Una jueza estatal extendió el viernes una orden que prohíbe a la administración del alcalde Eric Adams permitir que autoridades migratorias federales restablezcan oficinas en Rikers Island, otorgando una victoria al Concejo Municipal, que presentó una demanda el 15 de abril para bloquear la medida.
La jueza Mary Rosado extendió el 25 de abril una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) que había emitido a principios de esa semana, la cual continúa bloqueando la orden ejecutiva de la administración Adams que permitiría a ICE establecer oficinas dentro del complejo carcelario de Rikers Island por primera vez en más de una década. La ciudad expulsó a ICE de Rikers con la aprobación de una ley de ciudad santuario en 2014, que prohibía a la agencia operar dentro de cárceles municipales como forma de proteger a inmigrantes indocumentados de la deportación.
La jueza extendió la orden hasta la próxima audiencia del caso, programada para el 29 de mayo, según los registros judiciales.
“Hasta que tengamos esa audiencia, voy a continuar la TRO”, dijo la jueza Rosado.
La decisión representa una victoria temprana para el Concejo Municipal en su esfuerzo por impedir el regreso de ICE a Rikers Island. La jueza pareció receptiva a los argumentos del abogado externo del Concejo, Daniel Kornstein, quien sostuvo que extender la orden era simplemente “mantener el statu quo”.
La presidenta del Concejo, Adrienne Adams, declaró en una conferencia de prensa tras la audiencia que la decisión ayuda a proteger a los neoyorquinos indocumentados, quienes podrían ser vulnerables a los esfuerzos de deportación masiva del presidente Trump si ICE regresa a Rikers.
“Esto representa un paso importante del tribunal para proteger la seguridad pública en nuestra ciudad y mantener a todos los neoyorquinos a salvo”, dijo la presidenta. “Valida nuestros esfuerzos para defender a la ciudad de Nueva York de volverse aún más vulnerable ante la agenda extrema e inconstitucional del gobierno de Trump, al impedir que el alcalde facilite estos ataques contra la seguridad y los derechos del pueblo al que debe representar”.
El Primer Vicealcalde Randy Mastro —quien firmó la orden ejecutiva tras ser delegado por el alcalde— expresó que la administración estaba “decepcionada” por la decisión de Rosado. Rechazó el argumento de Kornstein de que la medida solo preserva el statu quo, señalando que el objetivo declarado de la orden es facilitar a las autoridades federales la persecución de pandillas criminales.
“No se trata de mantener el statu quo”, dijo Mastro. “Se trata de impedir que la ciudad se proteja contra pandillas criminales transnacionales violentas que han sido declaradas organizaciones terroristas y de cooperar con autoridades federales en investigaciones penales. Esto es un retraso, pero continuaremos defendiendo nuestros derechos legales”.
Mastro y el abogado de la administración, James Catterson, calificaron la demanda del Concejo como una “diatriba política disfrazada de demanda”.
En la demanda, los abogados del Concejo argumentan que la orden fue producto de un “acuerdo corrupto” entre el abogado defensor privado del alcalde y el Departamento de Justicia de Trump para que se retirara su acusación penal, lo que —alegan— viola la ley de conflicto de intereses de la ciudad.
“El conflicto de interés hace imposible que el alcalde haga lo que está intentando aquí y vuelve la orden ejecutiva ilegal, nula y sin efecto”, dijo Kornstein ante el tribunal.
El alcalde Adams, su abogado y altos funcionarios del DOJ han negado que exista algún acuerdo a cambio de favores.
Sin embargo, el alcalde anunció su intención de firmar la orden pocos días después de que el DOJ emitiera un memorando solicitando que se retiraran los cargos en su contra en febrero. Y Mastro solo firmó la orden después de que el juez federal Dale Ho oficialmente desestimara el caso a principios de este mes.
Además, el Concejo alega que aunque Adams delegó la firma de la orden en Mastro, no se apartó verdaderamente del proceso.
Mastro afirmó que firmó la orden tras realizar una “revisión independiente” y que esta está “estratégicamente limitada” para permitir la colaboración entre ICE, otras agencias federales y el Departamento de Corrección de la ciudad en investigaciones criminales, pero no en asuntos de cumplimiento migratorio civil.
El primer vicealcalde indicó que la ciudad y el gobierno federal aún no han definido un memorando de entendimiento que, según él, establecería de manera explícita lo que ICE podrá y no podrá hacer en Rikers.
No obstante, líderes del Concejo temen que el simple hecho de permitir a ICE operar en Rikers derive inevitablemente en que la agencia intente deportar a migrantes que no han cometido delitos violentos, violando así las leyes santuario de la ciudad. El Concejo y sus abogados argumentan que no confían en que la administración Trump cumpla con cualquier acuerdo que firme con la ciudad.
Kornstein citó las declaraciones del zar fronterizo de Trump, Tom Homan, quien prometió perseguir a inmigrantes indocumentados sin importar las leyes santuario locales como las de Nueva York.
“Tom Homan dijo… que hay que esquivar las leyes santuario”, dijo Kornstein. “Luego dijo que quiere a todos, no solo a los criminales graves; incluso a los que roban en tiendas. Los quiere a todos.”
