Fiscal general de NY se une a coalición multiestatal que exige frenar ataques de Trump contra solicitantes de asilo.
La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, se unió a una coalición de 21 Fiscales Generales Estatales que se oponen a los cambios a las normas de asilo, propuestos por la Administración Trump.
De ser implementados, estos cambios permitirían al Poder Ejecutivo negar arbitrariamente las solicitudes de asilo a inmigrantes que buscan refugio de la violencia doméstica o de pandillas.
En un escrito amicus presentado como parte del caso Grace v. Barr ante la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, los Fiscales Generales alegan que estas estrictas revisiones, que efectivamente prohibirían las solicitudes de asilo por casos de violencia doméstica o relacionadas con violencia de pandillas, van en contra de la ya implementadas leyes federales y precedentes judiciales, socavando el propio estado de derecho.
«Es inconcebible que nuestro gobierno federal niegue refugio a aquellos que buscan desesperadamente seguridad aquí, en este país», dijo la Fiscal General Letitia James.
«Estos solicitantes de asilo están huyendo de peligrosas condiciones y situaciones en sus países de origen, y su capacidad para entrar en los Estados Unidos es realmente una cuestión de vida o muerte. Esto no sólo viola las leyes federales, sino que es claramente antitético a nuestros valores básicos como estadounidenses, y por ello lucharemos».
La Fiscal General Letitia James, hizo el envío de este escrito con el apoyo y la firma de los Fiscales Generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington, liderados por la Fiscal General del Distrito de Columbia
El Distrito de Columbia y los Estados asociados presentaron este escrito amicus en el caso Grace v. Barr, apoyando a los demandantes que exigen impugnar los cambios a las normas de asilo presentados por la Administración Trump.
La demanda fue entablada, inicialmente, por el Centro de Estudios de Géneros y Refugiados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la sede ACLU de Texas y ACLU del Distrito de Columbia, en respuesta a una iniciativa del Ex Secretario de Justicia Jeff Sessions, implementada en junio de 2018.
Sessions articuló este cambio de política en el caso de una mujer identificada con las siglas de A-B-, mientras intervino en la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) de conceder asilo a una mujer salvadoreña basándose en su reclamo de que había sido víctima de abuso conyugal.
En su fallo, Sessions se separó bruscamente del precedente judicial existente argumentando que BIA debería rechazar las solicitudes de asilo de personas que huyen por violencia doméstica o de pandillas.
Poco después, el Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos ordenó implementar esta política, haciendo hincapié en el rechazo de esas peticiones de asilo.
En diciembre de 2018, el Tribunal Federal Distrital para el Distrito de Columbia eliminó ese cambio, dictaminándolo incompatible con la ley existente. El Departamento de Justicia ahora está apelando el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.
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