Un grupo de 17 fiscales estatales demócratas reforzaron una demanda interpuesta por varias organizaciones civiles del país contra las redadas del Servicio de Inmigración (ICE) que ocurren en Los Ángeles e instaron al juez a ordenar una pausa en esos operativos, desplegados hace más de un mes en la ciudad.
El pasado miércoles, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades demandaron al Gobierno de Donald Trump para impedir que los agentes migratorios continúen con las redadas, que se declaren inconstitucionales sus tácticas de arrestos y se permita a los inmigrantes detenidos acceder a abogados.
«Los fiscales generales apoyan la moción de los denunciantes para una orden temporal de restricción, en la que argumentan que ICE no está deteniendo a la gente basándose en ninguna sospecha razonable e individualizada, sino que está usando un perfil racial» en sus redadas, indica un comunicado conjunto.
Los fiscales, encabezados por Letitia James, de Nueva York, argumentan que agentes enmascarados del CE están haciendo redadas en barrios, iglesias, escuelas y negocios, en las que han sido detenidos residentes y ciudadanos de EE.UU. sin «sospecha razonable de mala conducta», lo que ha sembrado miedo en la población.
Los fiscales recuerdan que el estado de California ha sido escenario de otras redadas «discriminatorias y militarizadas» contra inmigrantes, especialmente mexicanos, y las compara con las acciones actuales del Gobierno de Trump, quien ha «elogiado la ‘Operación Espalda Mojada’ de 1954 como modelo», señalan.
Aunque la demanda se reduce a Los Ángeles, la coalición de fiscales acusa al Gobierno de hacer redadas en todo el país, incluyendo en tribunales de migración y en campos de cultivo en Nueva York, y denuncian una «cultura del miedo» entre los inmigrantes, quienes se están absteniendo de acudir a hospitales, escuelas o templos.
Desde que Trump inició su segundo mandato, fiscales y otras figuras demócratas han estado colaborando para reforzar demandas civiles contra las políticas del Gobierno republicano, y han entregado documentos en defensa de los «soñadores», los inmigrantes haitianos o los servicios de ayuda al exterior de EE.UU.
Cabe indicar que las redadas se producen a pocos días después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una nueva ley fiscal y presupuestaria que inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Trump, con fondos destinados a la detención de inmigrantes, la construcción de centros de detención y el transporte de deportados.
Los Ángeles se ha mantenido como uno de los principales focos de redadas migratorias desde el 6 de junio, cuando comenzó un operativo federal que desató protestas por la presencia en la ciudad de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina de Protección Fronteriza. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre esa fecha y el 22 de junio más de 1.600 personas fueron detenidas con fines de deportación.
Deportaciones «moralmente repugnantes»
Frente a este oscuro panorama, el arzobispo estadounidense Robert W. McElroy, alto cargo de la Iglesia católica, crítico la política de detenciones y deportaciones de inmigrantes dispuesta por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a las que tildó de «inhumanas» y «moralmente repugnantes».
McElroy, quien desde enero pasado también ejerce como arzobispo en Washington, mostró en una entrevista con CNN su rechazo a la ofensiva migratoria de la Administración Trump e instó a una política más justa y compasiva.
«Es justo poder controlar nuestras fronteras. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora va mucho más allá. Es una deportación masiva e indiscriminada de hombres, mujeres, niños y familias que literalmente destroza, y tiene la intención de hacerlo», afirmó.
La entrevista de McElroy fue hecha en Roma el mismo día en el que el mandatario visitó el polémico centro de detención de inmigrantes en Florida conocido como ‘Alcatraz caimán’.
Al respecto, el arzobispo sostuvo que el mecanismo empleado por Trump se basa en «crear un profundo miedo» entre los millones de indocumentados en Estados Unidos, la mayoría de los cuales «han trabajado duro, convivido con las leyes y han contribuido enormemente a la sociedad». «Esto no solo es incompatible con la enseñanza católica, sino que es inhumana y moralmente repugnante», aseveró.
El Gobierno de Trump tiene el derecho de deportar a gente que ha cometido delitos graves, y por ello McElroy no cree que los estadounidenses tengan objeciones, «pero no es eso: esto es simplemente un esfuerzo para intentar atraer una sensación de terror a aquellos que están indocumentados».
McElroy fue designado por el papa Francisco para dirigir la arquidiócesis de la capital estadounidense el pasado enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Trump. Además, fue uno de los cardenales que participó en el cónclave de mayo que eligió a León XIV, el primer papa estadounidense.
