Piden a los dueños de Greyhound impedir las ‘redadas’ en sus autobuses

 

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) pidió a los dueños de la compañía de transporte Greyhound que impidan a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) abordar a sus autobuses sin orden judicial en busca de indocumentados para su deportación.

Estas prácticas por parte de autoridades migratorias han sido documentadas durante más de un año por ACLU, por lo que instan a FirstGroup Plc, empresa matriz que engloba a Greyhound, a que detenga la «detención y deportación de sus clientes», informó la organización de defensa de los derechos civiles.

«Hay una guerra creciente en este país contra los inmigrantes. Greyhound es cómplice de ‘vender’ a sus clientes, independientemente de su estatus migratorio», dijo Sylvia Ruiz, subdirectora de campañas de justicia para inmigrantes de ACLU.

La misiva fue dirigida este martes a FirstGroup, ya que, explicaron en un comunicado, en repetidas ocasiones se han dirigido al director ejecutivo de Greyhound, David Leach, sobre las «redadas» llevadas a cabo bajo la apariencia de «controles de transporte».

«Ahora pedimos que intervenga FirstGroup para poner fin a esta práctica por parte de su subsidiaria para que pueda cumplir con los valores declarados de su empresa», indica el documento.

ACLU considera que al subir a los autobuses y preguntar sobre el estatus migratorio de los pasajeros, los agentes de CBP violan los derechos constitucionales de los mismos al ser objeto de hostigamiento, registros y confiscaciones sin orden judicial debido a un claro perfil racial.

Señalan que, al permitir estas acciones, Greyhound respalda las «políticas inhumanas» del Gobierno del presidente Trump, pues, como negocio privado, tienen el derecho, de acuerdo a la Cuarta Enmienda constitucional, denegar el permiso a CBP a abordar y registrar sus autobuses sin causa probable o una orden judicial.

Sin embargo, agrega el documento, Greyhound se ha negado a ejercer este derecho o comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a CBP, para informarles que no dará su consentimiento para que los agentes suban «ilegalmente» a sus autobuses.

Tras analizar los poderes de los agentes migratorios, el Tribunal Supremo federal concluyó que, «automóvil o no automóvil», debe haber una causa probable para la búsqueda razonable de una persona, y por lo tanto los oficiales deben tener «causa probable para abordar y buscar infracciones de inmigración», considera ACLU.

«Los derechos de todos los pasajeros que se están perfilando racialmente en el proceso, le pedimos que intervenga de inmediato para cambiar la política de Greyhound y rechace el permiso de los agentes de CBP para abordar los autobuses sin una orden judicial».

CBP está autorizada a actuar en una zona de hasta 100 millas desde cualquier frontera terrestre o marítima del país, lo que abarca a dos tercios de la población de Estados Unidos, o unos 200 millones de personas, incluidos estados enteros como Florida.

 

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