La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada recientemente por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente, Donald Trump.
La mayoría republicana en ambas Cámaras apoyó un mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad, que se destinará, por amplio margen, al manejo de la inmigración.
Las voces críticas de esta legislación han calificado el gasto de “inédito” y alertan que acelerarán la agenda de deportaciones masivas de la Administración, con consecuencias “caóticas” para la población inmigrante de Estados Unidos y la economía del país.
Con un gasto de casi 170.000 millones de dólares en 4 años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20.000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para inmigrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 46.500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de 45.000 millones para la detención de inmigrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.
Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para inmigrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.
Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país. El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116.000 arrestos diarios de inmigrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
Esta escalada en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería también consecuencias negativas para la economía del país, según detalló un análisis del Economic Policy Institute.
Si el Gobierno de Trump consigue su objetivo de deportar a 1 millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de trabajadores nacidos en EE.UU., de acuerdo con este informe.
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