USCIS investiga 2.500 procesos de ciudadanía por posible fraude

 

Más de 2.500 procesos de naturalización realizados en el país se hallan en la mira del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) por posibles casos de fraude durante el trámite, reveló hoy la agencia.

Claire Nicholson, vocera de USCIS, confirmó que de esa cifra por lo menos un centenar cuenta con una sospecha razonable y ya ha sido remitido al Departamento de Justicia (DOJ) para que evalúen tomar alguna acción legal en contra los inmigrantes, incluida el despojarlos de la ciudadanía estadounidense.

En junio pasado, la Administración Trump formó dentro de USCIS un grupo especializado de investigadores y abogados, para estudiar casos en los que pudo haber fraude en las aplicaciones a nivel nacional.

Dan Renaud, director asociado de operaciones de esta agencia federal, dijo que evalúan casos en los que se han identificado que los inmigrantes usaron más de una identidad, a veces hasta tres.

Los esfuerzos de este equipo se enfocan en los registros de huellas dactilares recogidas desde el año 1990, las cuales no estaban en archivos digitales y por ende no podía ser comparadas con los más recientes.

Un calculo del Departamento de Seguridad Interna (DHS) en 2011 advirtió que unos 315.000 inmigrantes con antecedentes podrían haber escapado a los radares de inspección de las autoridades de Inmigración.
Activistas y abogados creen que estos esfuerzos de la actual Administración son para atemorizar a la comunidad inmigrante.

Fernando Romo, abogado de inmigración, advirtió que las autoridades federales solían enfocar en perseguir a inmigrantes que hubieran violado los derechos humanos o personas vinculadas con crímenes de lesa humanidad.

«Lo preocupante es que ahora estarían enfocándose en cualquier omisión, incluso en casos de personas que llevan décadas siendo ciudadanos», agrega el abogado, quien no obstante resalta que el proceso de desnaturalización se debe realizar frente a un juez federal.

Los inmigrantes que enfrentan mayor riesgo son aquellos que fueron deportados desde la frontera en la década de los 80 y 90 y no lo reportaron, así como aquellos que recibieron órdenes de deportación y decidieron cambiarse el nombre.

 

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