Marcha en NY urge a demócratas retomar vía a la ciudadanía en plan social

Grupos defensores de los inmigrantes que marchan por las calles de Nueva York demandan que se cumpla la reforma migratoria prometida por el partido demócrata y abogan porque se incluya una legislación que le permita a 11 millones de indocumentados obtener la residencia permanente en el plan de gasto social de la Cámara de Representantes, que se votará en las próximas semanas.

En un nuevo llamado, los activistas insistieron en que se incorpore un proyecto de reforma migratoria que dé un camino a la ciudadanía en el plan de gasto social Build Back Better Act, que inicialmente había incluido esta propuesta. Sin embargo, los demócratas presentaron a comienzos de noviembre una nueva versión en la que los inmigrantes se deben conformar solo con un permiso de permanencia en el país por 5 años, renovable hasta 2031.

Tras el cambio, activistas de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Undocublack Network, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), Make the Road New York y el Consorcio Nacional de Servicio y Educación Coreano Americano (NAKASEC) han pedido que cambien ese permiso por una legalización que incluya una vía a la ciudadanía.

«Somos más que nuestro trabajo y queremos más que permisos de trabajo. No estamos aquí para ser parte de una clase baja con protecciones temporales e inestables. Hemos invertido y contribuido a esta sociedad durante años, y ahora debe incluirnos», declaró la activista Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, en una conferencia de prensa realizada el lunes donde enfatizó que «el alivio migratorio verdaderamente transformador es permanente”.

Por su parte Yaritza Méndez, codirectora de Make the Road New York, valoró que los permisos de trabajo temporales no satisfacen las necesidades de todos los inmigrantes.

El llamado al liderazgo demócrata se da en medio de los retos que enfrenta el partido del presidente, Joe Biden, tras aprobar el plan de gasto social de 1.750 millones de dólares, y que contiene ayudas sociales para trabajadores y políticas del medio ambiente, entre otras.

 

 

Ley de Registro

 

A diferencia del Plan de infraestructura (PAVE), aprobado por una coalición bipartidista, el Build Back Better Act enfrenta varias criticas, incluso dentro del mismo Partido Demócrata, como las del senador Joe Manchin.

El otro reto es lograr que el proyecto de la Cámara pueda ser compatible con el que apruebe el Senado por medio de la reconciliación, que le permite una mayoría simple para ser aprobado.

Esto explicaría el cambio de los demócratas en la Cámara Baja, que inicialmente habían optado por incluir la actualización de la «Ley de Registro» que permitiría acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieran probar que habían llegado a EE.UU. antes de 2010.

Pero la actualización de esta Ley Registro ya había sido descartada en el Senado cuando la parlamentaria, Elizabeth MacDonough, que en sus funciones de figura apartidista encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo en la Cámara Alta, rechazó esta propuesta.

Los pedidos de los grupos proinmigrantes a los demócratas se habían concentrado en pedir al Senado que ignorara la decisión de MacDonough, pero tras la decisión de la Cámara de retirar la propuesta de la Ley de Registro el panorama se muestra más complicado. Sin embargo, los activistas no han dado por perdida la batalla.

«Rogamos a los demócratas que utilicen todos los medios necesarios para garantizar que millones de personas puedan perseguir sus sueños y participar como ciudadanos plenamente comprometidos», dijo Glo Choi, organizador comunitario del Centro HANA, un afiliado de NAKASEC.

La Cámara Baja no ha fijado una fecha específica para la votación del Build Back Better Act. La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que espera publicar una estimación de costos del plan para el próximo viernes, lo que dejaría la votación para como pronto la semana de Acción de Gracias.

Los legisladores demócratas también tienen entre sus retos aprobar la financiación del Gobierno, que tiene fondos hasta el 3 de diciembre, y el límite de deuda de Estados Unidos, entre otros.

 

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