Defendiendo los derechos constitucionales de Estados Unidos, la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island expresa su total respaldo a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien recientemente presentó la «Ley de Policías Locales, Delitos Locales», un proyecto que busca prohibir la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los policías locales del estado neoyorquino para la aplicación de la política antimigratoria del actual presidente Donald Trump.
La Long Island Hispanic Bar Association (LIHBA) también insta a la comunidad y a los funcionarios electos a no permanecer en silencio («Don’t Stay Silent») cuando los principios están en juego en medio del actual clima de «desorden e inestabilidad» causado por prácticas de agentes federales consideradas «inhumanas» y que ignoran el debido proceso.
El siguiente es el comentario público emitido por LIHBA sobre la ley «Local Cops, Local Crimes Act»:
«Hoy, expresamos nuestro firme apoyo a la Ley de Policías Locales, Delitos Locales propuesta por la Gobernadora y la felicitamos por adoptar una postura de principios en defensa de la gobernanza constitucional, la seguridad pública y el estado de derecho.
Respaldamos firmemente el estado de derecho. Sin embargo, la forma en que se está llevando a cabo la aplicación de las leyes de inmigración en la actualidad ha creado un desorden e inestabilidad significativos y es francamente inhumana.
Cada vez más, las acciones de aplicación de la ley se asemejan a una demostración pública de fuerza en lugar de una actuación policial mesurada y legal, lo que genera serias preocupaciones sobre el abuso flagrante de poder y la erosión de las garantías constitucionales.
Cuando las prácticas de aplicación de la ley ignoran el debido proceso y desdibujan los límites jurisdiccionales, se socava la confianza pública y se debilita la seguridad de la comunidad.
Esta legislación promueve 3 protecciones fundamentales diseñadas para restaurar la claridad, la rendición de cuentas y el orden legal.
– Primero, reafirma el requisito constitucional fundamental de que las fuerzas del orden no pueden ingresar al domicilio de una persona sin una orden judicial. La inviolabilidad del hogar y el derecho al debido proceso son pilares de nuestra democracia, y ninguna agencia debe operar fuera de esos límites.
– Segundo, la Ley impide que las agencias policiales estatales, del condado y locales celebren acuerdos 287(g), garantizando que la policía local se centre en los delitos locales y la seguridad de la comunidad: no en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Esta distinción es esencial para mantener la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven.
– Tercero, la legislación prohíbe el uso de centros de detención locales para redadas a gran escala, dejando claro que los recursos estatales no deben utilizarse para promover los esfuerzos federales de detención de inmigrantes.
El estado de derecho no es incompatible con la humanidad; se fortalece con ella. Nuestro sistema legal fue diseñado para promover tanto la seguridad pública como la dignidad humana, y tenemos la obligación de defender los principios constitucionales de una manera que refleje la equidad, el debido proceso y el respeto por la vida humana.
Hacemos un llamado a nuestros funcionarios electos en todos los niveles para que apoyen la Ley de Policías Locales, Delitos Locales (Local Cops, Local Crimes Act). Este no es un asunto partidista; es un asunto constitucional. Restablecer prácticas de aplicación de la ley legales, ordenadas y humanas es esencial para reconstruir la confianza y garantizar la justicia para todos.
Esta legislación representa un paso significativo hacia la restauración de la claridad, la rendición de cuentas y la estabilidad en nuestro sistema de justicia. Merece un apoyo total e inmediato».
Para conocer más sobre la importante labor que cumple la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island visite su sitio web en www.lihba.org .
