Miles de estudiantes indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) reclaman hoy, domingo 9 de abril de 2017, durante la "Megamarcha 2017" de Dallas (Estados Unidos), más seguridad para ellos mismos y sus familias, que se sienten "continuamente amenazadas" por la fuerte retórica migratoria del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump. EFE/Alex Segura
Una defensora de la inmigración de Long Island estuvo entre media docena de demandantes cuyos argumentos en contra de una política federal de deportación de jóvenes inmigrantes fueron escuchados el martes por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Eliana Fernández, residente de Patchogue, inmigrante ecuatoriana y principal organizadora de la organización sin fines de lucro Make The Road New York, se encontró entre los que demandaron revertir la revocación del presidente Donald Trump del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que protege de la deportación de niños traídos a EE.UU. por inmigrantes indocumentados.
Fernández estaba entre las 200 personas que marcharon 230 millas durante 16 días a Washington, D.C. antes de la audiencia para crear conciencia sobre este importante tema que preocupa a familias inmigrantes a nivel local y nacional.
«La razón principal por la que estoy aquí marchando y soy parte del movimiento es por mis hijos», dijo Fernández a Democracy Now. Ella es una madre de dos hijos de 31 años y receptora de DACA que llegó a los 14 años. «Mis hijos son todo, son mi mayor inspiración».
En el balance de la atención de la Corte Suprema está el destino de 660,000 beneficiarios de DACA en todo el país que buscan permisos de trabajo temporales y otro alivio a la deportación.
El presidente Barack Obama implementó el programa DACA en 2012 y el actual mandatario Donald Trump lo rechazó hace dos años.
La marcha en defensa de DACA concluyó con manifestaciones el martes en la capital de EEUU mientras los nueve jueces de la Corta Suprema escuchaban los argumentos durante cerca de 80 minutos.
De esta manera, el futuro de miles jóvenes indocumentados conocidos como «Soñadores» queda en manos del Tribunal Supremo, que debe pronunciarse sobre el programa de DACA al que se opone el Gobierno.
Los magistrados escucharon los argumentos de las partes y tienen hasta junio próximo para expresar su opinión sobre el amparo que protege a miles de «dreamers» de la deportación y al que Trump pretende poner fin.
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