Por: Cameryn Oakes & Isabella Gallo
Longislandpress.com
La visita de dos legisladoras estatales a una cárcel del condado de Nassau, en Long Island, donde se encuentran personas detenidas por ICE ha obligado al ejecutivo del condado, Bruce Blakeman, a modificar ciertas políticas sobre sus condiciones y ha alertado de que algunos, incluyendo a aquellos que no tienen antecedentes penales, podrían ser retenidos por más de 72 horas del período legal de detención.
Actualmente, 14 personas se encuentran detenidas en la cárcel ubicada en East Meadow, donde más de 1400 inmigrantes detenidos por ICE en el área metropolitana de Nueva York han permanecido en esta cárcel desde febrero. Por cada detenido, el gobierno federal paga al condado de Nassau $195 por noche de detención.
“Hemos firmado un acuerdo integral porque permitir que ICE use nuestras celdas contribuye a un condado más seguro, y seguiremos haciéndolo”, declaró Blakeman en una conferencia de prensa el 23 de julio.
Las personas detenidas por ICE no están destinadas a ser recluidas en cárceles del condado ni en centros de detención migratoria no federales, pero el condado de Nassau abrió su cárcel a ICE mediante un acuerdo.
El condado de Suffolk tenía un acuerdo similar, pero lo incumplió después de que una demanda determinara que el condado violó la ley estatal y la Cuarta Enmienda al detener a cientos de inmigrantes después de su fecha de liberación a petición de ICE.
La senadora estatal Julia Salazar y la asambleísta estatal Michaelle Solages declararon que inicialmente se les negó el acceso cuando llegaron sin previo aviso a las 10 a.m. del 23 de julio para realizar un recorrido por la cárcel de East Meadow, observar las condiciones de las instalaciones y hablar con personas detenidas por ICE en esta cárcel del condado.
A las dos legisladoras estatales se les permitió finalmente entrar a las instalaciones una vez que el asesor legal del condado de Nassau revisó su solicitud. Fueron acompañadas por funcionarios locales y no se les permitió llevar sus teléfonos ni tomar fotos.
Blakeman explicó que la entrada de ambas fue «retrasada, no denegada» porque el condado no recibió aviso previo de su visita y necesitaba tiempo para preparar un equipo para su seguridad y la de la prisión. Añadió que fueron acomodadas en un plazo de 45 minutos tras su llegada.
La ley estatal permite a funcionarios electos como Salazar y Solages visitar las instalaciones penitenciarias a su antojo. Salazar, quien representa al distrito 18 de Brooklyn, preside la organización Crime Victims, Crime and Correction. Dijo que ha visitado la mitad de los centros penitenciarios del estado, incluyendo visitas sin previo aviso a cárceles locales.
Añadió que esta era la primera vez que le negaban el acceso durante su visita. «No tenían derecho a negarnos el acceso y me alegra que finalmente lo comprendieran y nos permitieran entrar», dijo Salazar.
Salazar afirmó que ni ella ni Solages observaron condiciones «atroces» en la cárcel, pero que hablaron con personas que habían estado recluidas en las instalaciones del condado por más de las 72 horas permitidas.
Blakeman afirmó no tener conocimiento de que hubiera detenidos retenidos por más de 72 horas.
Salazar dijo que las celdas no parecían estar abarrotadas y que no todas las 50 celdas individuales designadas estaban ocupadas. Blakeman indicó que en cada celda solo cabía una persona a la vez.
Salazar comentó que habló con una persona en la cárcel del condado de Nassau: un empresario de Huntington, originario de Guatemala, que ha residido en la zona durante unos 20 años y no ha sido condenado por ningún delito penal. Añadió que fue arrestado el domingo y llevado a las instalaciones ese mismo día, pero tres días después sigue en esta cárcel.
«Sospecho, dado ese plazo, que él y otras personas aquí están detenidos más tiempo del permitido por la ley», dijo Salazar.
Blakeman dijo que no podía confirmar ni negar si las personas que solo han cometido un delito civil, como quedarse más tiempo del permitido por la visa, y no uno penal, estaban detenidas en las celdas de ICE, ya que esta agencia federal no comparte esa información con el condado.
Pareció sorprendido al enterarse de que el empresario de Huntington estaba en la cárcel sin antecedentes penales. Blakeman dijo que «investigaría» su caso después de que la visita de la pareja le informara sobre la posible detención prolongada del hombre.
«Están en este país como personas que no deberían estar aquí. Por lo tanto, no sabemos quiénes son», dijo Blakeman sobre los detenidos. «El objetivo son las personas que están aquí ilegalmente, que han cometido un delito en el estado de Nueva York. Ese es el criterio que nos presentó el ICE, y creemos que se están adhiriendo a él».
Sin embargo, Salazar afirmó que hay personas retenidas en centros de detención que no han cometido ningún delito, incluido el empresario de Huntington.
Blakeman afirmó que creía que debería haber un proceso para quienes han vivido en el país durante un período prolongado, no son delincuentes y tienen un empleo remunerado para que permanezcan aquí u obtengan un estatus legal.
Sin embargo, afirmó que no tenía planes de modificar la colaboración del condado con el ICE ni la forma en que este detenía a las personas. Otras condiciones observadas por los legisladores incluyeron acceso limitado a duchas y restricciones a la recreación, que a menudo limitaban su exposición a la luz solar y al aire libre.
Blakeman afirmó que la política del condado era no permitir que los detenidos de ICE se ducharan durante lo que, según él, era un período máximo de detención de 72 horas, y añadió que no creía que tuvieran «derecho» a ducharse.
Sin embargo, indicó que, tras la visita de los legisladores, se modificaría la política y se permitiría a los detenidos ducharse una vez al día si lo solicitaban. Consideró que esto contribuiría a condiciones más saludables para los funcionarios penitenciarios y otros reclusos.
Blakeman indicó que la política que impedía a los detenidos de ICE acceder al aire libre mientras se encontraban en la cárcel no cambiaría, ya que no se les permitía mezclarse con la población general.
Salazar expresó sus sospechas sobre la conducta del condado , alegando que le hacía creer que pretendían ocultar información o que las condiciones eran deficientes. «No tenemos otra justificación», declaró Salazar.
Añadió que los funcionarios del condado de Nassau que los acompañaban en el recorrido «limitaban estrictamente» la comunicación que podían tener con los detenidos, la cual se realizaba a través de plexiglás. Cuando les pidió a los funcionarios que vieran diferentes aspectos de las instalaciones, comentó que esto solía generar debate.
Blakeman negó que los hubieran llevado a toda prisa por las instalaciones o que su acceso fuera limitado.
Salazar ha abogado por la aprobación de leyes que protejan a los inmigrantes en la legislatura estatal, incluyendo la Ley de Dignidad, No Detención (Dignity Not Detention Act), que prohibiría a los gobiernos estatales y locales tener contratos con las autoridades federales de inmigración.
“Creo que es inaceptable que haya personas detenidas, que nuestros vecinos, que no han sido acusados de ningún delito, se encuentren en centros de detención migratoria aquí mismo, en el estado de Nueva York”, dijo Salazar. “No tenemos por qué ser cómplices de esto”.
Solages, legisladora de ascendencia haitiana y residente de Elmont, dijo que es “desgarrador” anticipar que agentes de ICE detengan a personas en su comunidad.
“Ya no persiguen a los criminales”, dijo Solages sobre ICE. “Persiguen a quienes hacen lo correcto por este país, quienes forman parte de este tejido social”.
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