La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, se unió a otros 20 fiscales generales del país en la demanda para impedir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) condicione ilegalmente los fondos federales para víctimas de delitos a la cooperación de los estados con las medidas federales de control migratorio.
La Ley de Víctimas de Delitos (VOCA, por sus siglas en inglés) otorga más de 1000 millones de dólares en subvenciones a los estados cada año para apoyar a los sobrevivientes de delitos con servicios como atención médica, terapia, alojamiento y compensación por la pérdida de ingresos.
Los fondos también permiten a las víctimas y sus familias participar plenamente en el sistema de justicia penal tras un delito. Ahora, el Departamento de Justicia obliga a los estados a elegir entre abandonar las políticas de seguridad pública que protegen a todos los neoyorquinos, incluidas las comunidades inmigrantes, y renunciar a los fondos vitales de los que dependen millones de víctimas.
La Fiscal General James y la coalición solicitan al tribunal que anule estas condiciones ilegales y garantice que los sobrevivientes y sus familias puedan seguir accediendo a servicios esenciales.
A James se suman en la demanda los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
“El gobierno federal intenta utilizar los fondos para víctimas de delitos como moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir sus órdenes en materia de inmigración”, declaró la Fiscal General James.
“Estas subvenciones se crearon para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para garantizar que sigan cumpliendo ese propósito. Los neoyorquinos merecen un sistema de justicia que priorice su seguridad. No nos dejaremos intimidar para que abandonemos a ninguno de nuestros residentes”.
Cabe señalar que el Congreso promulgó la VOCA hace más de 40 años para abordar la desatención de las víctimas de delitos en el sistema de justicia penal.
Financiadas íntegramente por multas y sanciones derivadas de causas penales federales, las subvenciones de VOCA apoyan programas de compensación y asistencia directa para sobrevivientes, incluyendo servicios de defensa, terapia en crisis, exámenes forenses de agresión sexual, gastos funerarios y de entierro, y albergue de emergencia.
VOCA ha sido fundamental para mejorar el tratamiento de las víctimas de delitos graves, brindándoles la asistencia, el apoyo y los servicios necesarios para su recuperación tras el trauma de un delito y para facilitar su acceso al sistema judicial.
Los estados del país utilizan estos fondos para asistir a aproximadamente 10 millones de víctimas cada año. En 2025, casi 1400 millones de dólares en fondos de VOCA estarán disponibles para los estados.
Bajo las nuevas condiciones del Departamento de Justicia en materia de inmigración, se suspenderá la financiación de VOCA a cualquier estado o subbeneficiario que se niegue a dar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceso sin restricciones a las instalaciones, a notificar con antelación las fechas de liberación de las personas o a atender todas las solicitudes de control migratorio civil.
Estos requisitos contradicen directamente las políticas que Nueva York y muchos otros estados han adoptado para garantizar que las víctimas y los testigos puedan denunciar delitos sin temor a la deportación.
La Fiscal General James y la coalición argumentan que la pérdida de los fondos de la VOCA devastaría la red de programas de servicios para víctimas que los estados han construido durante décadas.
Sin estos fondos, los estados se verían obligados a reducir o cerrar los programas de compensación que cubren facturas médicas, gastos funerarios y salarios perdidos para los sobrevivientes, así como los programas de asistencia que ofrecen asesoramiento, refugio de emergencia, líneas telefónicas de crisis y apoyo legal.
La pérdida repentina de estos recursos interrumpiría los servicios para millones de sobrevivientes en todo el país, dejando a muchos sin acceso a la ayuda que necesitan para recuperarse de la violencia y el trauma, y socavando la seguridad pública en comunidades de todo el país.
En riesgo $212 millones
En Nueva York, están en juego más de 212 millones de dólares de fondos de VOCA. Estas subvenciones apoyan a miles de víctimas cada año, cubriendo necesidades urgentes como atención médica y kits de violación, limpieza de la escena del crimen, reubicación para garantizar la seguridad, gastos funerarios y de entierro, transporte a los tribunales y terapia a largo plazo.
Los fondos de VOCA también financian una red estatal de más de 250 programas comunitarios —muchos de ellos el único proveedor en condados rurales— que ofrecen líneas telefónicas de crisis, refugios para víctimas de violencia doméstica, defensores para acompañar a las víctimas a los tribunales y servicios especializados para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Sin estos fondos, los programas de todo el estado se verían obligados a cerrar o rechazar a las víctimas, lo que destruiría décadas de confianza construida con las comunidades inmigrantes y otras comunidades vulnerables, y dejaría a innumerables neoyorquinos sin el apoyo que necesitan para sanar, buscar justicia y reconstruir sus vidas.
La Fiscal General James y la coalición argumentan que el Departamento de Justicia (DOJ) está presentando a los estados una disyuntiva imposible: renunciar a millones de dólares en fondos asignados por el Congreso que apoyan a algunos de sus residentes más vulnerables tras un delito o socavar sus propias políticas de seguridad pública al desviar recursos estatales y locales a la aplicación de la ley federal de inmigración civil.
Aceptar estas condiciones ilegales, argumentan, destruiría la confianza entre las comunidades inmigrantes y el sistema legal, dificultando la búsqueda de justicia y la protección integral de las comunidades contra la delincuencia.
Los fiscales generales afirman que el intento del DOJ de presionar a los estados para que abandonen estas políticas manipulando fondos cruciales para las víctimas viola principios constitucionales fundamentales, como la separación de poderes y el federalismo.
Argumentan que las condiciones exceden la autoridad estatutaria del DOJ bajo la VOCA, socavan el poder del Congreso sobre el presupuesto, alteran el equilibrio federal-estatal y contravienen la Cláusula de Gastos de la Constitución y la doctrina de separación de poderes, así como la Ley de Procedimiento Administrativo.
La Fiscal General James y la coalición solicitan al tribunal que impida al Departamento de Justicia aplicar estas condiciones ilegales, que elimine los requisitos de control migratorio de las subvenciones de la VOCA de este año y que garantice que los estados sigan recibiendo los fondos que el Congreso destinó para apoyar a las víctimas de delitos y sus familias.
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