En un momento crítico para la educación en Estados Unidos, los congresistas Adriano Espaillat (NY-13), Jesús “Chuy” García (IL-04) y Frederica Wilson (FL-24) encabezaron una coalición de 77 legisladores que exige al Departamento de Educación y al Departamento de Justicia que restablezcan protecciones esenciales para los estudiantes aprendices de inglés (English Learners, EL). La medida llega después de que ambas agencias rescindieran una guía federal de 2015 que aclaraba las obligaciones de los estados hacia estos alumnos, un retroceso que, según los legisladores, amenaza con debilitar la aplicación de las leyes existentes y dejar sin amparo a millones de familias.
La carta enviada por los congresistas reclama que se restituya la guía de 2015, se financien plenamente y se doten de personal la Oficina de Adquisición del Idioma Inglés (OELA) y la Oficina de Derechos Civiles (OCR), y se restauren los mecanismos de supervisión y cumplimiento. Además, los legisladores piden que las agencias aclaren cómo harán cumplir las leyes y precedentes vigentes en la práctica.
El congresista Adriano Espaillat, primer dominicano-estadounidense electo al Congreso de Estados Unidos, expresó con firmeza: “Cada estudiante en nuestra nación merece la oportunidad de aprender, crecer y alcanzar sus metas. Sin embargo, las últimas acciones del Departamento de Educación están enfocadas en despojar del progreso que hemos logrado para apoyar a millones de estudiantes aprendices de inglés. No podemos darnos el lujo de dejar atrás a estos estudiantes y sus familias. Debemos hacer todo lo necesario para revertir el rumbo y establecer protecciones que les ayuden a prosperar.”
Por su parte, el representante Jesús “Chuy” García, quien vivió en carne propia los retos de aprender inglés siendo niño inmigrante, advirtió sobre la gravedad de la decisión: “Esta administración está haciendo todo lo posible para crear una clase social inferior al negar incluso el derecho más básico, como la educación, a las personas con raíces inmigrantes. Casi 5 millones de estudiantes aprendices de inglés en todo el país dependen de que las escuelas cumplan con sus obligaciones legales en materia educativa, y la mayoría de ellos son ciudadanos estadounidenses. Yo fui uno de esos niños, y sin los recursos adicionales que me ayudaron a volverme fluido en inglés, no habría prosperado. Quiero ser claro: la ley sigue siendo la ley; eliminar la guía envía una señal peligrosa de que cumplir es opcional. Este retroceso socava la transparencia, debilita la aplicación de la ley y dificulta que los padres con dominio limitado del inglés tomen decisiones informadas sobre la educación de sus hijos.”
La representante Frederica Wilson, cuyo distrito en el sur de Florida concentra comunidades de inmigrantes, destacó que la decisión afecta directamente a miles de familias trabajadoras: “Represento a una comunidad rica en inmigrantes. En el sur de Florida —y en todo el país— muchos de nuestros niños en las escuelas son aprendices de inglés que simplemente intentan construir su futuro. Estados Unidos está construido por inmigrantes de todos los ámbitos de la vida, sin embargo, esta administración no se detendrá ante nada para aterrorizar a los inmigrantes por todos los medios posibles, incluso apuntando a los niños en las aulas. Arrebatar recursos y orientación a los aprendices de inglés es una decisión cruel y tonta. Nuestro sistema educativo siempre ha tenido la obligación de dar la bienvenida a cada niño que cruza nuestras puertas. Eliminar estos recursos para el aprendizaje del inglés socava los derechos de millones de niños, debilita nuestra capacidad para ayudarlos a convertirse en hablantes del idioma que el Presidente dice querer, y traiciona el compromiso de esta nación con los inmigrantes. Esta decisión debe revertirse de inmediato.”
El reclamo de los legisladores recibió también el respaldo de organizaciones comunitarias y de defensa de los derechos civiles. Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, la mayor organización nacional de defensa de los latinos, afirmó: “Rescindir esta guía de derechos civiles es el último ataque de la administración Trump contra los niños aprendices de inglés. Poner fin a la guía no debe ser una excusa para negar el derecho de un estudiante a una educación de calidad. Respaldamos el llamado del representante García para que se restituya de inmediato la guía.”
Un retroceso con consecuencias nacionales
La decisión de eliminar la guía de 2015 no solo implica un cambio administrativo. Según los expertos, abre la puerta a una menor supervisión en la aplicación de la Ley de Educación Primaria y Secundaria y la Ley de Derechos Civiles, que protegen a los estudiantes aprendices de inglés. Estos alumnos, que suman cerca de 5 millones en todo el país, dependen de apoyos especializados para superar la barrera lingüística y acceder a una educación equitativa.
Sin esta guía, los padres con dominio limitado del inglés también verían reducida su capacidad de tomar decisiones informadas sobre la educación de sus hijos, lo que genera un efecto dominó en comunidades enteras.
Una batalla política y social
Los congresistas sostienen que la eliminación de esta orientación refleja un patrón más amplio de políticas que afectan a los inmigrantes en distintas áreas, desde la seguridad laboral hasta la educación. Para ellos, la medida busca marginar a comunidades enteras al negar derechos básicos como la educación de calidad.
El debate se da en un contexto de creciente polarización política en torno a la inmigración y los derechos civiles. Sin embargo, la coalición de 77 legisladores que firmó la carta envía un mensaje claro: defender a los aprendices de inglés no es solo un asunto de justicia educativa, sino también un compromiso con los valores fundamentales del país.
