La congresista demócrata de Long Island, Laura Gillen (NY-04), se unió a una coalición bipartidista de legisladores, entre ellos las congresistas María Elvira Salazar (Republicana por Florida, FL-27) y Veronica Escobar (Demócrata por Texas, TX-16), para anunciar la introducción del proyecto de la «Ley de Dignidad» (Dignity Act of 2025) que busca una reforma migratoria integral en Estados Unidos.
Esta legislación dada a conocer el martes 15 de julio en conferencia de prensa en el Triángulo de la Cámara de Representantes, frente al Capitolio en Washington D.C., es la reforma migratoria más integral impulsada por miembros de ambos partidos que se ha presentado ante el Congreso de EE,UU.
Gillen, quien representa al Distrito Congresional NY-04 (incluye el centro y sur del condado de Nassau), es una de las principales impulsoras de la introducción de este proyecto de ley integral «Dignity Act of 2025» que introduce reformas significativas en varios aspectos del deficiente sistema migratorio estadounidense:
– Otorgaría estatus laboral legal a ciertos inmigrantes respetuosos de la ley que ya viven y trabajan en Estados Unidos;
– Invertiría en infraestructura de seguridad fronteriza y modernizaría nuestros puertos de entrada terrestres;
– Actualizaría el proceso de selección de solicitantes de asilo para reducir los tiempos de espera;
– Ofrecería una vía de acceso a la ciudadanía para los «Soñadores» Dreamers.
«La inmigración es uno de los temas más importantes que escucho de los habitantes de Long Island. Cuando llegué al Congreso, dije que trabajaría con cualquier persona de cualquier partido para finalmente arreglar nuestro sistema migratorio fallido», declaró la congresista Gillen.
«Me complace estar entre mis colegas de ambos partidos para avanzar en esta tarea crucial con la presentación de la Ley de Dignidad, una legislación innovadora que protegerá nuestras fronteras y, al mismo tiempo, brindará una vía para que los inmigrantes respetuosos de la ley trabajen legalmente y permanezcan con sus familias mediante el trabajo y la buena conducta».
Por su parte, la congresista Salazar afirmó, «La Ley de Dignidad es un proyecto de ley revolucionario que ofrece la solución a nuestra crisis migratoria: asegurar la frontera, detener la inmigración ilegal y brindar una oportunidad merecida para que los inmigrantes de larga duración se queden aquí y trabajen».
«Sin amnistía. Sin ayudas. Sin ciudadanía. Solo rendición de cuentas y un camino hacia la estabilidad para nuestra economía y nuestro futuro», recalcó.
A su vez, la congresista Escobar dijo, «He presenciado de primera mano las devastadoras consecuencias de nuestro deficiente sistema migratorio y, como congresista, me tomo muy en serio mi obligación de proponer una solución. Un compromiso realista y sensato es alcanzable, y es especialmente importante dada la urgencia del momento. Considero que la Ley de Dignidad de 2025 es un primer paso crucial para reformar este sistema deficiente».
«Los inmigrantes, especialmente aquellos que llevan décadas en Estados Unidos, constituyen un componente fundamental de nuestras comunidades, así como de la fuerza laboral y la economía estadounidenses. La gran mayoría de los inmigrantes son residentes trabajadores y respetuosos de la ley; y, a pesar de lo difamados que han sido por el gobierno, la mayoría de los estadounidenses reconoce que encontrar una solución es lo mejor para nuestro país».
«Podemos promulgar leyes que incorporen tanto la humanidad como la seguridad, y la Ley de Dignidad 2025 ofrece un enfoque bipartidista y equilibrado que devuelve la dignidad a las personas que han intentado desenvolverse en un sistema fallido durante demasiado tiempo», remarcó Escobar.
«La reintroducción de esta legislación incluye cambios que reflejan los desafíos del entorno político actual. Me enorgullece mi trabajo bipartidista con la Representante Salazar, quien ha sido una firme aliada en este tema desde diciembre de 2022. Esperamos que el Congreso aproveche la oportunidad para dar un paso importante en este asunto», culminó.
La «Ley de Dignidad» (Dignity Act of 2025) está copatrocinada por un grupo bipartidista de Representantes del Congreso integrado por: Adriano Espaillat (NY-13), Dan Newhouse (WA-04), Mike Lawler (NY-17), David Valadao (CA-22), Mike Kelly (PA-16), Brian Fitzpatrick (PA-01), Marlin Stutzman (IN-03), Don Bacon (NE-02) y Young Kim (CA-40), Susie Lee (NV-03), Salud Carbajal (CA-24), Mike Levin (CA-49), Hillary Scholten (MI-03), Nikki Budzinski (IL-13), Jake Auchincloss (MA-04) y Adam Gray (CA-13).
El texto completo de la «Ley de Dignidad 2025» se puede encontrar haciendo clic aquí.

Protegiendo a indocumentados
De esta manera, la coalición bipartidista de 20 congresistas de Estados Unidos presentó el proyecto de la «Ley de Dignidad» que busca detener la inmigración indocumentada y reforzar la seguridad de la frontera, pero también otorgaría protección temporal a trabajadores que ingresaron de forma irregular al país antes del 2021.
Los congresistas pidieron al presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, poner a discusión el proyecto legislativo.
El plan propone otorgar un estatus legal a los inmigrantes indocumentados que hayan llegado a EE.UU. antes de 2021. La protección brindaría un permiso de trabajo a estos extranjeros por hasta 7 años.
Los favorecidos deberán pagar una indemnización, hacer una revisión de antecedentes rutinario y reportarse regularmente al Departamento de Seguridad Nacional.
El estatus sería renovable basado en buena conducta y restitución. Sin embargo, los favorecidos por este estatus legal no tendrían derecho a acceder a ningún beneficio federal ni un camino a la ciudadanía. No está claro si se les permitiría obtener permisos de viaje a sus países de origen.
Los más favorecidos serían los inmigrantes amparados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los llamados «Soñadores» o «Dreamers» a los que se les otorgaría una vía para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
La disposición también haría obligatorio el programa de verificación de empleo E-Verify para evitar la contratación de indocumentados.
Además, el proyecto de ley reforma el sistema de asilo y no permite la liberación de solicitantes dentro del país mientras se sigue su proceso.
También actualiza las categorías de visas para alinearlas con las necesidades actuales y refuerza la seguridad fronteriza.
«Es un proyecto de ley revolucionario que ofrece la solución a nuestra crisis migratoria: asegurar la frontera, detener la inmigración ilegal y brindar una oportunidad merecida para que los inmigrantes de larga duración puedan quedarse aquí y trabajar», enfatizó en la conferencia de prensa la congresista republicana María Elvira Salazar .
Por su parte, Escobar dijo que el proyecto es «un compromiso realista y sensato» que se puede aprobar y urgió a sus colegas demócratas y republicanos a apoyarlo. «Debemos tomarnos en serio este momento, es nuestra obligación alcanzar una solución», indicó.
Desde 2021, Salazar y Escobar han presentado el proyecto en un intento de buscar apoyo bipartidista pero no lo han logrado.
A diferencia de las iniciativas anteriores, este año la propuesta legislativa se financia íntegramente mediante pagos de restitución y cuotas de solicitud que deberán desembolsar los inmigrantes, sin necesidad de usar el dinero de los contribuyentes, destacaron las congresistas.
La propuesta legislativa se presenta en medio del aumento de las redadas migratorias ordenadas por el Gobierno del presidente republicano Donald Trump, que ha prometido continuar las detenciones de inmigrantes tras la aprobación de una ley presupuestaria que convierte al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la mayor agencia de seguridad del país.
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