inactivos ni a utilizarse para cubrir déficits presupuestarios. Nuestra legislación establecerá salvaguardas claras para asegurar que los fondos del acuerdo sobre opioides estén protegidos y se utilicen con la urgencia que exige esta crisis».
La líder de la minoría en Nassau, Delia DeRiggi-Whitton, afirmó que el Condado debe actuar de inmediato para restituir los fondos transferidos y acelerar las inversiones en servicios vitales.
«La epidemia de opioides continúa cobrándose un precio desgarrador en nuestras comunidades», señaló DeRiggi-Whitton. «No podemos permitir que se retrase la asignación de fondos destinados al tratamiento y la prevención mientras las familias siguen perdiendo a sus hijos e hijas. Este dinero debe ser restituido y puesto a trabajar de inmediato».
Junto a los legisladores estuvo Larry Lamendola, de Wantagh, cuya hija Lisa falleció a causa de una intoxicación por fentanilo en 2019. Desde la muerte de su hija, Lamendola se ha convertido en un incansable defensor de la educación, la prevención y el aumento de las inversiones en servicios para el tratamiento de adicciones.
«Ninguna familia debería tener que experimentar la pérdida que ha sufrido la mía», expresó Lamendola. «Estos fondos estaban destinados a ayudar a prevenir tragedias como la que sufrió mi hija. Deben utilizarse para salvar vidas ahora mismo».
Transparencia y rendición de cuentas
De esta manera, los legisladores instan al Ejecutivo del Condado, Bruce Blakeman, a restituir los $13,7 millones provenientes de los fondos de la indemnización por la crisis de los opioides, a acelerar su distribución a los programas de tratamiento y prevención, y a ofrecer una mayor transparencia en las decisiones relativas a su gasto.
La legislación propuesta establecería salvaguardas permanentes para garantizar que los fondos de la indemnización por los opioides se destinen exclusivamente a combatir la adicción y a apoyar los esfuerzos de recuperación en todo el condado de Nassau.
El legislador Arnold W. Drucker subrayó la necesidad de transparencia y rendición de cuentas pública en la gestión de los fondos de la indemnización por los opioides.
«Se prometió a las familias que estos recursos ayudarían a cambiar el rumbo de la lucha contra la adicción», afirmó Drucker. «Merecen recibir respuestas claras sobre el destino del dinero y sobre por qué los programas que salvan vidas siguen a la espera de recibir apoyo».
A su vez, el legislador Scott Davis declaró que la crisis de los opioides exige una actuación más rápida por parte de los dirigentes del condado de Nassau. «Cada retraso en la asignación de estos fondos representa una oportunidad perdida para poner a alguien en contacto con un tratamiento o para prevenir una sobredosis», señaló. «No podemos permitirnos avanzar a un ritmo burocrático cuando hay vidas en juego».
La legisladora Debra Mulé hizo hincapié en la importancia de invertir en iniciativas de prevención de base comunitaria. «La educación, la labor de divulgación y la intervención temprana son herramientas fundamentales para combatir la adicción», afirmó. «Estos fondos deben llegar a los barrios, las escuelas y los proveedores de servicios que trabajan en la primera línea de esta crisis».
El legislador Carrié Solages destacó la creciente presión que soportan los proveedores de tratamientos y los programas de recuperación. «Las organizaciones que ofrecen asesoramiento, rehabilitación y apoyo a la recuperación se enfrentan a una demanda cada vez mayor», dijo. «Los fondos de la indemnización por los opioides deberían estar contribuyendo a ampliar estos servicios en este preciso momento».
De su parte, la legisladora Cynthia Nuñez afirmó que salvaguardar la integridad del fondo de indemnización es esencial para restablecer la confianza pública. «Este dinero se obtuvo mediante acciones legales para hacer frente a una emergencia de salud pública … Debemos garantizar que se proteja y se utilice exactamente para el propósito para el que fue concebido».
Finalmente, la legisladora Viviana L. Russell, señaló el impacto más amplio que la adicción sigue teniendo en las familias y las comunidades locales.
«El trastorno por uso de sustancias no solo afecta a los individuos, sino a familias y barrios enteros … Las inversiones estratégicas en tratamiento y prevención pueden ayudar a salvar vidas y a fortalecer nuestras comunidades», recalcó.
