Las asociaciones de abogados latinos de Nueva York han emitido una declaración conjunta sobre los llamados a destituir al senador Luis R. Sepúlveda como presidente del Comité Judicial del Senado.
«¡No cederemos!» indican mediante comunicado de prensa en la que recalcan su compromiso de proteger la integridad del poder judicial de Nueva York.
Asimismo, expresan su preocupación por la influencia de la política en el poder judicial —recordando el caso del magistrado LaSalle— y reafirman el compromiso de resistir las presiones políticas.
De esta manera, la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island (LIHBA), la Asociación de Abogados Puertorriqueños, la Asociación de Abogados Dominicanos y la Asociación de Abogados Hispanos del Valle del Hudson emitieron una declaración conjunta.
Las asociaciones firmantes están unidas por un compromiso con la independencia e integridad del poder judicial de Nueva York y con la confianza pública en el mismo.
Dichos principios exigen que jueces, abogados, legisladores y el público en general respeten los procesos mediante los cuales se selecciona y evalúa a nuestro poder judicial, así como los mecanismos para exigirle rendición de cuentas.
«Los acontecimientos recientes han suscitado un debate importante sobre dicho proceso y la creciente influencia de la presión política organizada en la configuración del poder judicial de Nueva York», señalan estas asociaciones de abogados latinos.
«Independientemente de las posturas políticas o de la opinión que se tenga sobre cualquier funcionario público en particular, consideramos que este momento exige una discusión más amplia sobre la protección de la independencia de nuestras instituciones judiciales. Asimismo, nos obliga a afirmar claramente que no guardaremos silencio ni cederemos ante presiones políticas organizadas que amenacen dicha independencia».
«Hace varios años, los neoyorquinos fueron testigos de la derrota sin precedentes de la nominación del magistrado Hector LaSalle para ocupar el cargo de Juez Presidente del Tribunal de Apelaciones de Nueva York. Aquel proceso de confirmación demostró la extraordinaria influencia que las coaliciones políticas organizadas pueden ejercer sobre los nombramientos judiciales».
«Los informes públicos describieron meses de esfuerzos coordinados por parte de organizaciones de defensa de causas para oponerse a su nominación; no porque careciera de las cualificaciones necesarias para el cargo, sino porque buscaban abiertamente cambiar el rumbo del poder judicial de Nueva York».
Bajo un intenso escrutinio
«Hoy, el senador Luis Sepúlveda se encuentra bajo un intenso escrutinio público por haber presentado, presuntamente, una queja contra un juez ante quien había comparecido», manifiestan las asociaciones de abogados latinos de Nueva York.
«Aunque las circunstancias difieren de las que rodearon la nominación del magistrado LaSalle, existe un hilo conductor importante: ambos hombres latinos ocupaban cargos fundamentales en el proceso de selección judicial y en la administración de justicia de Nueva York».
«El senador Sepúlveda no era simplemente un funcionario electo más. Fue uno de los defensores más firmes y vocales del magistrado LaSalle; cuestionó públicamente lo que consideraba un esfuerzo sin precedentes para frustrar la nominación de LaSalle y defendió la integridad del proceso constitucional de confirmación de Nueva York. Por ello, resulta difícil pasar por alto que uno de los críticos más abiertos de la injerencia política en la selección judicial esté ahora siendo objeto de ataques públicos por parte de muchas de esas mismas personas».
«El reciente escrutinio en torno al senador Sepúlveda plantea también una cuestión importante sobre el papel de los legisladores que ejercen la abogacía. A menudo, los miembros de los comités legislativos del poder judicial son seleccionados por ser abogados en ejercicio con experiencia».
«Su experiencia en los tribunales les aporta una perspectiva inestimable sobre el temperamento judicial, el profesionalismo, la ética y la administración cotidiana de la justicia. Dicha experiencia no es algo accesorio a su labor; es, de hecho, una de las razones fundamentales por las que se les confía la evaluación de los candidatos a cargos judiciales».
«Un abogado en ejercicio no renuncia a sus responsabilidades profesionales al asumir un cargo público. Todo abogado autorizado para ejercer en Nueva York tiene tanto el derecho como la obligación ética de defender con celo los intereses de sus clientes dentro del marco legal, y el senador Sepúlveda no es una excepción. En ocasiones, esa defensa puede requerir impugnar una resolución judicial, solicitar la recusación de un juez, buscar una revisión en apelación o presentar una queja cuando un abogado, actuando de buena fe, considera que la conducta judicial amerita una revisión».
El futuro de los tribunales
Los abogados firmantes de la declaración expresan que «Estos procedimientos existen para fortalecer, y no para debilitar, la confianza pública en el poder judicial».
«El mero hecho de que un abogado recurra a dichos procesos establecidos no debería considerarse, por sí solo, incompatible con formar parte de un comité legislativo del poder judicial, ni siquiera con presidirlo. Sostener lo contrario crearía un estándar imposible de cumplir que disuadiría a litigantes experimentados de prestar servicio público y privaría al Comité Judicial de la experiencia jurídica práctica que lo hace singularmente apto para evaluar a los miembros de la judicatura».
«El futuro de los tribunales de Nueva York debe regirse por principios constitucionales, cualificaciones profesionales, temperamento judicial y fidelidad al Estado de derecho, y no por la política del momento».
«Nuestro poder judicial pertenece al pueblo de Nueva York. Su independencia debe mantenerse por encima de la política, de la ideología y de la influencia de cualquier grupo de interés especial».
La correspondiente declaración es firmada por:
Maribel Gomez, Esq., Presidenta de Long Island Hispanic Bar Association;
Lillian Mosley, Esq., Presidenta de la Puerto Rican Bar Association, Inc.;
Hudson Valley Hispanic Bar Association; y
Atenedoro Gonzales, Esq., de la Dominican Bar Association.
