Temor en inmigrantes por la nueva ‘Regla de Carga Pública’ de Trump

 

La comunidad inmigrante en los Estados Unidos ve con temor la decisión del presidente Donald Trump de rechazar los permisos de residencia o visas para los beneficiarios de programas sociales, quienes pueden verse afectados por la reciente regla de “Carga Pública”, algo que perjudicará, sobre todo, a los niños que «el futuro» del país, indicaron defensores de los inmigrantes.

«Los beneficios son para los niños», dijo Beltrán, un guatemalteco que desde hace 14 años reside en EE.UU. sin papeles, quien recordó que «con el tiempo esos niños pueden ser el futuro de este país».

Beltrán vive en el popular barrio Columbia Heights, a no muchos kilómetros de la Casa Blanca, donde reside una importante comunidad hispana, pero también de personas originarias de países africanos y del Oriente Medio.

El inmigrante centroamericano afirmó que «hay veces que el padre o la madre no tienen permiso legal» y admitió que por el miedo a que los vayan a buscar a la casa para ser arrestados los inmigrantes no aplican a programas sociales.

«No puede uno ir a aplicar a un seguro médico o quizás no puede tener un beneficio en este país por el miedo», confesó este hombre, quien señaló que volver a Guatemala sería «un poco complicado», porque «no hay trabajo, no hay empleo, no hay nada».

Por su parte, la directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo, Catalina Sol, cuya organización atiende a inmigrantes, principalmente latinoamericanos, explicó que la regulación anunciada por la Administración de Trump está diseñada para causar «miedo».

Y aclaró que los servicios sanitarios financiados públicamente están dirigidos, sobre todo, a residentes permanentes durante 5 años, no a quienes están en proceso de obtener esta condición.

Pero avisó de que muchos padres ahora pueden tener miedo de solicitar estos beneficios para sus hijos, en su mayoría nacidos en el país, ya que puede afectar su proceso migratorio.

«Es discriminatorio de muchas maneras, es racista y está diseñada para dar la idea de que cualquier uso legítimo de beneficios públicos me pueden dañar a la larga», advirtió.

«Daña el acceso de las personas que tienen servicios, daña la red social, daña la salud mental de nuestra comunidad, alimenta el miedo y alimenta nuestro sentimiento que estamos en un momento de persecución», concluyó.

 

 

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