La Administración de Donald Trump ha decidido eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a cerca de 76.000 hondureños y nicaragüenses que viven en Estados Unidos desde 1999, según un documento difundido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida, que entrará en vigor 60 días después de la publicación oficial del documento en el Registro Federal, programada para el martes 8 de julio, porque los dos países «ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS».
El fin del TPS afectaría en particular a inmigrantes del estado de Florida (incluida la ciudad de Miami), donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de los beneficiarios de EE.UU., según un reporte del Congreso.
También perjudicará a los hondureños con TPS que residen en los estados de Texas, Nueva York y California, en concentraciones específicas de áreas metropolitanas como Houston, Los Ángeles, NYC y suburbios como Long Island.
La pérdida del estatus legal, que tenía como fecha límite para ampliarse el pasado sábado 5 de julio, afectará a un aproximado de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, según las estimaciones del Gobierno de Estados Unidos.
El DHS argumentó que Washington concedió el TPS a estas nacionalidades tras el golpe en octubre de 1998 del huracán Mitch, el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico porque dejó más de 11.300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7.000 en Honduras y casi 4.000 en Nicaragua.
Pero aseguró que, desde entonces, «ha habido mejoras notables» en las condiciones de ambos países que «permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos».
Por ejemplo, consideró que Nicaragua «es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable», mientras que «nuevos proyectos de infraestructura están por transformar a Honduras y crear empleos».
La medida se revela menos de dos semanas después de que la Administración de Trump anunció el fin del TPS para cerca de 521.000 haitianos, lo que frenó un juez federal la semana pasada.
Mientras que la Corte Suprema autorizó en mayo al presidente Trump terminar con esta protección migratoria para 350.000 venezolanos.
Trump intentó eliminar este estatus desde su primer mandato para inmigrantes de países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, por lo que, tras estas medidas, otras comunidades temen ser las siguientes.
Separan a familias
«Hoy, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua. La medida eliminará la legalidad de más de 50,000 beneficiarios actuales del TPS hondureños y nicaragüenses, incluyendo la eliminación del acceso a permisos de trabajo y la protección contra la deportación, cuando la terminación entre en vigor el 5 de septiembre de 2025», expresó este lunes, mediante comunicado, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC).
«Desde que asumió el cargo en enero de 2025, el gobierno de Trump ha revocado el TPS para los siguientes países: Afganistán, Venezuela, Camerún, Nepal, Haití y, ahora, Honduras y Nicaragua», agregó.
«El gobierno de Trump está optando activamente por despojar de su estatus legal a cientos de miles de personas que han vivido y trabajado durante mucho tiempo en Estados Unidos, lo que trastoca vidas, separa familias y desestabiliza comunidades en todo el país», se quejó Murad Awawdeh, Presidente and CEO, New York Immigration Coalition.
«Desde que asumió el cargo, Trump ha rescindido la protección humanitaria del TPS para aproximadamente 600,000 inmigrantes de 7 países, dejando indocumentados a quienes escaparon de la inestabilidad política y los desastres naturales, a pesar de haber cumplido con todos los protocolos y requisitos legales».
«Esta reciente terminación abrupta dejará a miles de inmigrantes neoyorquinos en un limbo legal y en peligro. Ahora, sin un camino claro hacia adelante, se está obligando a las familias inmigrantes a vivir en la sombra, a desarraigar sus vidas tras décadas en Estados Unidos o a ser deportadas a países que siguen siendo inseguros».
«Exigimos al gobierno de Trump que rescinda esta medida y exigimos que el Congreso cree vías legales permanentes para proteger a nuestras familias inmigrantes y mantener nuestra economía estable y nuestras comunidades fuertes», remarcó Awawdeh, líder de NYIC.
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