Legislación ayuda a encontrar justicia a condenados injustamente en NYS

El presidente de la Asamblea estatal de Nueva York, Carl Heastie, y el asambleísta, Jeffrion L. Aubry, anunciaron que la Asamblea aprobó una legislación para ayudar a los condenados injustamente a buscar justicia y anular las penas de aquellos que fueron condenados en virtud de estatutos que luego fueron despenalizados o declarados inconstitucionales (A.2878-A, Aubry).

Este proyecto de ley es una versión actualizada de la legislación aprobada a principios de este año.

«La mayoría de la Asamblea está comprometida a ayudar a buscar justicia a aquellos que fueron condenados injustamente», dijo Heastie. «Pero según las leyes vigentes en nuestro estado, muchos neoyorquinos permanecen tras las rejas por delitos que no cometieron. Esta legislación establecerá los mecanismos para revisar los casos de quienes han sido condenados injustamente y para que presenten pruebas de su inocencia», explicó Heastie.

Esta legislación brindaría a las personas condenadas por delitos la oportunidad de una revisión significativa para garantizar la reparación de las condenas injustas, incluso en los casos en que la persona se haya declarado culpable.

En Nueva York, el 96 % de los casos de delitos graves se deciden por acuerdo de culpabilidad, pero aquellos que se declaran culpables tienen la tasa de exoneración más baja debido a las barreras estructurales establecidas.

También aumentaría las protecciones para las personas inocentes, lo que incluye garantizar que la ley les permita presentar varios tipos de pruebas de su inocencia ante el tribunal y exigir que los tribunales ordenen audiencias en aquellos casos con afirmaciones de inocencia meritorios.

El proyecto de ley extiende las nuevas protecciones del debido proceso a los solicitantes de reparación posterior a la condena, incluido el derecho a acceder a la presentación de pruebas, incluidos los archivos de la acusación y los abogados defensores, y el acceso a las pruebas físicas y su repetición.

También crearía un estándar uniforme para garantizar que a los solicitantes de medidas cautelares posteriores a la condena se les asigne un abogado defensor y se requiere que el tribunal designe un abogado en los casos en los que exista una demanda meritoria de medidas cautelares.

También ampliaría las protecciones a las personas que, por sus condenas, fueron expuestas a consecuencias colaterales significativas.

Además, proporcionaría un remedio para las personas condenadas en virtud de leyes que posteriormente se despenalizaron para solicitar la anulación de esa condena.