Manifestantes en el bajo Manhattan, que buscan garantizar la entrega adecuada del correo en Rikers Island. Instituto de Justicia Urbana
Activistas buscan asegurarse de que los reclusos en Rikers Island puedan seguir recibiendo correo, después de que la ciudad tomó medidas para extender una controvertida medida que limita la comunicación con el mundo exterior.
La medida tenía todo el correo enviado para ser escaneado y presentado a los reclusos en una tableta virtual por parte de los reclusos. Además, la ley requería que todos los paquetes se enviaran a una instalación fuera del sitio para ser inspeccionados por posible contrabando, igualmente, limitaba la lista de proveedores que serían elegibles para enviar paquetes a los reclusos.
A pesar de las inquietudes, el Departamento Correccional (DOC) ha buscado extender la orden, que se instituyó al comienzo de la pandemia de COVID-19.
Aún no está claro si los tribunales concederán la solicitud del DOC.
Los defensores se reunieron en el Bajo Manhattan para protestar la ley y señalaron las condiciones porosas en Rikers Island que existen fuera de esta ley en particular.
En lo que va del año, 18 reclusos han muerto en Rikers, marcando la mayor cantidad en un solo año en casi una década.
Mientras familiares buscan contactar a sus seres queridos encerrados dentro de la prisión, las reglas actuales los han disuadido. Y, según los informes, los reclusos no han recibido la notificación adecuada de que se les entregó su correo.
Todo esto ocurre cuando el gobierno federal está considerando tomar el control de la prisión.
Un juez federal celebró una audiencia el jueves entre funcionarios federales y abogados de la ciudad que buscaban mantener el control, pero no se llegó a una decisión.
Mientras tanto, los defensores han lamentado la situación y han pedido una toma de control federal, algo que el gobierno de la ciudad ha resistido.
“Las condiciones en la cárcel siguen siendo peligrosamente inseguras y el Equipo de Vigilancia sigue profundamente preocupado por la alarmante cantidad de muertes y la violencia entre las personas bajo custodia, la falta de un modelo efectivo de vivienda restrictivo y varias facetas de las prácticas de uso de la fuerza y prácticas operativas del Departamento”, dice el informe.
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