Una comitiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos observa a deportados guatemaltecos bajar de un avión proveniente de Meza, Arizona. (Foto: EFE/Esteban Biba)
Una decisión de la Administración del presidente Joe Biden puede resultar en que algunos inmigrantes, de más de 900.000 que fueron deportados bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), puedan regresar a este país, lo que ha traído esperanza a muchas familias.
Las autoridades de inmigración se comprometieron a revisar más de 900.000 casos que consideran fueron deportados siguiendo protocolos «excesivamente duros», y así lo informaron a la web de investigación Proyecto Marshall, señala la cadena Telemundo.
Agrega que, de acuerdo con los datos provistos al Proyecto Marshall, la intención del Gobierno es establecer un sistema que reconsidere los casos de personas que fueron expulsadas del país pese a tener fuertes vínculos con esta nación, aunque dar marcha atrás a esa deportación ha implicado hasta ahora una dura batalla legal.
Sin embargo, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Marsha Espinosa, ha señalado que se revisarán «los casos de ciudadanos cuyas expulsiones no estuvieron a la altura de nuestros más altos valores».
Aseguró que esa revisión se hará con «un enfoque riguroso y sistemático» para que los afectados puedan hacer sus reclamaciones, y que ese proceso involucraría entre otros a familiares de militares y veteranos y a los jóvenes que se benefician del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La Administración Biden tiene además la intención de revisar los reclamos de las personas que aseguran fueron deportadas en represalia por luchar contra sus expulsión o protestar contra las políticas del Gobierno de Trump, destaca además Telemundo.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que los extranjeros que fueron deportados y vuelven a Estados Unidos en busca de protección humanitaria deberán permanecer detenidos mientras el Gobierno estudia sus casos.
Ese fallo tuvo el respaldo del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas y Neil Gorsuch. Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomaryor y Elena Kagan discreparon con la decisión.
El caso se refiere a un grupo de salvadoreños que cuestionaron sus órdenes de detención alegando que temían ser torturados si retornaban a su país, y la decisión involucró una cuestión compleja de interpretación de las leyes de inmigración.
La causa lleva el nombre de María Angélica Guzmán Chávez cuyo pedido inicial de asilo fue rechazado, fue deportada y reingresó ilegalmente a EE.UU. por lo cual fue detenida. Uno de los demandantes, oriundo de El Salvador, alegó que a poco de ser deportado recibió amenazas de pandillas y otros participantes en el caso afirmaron que si eran repatriados corrían peligro de persecución y torturas.
La decisión puede afectar la situación de otros extranjeros cuyos pedidos de asilo fueron rechazados, fueron deportados y regresaron a EE.UU. con intención de reiniciar sus solicitudes de asilo.
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