Maquinaria de deportación. Estados Unidos ha deportado en los últimos 8 meses a cerca de medio millón de inmigrantes, que no lograron demostrar una «base legal» para permanecer en el país, informa el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés). «Si un no ciudadano llega y carece de una base legal para permanecer en Estados Unidos, él/ella será procesado(a) y removido(a) rápidamente, de conformidad con leyes estadounidenses», advierten.
En un comunicado, el DHS explicó que entre en los últimos días se han realizado varios vuelos desde EE.UU. hacía países de Centroamérica, Ecuador, Haití, Perú y Venezuela con extranjeros deportados (entre el 15 – 19 de enero). La cifra de expulsiones ya suma más de 482.000 desde mayo pasado. Entre los deportados se encontraban adultos solteros y familias que no tenían bases legales para quedarse en territorio estadounidense.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), encargado de las deportaciones, ha multiplicado el número de vuelos con deportados desde el 12 de mayo de 2023, cuando dejó de implementarse el Título 42, una medida que permitía la expulsión en caliente de los indocumentados por razones sanitarias.
Del total de expulsados en los últimos 8 meses (495,000 de personas), la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluyendo a más de 83,000 familiares individuales. Hasta finales de 2023, esta cifra excede el número de remociones y retornos en cada año fiscal completo de 2015- 2019 (más de 100.000 fueron deportados en los últimos dos meses). Las remociones y retornos diarios son casi el doble en comparación con el promedio antes de la pandemia (2014-2019).
Entre los deportados se encuentran inmigrantes enviados directamente a Venezuela, después que EE.UU. reanudara las repatriaciones directas de ciudadanos a ese país en octubre pasado, tras cuatro años de suspensión de esa práctica. La cifra de deportados desde mayo pasado supera el número de extranjeros enviados a su país en todo el año fiscal 2019 durante la Administración del actual presidente demócrata Joe Biden.
De acuerdo con prácticas habituales, Estados Unidos garantiza que todo no ciudadano sin una base legal para permanecer en este país sea evaluado apropiadamente para determinar si tiene reclamos de protección válidos y suspensión de remoción —de conformidad con nuestras leyes y obligaciones internacionales de EE.UU. Esto aplica a todo no ciudadano, independientemente de su nacionalidad, para garantizar el procesamiento, traslado y remoción ordenados y humanos de adultos solteros y unidades familiares.
No ciudadanos procesados para remoción presentan sus peticiones de alivio o protección de remoción ante jueces federales de inmigración en los tribunales de inmigración, los cuales son administrados por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia. Por razones de seguridad operativa, ICE no confirma ni discute operaciones de transporte futuras o pendientes.
Operaciones Aéreas de ICE facilita el traslado y remoción de no ciudadanos, incluyendo unidades familiares, a través de aerolíneas comerciales y vuelos fletados en apoyo de las oficinas de campo de ICE y otras iniciativas del DHS. En el año fiscal 2023, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE efectúo 142,580 remociones y 62,545 expulsiones bajo el Título 42 a más de 170 países alrededor del mundo.
Reforma migratoria
Bajo este panorama, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, opinó recientemente que «este no es el momento propicio» para una reforma integral del sistema de inmigración en Estados Unidos.
Johnson expresó su escepticismo acerca de un acuerdo que negocia un grupo bipartidista en el Senado para vincular cambios en la política migratoria, específicamente en relación con el sistema de asilo y la frontera, con la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania.
Los republicanos han condicionado esa asistencia a un endurecimiento del control de la frontera sur del país, que ha visto en meses recientes el arribo de números sin precedentes de migrantes provenientes de América Latina, África y Asia.
El año pasado el presidente Biden dijo que estaba dispuesto a escuchar una propuesta sobre los cambios de inmigración. Legisladores demócratas del ala progresista criticaron posibles concesiones sin medidas que ayuden a los indocumentados que han estado en el país por años.
«No creo que sea ahora el momento de una reforma integral en materia de inmigración porque sabemos cuán complicado es eso», indicó Johnson en conferencia de prensa. «No se puede hacer tan rápido. Y yo creo que ya se ha demorado la protección de la frontera. Le diré al presidente lo que les digo a ustedes, lo que he dicho a la ciudadanía: frontera, frontera, frontera», añadió.
Los republicanos más conservadores han demandado restricciones en la concesión de asilo, nuevas regulaciones para la expulsión de inmigrantes y límites a la autoridad presidencial para el otorgamiento de residencia temporal por razones humanitarias.
También han expresado descontento acerca de un posible entendimiento entre el grupo bipartidista y la Casa Blanca y presentaron a votación un proyecto de resolución que denuncia lo que llaman «una política de fronteras abiertas» del Gobierno de Biden.
Por su parte, el senador John Thune, republicano de Dakota del Sur, dijo a sus correligionarios en la Cámara Baja que «no hay, absolutamente, manera de que consigamos el tipo de política fronteriza de la que se ha hablado a menos que consigamos una mayoría de 60 votos, y eso no ocurrirá» … «Este es un momento único. Es una oportunidad de conseguir alguna política conservadora para la frontera», añadió.
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