A pesar de los avances en derechos laborales, la brecha salarial de género persiste para muchas trabajadoras, especialmente dentro de las comunidades latinas en Estados Unidos.
La organización Justice for Migrant Women llevó su causa a uno de los escenarios más relevantes del mundo: la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El pasado 24 de septiembre, en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la entidad conmemoró una década de lucha por la igualdad salarial de las latinas con un evento que reunió a activistas, legisladoras y lideresas comunitarias de todo el país.
El acto abrió una serie de acciones que culminarán el 8 de octubre con el Día de la Igualdad Salarial de las Latinas, fecha que visibiliza las profundas inequidades económicas que aún enfrentan millones de mujeres latinas en Estados Unidos. Según datos presentados en el evento, una latina gana en promedio apenas 54 centavos por cada dólar que percibe un hombre blanco no hispano; en el caso de las inmigrantes, la cifra puede ser aún menor.
Este año, la conmemoración adquirió un peso simbólico especial: se celebraron 10 años desde el lanzamiento de la campaña Latina Equal Pay, iniciativa que transformó una problemática invisibilizada en una prioridad de justicia económica tanto a nivel nacional como internacional.
En el corazón de esta lucha se encuentra Mónica Ramírez, fundadora de Justice for Migrant Women y cofundadora de la campaña Latina Equal Pay. Reconocida por su activismo en favor de las trabajadoras del campo y de las mujeres migrantes, Ramírez destacó el poder de alzar la voz en espacios globales:
“Son 10 años de esta lucha y, para mí, estar aquí en la ONU significa mucho, porque este es un tema global y tiene consecuencias globales también. Representamos a mujeres migrantes que vienen de todas partes del mundo, sobre todo de México. Es importante que nos plantemos en lugares como estos para hablar de temas que tienen consecuencias aquí en Estados Unidos y también para afirmar que es un problema que cruza fronteras”, indicó. “Si no hacemos algo para cerrar la brecha de una vez, nuestras familias enfrentarán consecuencias por años y décadas.”
El evento también rindió homenaje a varias mujeres latinas que fortalecieron esta causa a lo largo del tiempo. Las reconocieron como “Champions of Change”, título otorgado a lideresas que ayudaron a construir y expandir el movimiento, desde espacios comunitarios hasta el activismo político y social. La distinción representó, además, un gesto de gratitud hacia aquellas mujeres que, muchas veces en silencio, sostuvieron la lucha por la equidad económica.
La participación de Jessica González-Rojas, asambleísta del Estado de Nueva York, aportó una perspectiva legislativa urgente. Desde su rol político, subrayó que la desigualdad salarial no solo persiste, sino que en muchos aspectos ha empeorado: “Desafortunadamente, esta desigualdad no ha mejorado con el tiempo. En los últimos 10 años seguimos muy por detrás de donde deberíamos estar. Esta es una oportunidad para reunirnos, abogar y asegurarnos de que este tema se mantenga al frente, reconocer que existe esta inequidad y organizar estrategias para enfrentarla.”
González-Rojas resaltó avances importantes, como la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos en Nueva York —una de las más amplias del país— y el aumento del salario mínimo a 17 dólares por hora a partir del próximo año, con ajustes automáticos por inflación.
Sin embargo, advirtió sobre la situación de sectores como el de servicio y restaurantes: “Debemos seguir luchando por quienes reciben salarios con propinas. Por ley, ganan menos del salario mínimo y se espera que lo compensen con propinas, lo que muchas veces no sucede. Por eso lidero el proyecto de ley One Fair Wage, que busca eliminar gradualmente el crédito por propinas y garantizar que los trabajadores —especialmente en la industria de restaurantes— reciban al menos el salario mínimo, más las propinas.”
Añadió que estas industrias están compuestas mayoritariamente por mujeres, latinas, mujeres de color e inmigrantes, lo que explica por qué el salario promedio de las latinas sigue siendo tan bajo.
Desde la perspectiva organizativa y sindical, Karla Pineda, directora ejecutiva del Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano, destacó que, aunque los números aún no muestran grandes cambios, sí se produjo una transformación en la conciencia y en el empoderamiento de las trabajadoras:
“Tenemos que seguir luchando para que las mujeres puedan ganar lo mismo que los hombres. Si bien no ha habido grandes cambios en el ámbito salarial, sí hemos logrado muchas victorias: legislaciones modificadas, mujeres empoderadas y trabajadoras que ahora entienden mejor qué significa la brecha salarial”, aseguró. “Las hemos educado para que sepan qué pueden hacer en su vida personal, en el trabajo y en el hogar para luchar por ellas mismas.”
Pineda remarcó que el impacto de esta lucha trasciende las leyes: constituye un proceso de construcción de poder colectivo, de acceso a la información y de ruptura de silencios históricamente impuestos.
El evento coincidió con el décimo aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, reforzando la urgencia de acelerar metas como la igualdad de género y el trabajo decente. La presencia de Justice for Migrant Women en este espacio recordó que la justicia económica no puede esperar.
A una década del nacimiento de la campaña, la lucha continúa. El Día de la Igualdad Salarial de las Latinas no solo visibiliza cifras: exige cambios estructurales en las políticas públicas y laborales, y reafirma que la justicia económica también es una cuestión de derechos humanos.
