La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y una coalición de otros 22 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la Administración Trump por recortar «abrupta e ilegalmente» miles de millones de dólares en fondos vitales para la salud estatal.
El 24 de marzo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estaados Unidos (HHS) anunció la recuperación de más de $11 mil millones en fondos previamente asignados a los estados para iniciativas de salud pública, salud mental y adicciones, incluyendo casi $400 millones para Nueva York.
Los fiscales generales argumentan que estos recortes repentinos e imprudentes violan la ley federal, ponen en peligro la salud pública y tendrán consecuencias devastadoras para las comunidades de todo el país. La Fiscal General James y la coalición solicitan al tribunal que impida de inmediato que la administración republicana rescinda la financiación y evite el colapso de servicios de salud cruciales.
En esta demanda se unen a la Fiscal General James de Nueva York los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Consecuencias «devastadoras»
De acuerdo con la demanda, presentada en la corte federal para el distrito de Rhode Island, el Departamento de Salud y Recursos Humanos, que dirige Robert F. Kennedy Jr., envió el pasado 24 de marzo avisos a los departamentos de salud estatales y locales informando sobre el recorte de los fondos sin una notificación previa de que eso ocurriría.
Los fondos asignados por el Congreso que buscan eliminar, como parte de los esfuerzos de la Administración Trump de recortar gastos en el Gobierno, son usados para una amplia gama de necesidades urgentes de salud pública, incluida la identificación, el seguimiento y el tratamiento de enfermedades infecciosas; garantizar el acceso a las vacunas, prevención del suicidio y atención de salud mental, y modernizar la infraestructura, de acuerdo con un comunicado conjunto.
Aseguran que si no se restablece la financiación, habrá que disolver y desmantelar programas e iniciativas clave de salud pública en todo el país, miles de trabajadores perderán sus empleos y habrá consecuencias «devastadoras» para las comunidades a través del país.
Con esta acción legal la coalición busca que el tribunal emita una orden de restricción temporal para mantener y restaurar inmediatamente la financiación de la salud pública «debido al daño irreparable, que las jurisdicciones sanitarias locales sufrirían».
Cabe señalar que en Nueva York se han cancelado ya más de 400 millones de dólares, incluidos más de 300 millones para el Departamento de Salud del estado, la Oficina de Salud Mental y la de Apoyo a las Adicciones, de acuerdo con la fiscal general, Letitia James.
«La decisión ilegal e irresponsable de la Administración Trump de recuperar fondos de salud vitales es un ataque al bienestar de millones de estadounidenses”, afirmó James.
El Departamento de Salud también anunció el 27 de marzo que despedirá a 10.000 empleados, que se suman a otros 10.000 que voluntariamente optaron por dejar su trabajo en esta agencia desde que Trump asumió el cargo el pasado enero y es parte de la reestructuración que hace el Gobierno.
Precisamente, cientos de trabajadores de Salud , desde puestos de alta dirección a médicos, empezaron a recibir este 1 de abril las notificaciones de despido. Se prevé que los despidos reduzcan el Departamento de Salud a 62.000 puestos.
(Con información de la Oficina de la Fiscal General de NY y la agencia EFE)
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