Grupos de exiliados de Venezuela pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diferir la deportación por al menos 18 meses de los inmigrantes venezolanos tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que protegía a un total de 600.000 de ellos.
Los Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) solicitaron en una carta abierta a Trump que emita una salida forzosa diferida (deferred enforced departure, DED) para proteger de la deportación a los connacionales llegados antes del 6 de octubre del presente año.
Las agrupaciones, con sede en Miami, consideraron que esta medida, que Trump ya implementó durante su primera presidencia, en enero de 2021, «refuerza la política exterior de EE.UU., al mantener la presión diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro sin comprometer su agenda migratoria».
«Esta medida humanitaria: salvaguarda vidas, evitando retornos forzosos a condiciones de inseguridad extrema. Apoya la economía estadounidense, preservando la estabilidad de una fuerza laboral calificada y productiva», sostuvieron.
Su pronunciamiento ocurre tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitió el viernes a la Administración de Trump revocar el TPS de los venezolanos, con cerca de la mitad de ellos con permisos expirados en abril, y el resto con vencimiento previsto para noviembre próximo.
La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también pidió al Gobierno estadounidense que revise en un «tiempo perentorio» su política migratoria tras dicha decisión.
Similar a la PUD, los exiliados alertaron de que «la crisis humanitaria en Venezuela persiste con extrema gravedad», pues «la represión política, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y el colapso de los servicios básicos han forzado el desplazamiento de más de siete millones de personas».
Las asociaciones resaltaron los efectos en Florida, donde residen casi la mitad, el 49 %, de los cerca de 770.000 venezolanos que hay en Estados Unidos, la mayoría llegados desde la década de 2010, en la que Maduro asumió el poder.
El Gobierno de Trump busca acelerar la deportación de inmigrantes venezolanos mientras intensifica la presión sobre el régimen de Maduro. Desde agosto, las fuerzas estadounidenses aseguran haber destruido al menos cinco embarcaciones y abatido a más de 20 personas a las que vinculan con el «narcoterrorismo» procedente de Venezuela.
«Reconocemos y valoramos su compromiso con la seguridad nacional y el Estado de derecho. El DED constituye una solución temporal, responsable y compasiva, que se alinea con los precedentes de su propia administración y con la tradición humanitaria que distingue a los Estados Unidos ante el mundo», concluyeron VEPPEX y AMAVEX.
En riesgo inmediato
Cabe indicar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló el viernes a favor de la Administración de Donald Trump y le permite de nuevo revocar el estatus de protección temporal (TPS) poniendo en riesgo de deportación a cerca de 300.000 migrantes venezolanos.
El tribunal falló, con seis votos a favor y tres en contra, dar la razón al Departamento de Seguridad Nacional, y contravenir la decisión de un tribunal de distrito de California que negó al gobierno de Trump la posibilidad de suspender el TPS para unos 600.000 inmigrantes.
El fallo deja a 350.000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata, mientras otros 250.000 venezolanos quedarán desprotegidos el 7 de noviembre, fecha en que expirará el amparo para ese grupo, mientras que la decisión podría no afectar por el momento beneficiarios haitianos del TPS.
«Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado», indica la opinión de la mayoría en referencia a una decisión anterior en el mismo caso que daba la razón al gobierno de Trump en el mismo caso por la vía de emergencia.
Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la decisión de la mayoría. En su opinión contraria al fallo, Jackson aseguró que «no puedo estar de acuerdo con este interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza».
El Gobierno pidió al Supremo a finales de septiembre que se le permitiera retirar las protecciones contra la deportación que había sido extendida por orden de un juez federal.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Universidad de California Los Ángeles, que hace parte de los abogados demandantes, calificó el fallo como “la señal más extrema» de que la Corte Suprema «ha abandonado el derecho por la política».
El fallo del Tribunal Supremo es parte de una disputa legal que inició contra el amparo concedido por el expresidente Joe Biden en 2021 y que amplió en 2023 para cobijar a un mayor número de inmigrantes, que ingresaron a EE.UU. de forma irregular.
En febrero pasado, la Casa Blanca anunció el fin del amparo, desde entonces, tribunales inferiores bloquearon la medida en varias ocasiones, generando un largo proceso de apelaciones que nuevamente parece concluir con la autorización del Supremo para revocar las protecciones a más de 600.000 migrantes.
Por su parte, Jéssica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que representa a los venezolanos, advirtió que «no permanecerán en silencio ante tal injusticia», por lo que invitan a los afectados y el público en general a la Semana de Acción para Proteger a las Familias del TPS del 6 al 10 de octubre.
